Redacción El CoahuilensePor Daniel Cortinas
Es un embrollo legal la operación inmobiliaria que terminó con el remate de un predio de 4.5 hectáreas en Torreón, cuya propiedad era de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En la venta quedó registrada como la parte vendedora la Dirección de Pensiones de Los Trabajadores de la Educación (Dipetre), organismo que desde hace 25 años vende ese y otros terrenos a dos entidades más: el Seguro del Maestro y el Fondo de Vivienda (en 2021).
Aún peor, las tres entidades mencionadas son organismos del gobierno del estado y poseen órganos de control y vigilancia que tendrían que haber sido enterados de los movimientos inmobiliarios encausados por la dirigente magisterial Isela Licerio Luévano. Y por si lo anterior fuera poco, quien fungió como representante del vendedor exhibió una carta poder vencida.
Pese al cúmulo de anomalías, el notario público 99, Luis Ernesto Cortina Sterling, admitió todos los documentos posibilitando que una propiedad a nombre de una institución (el Dipetre) apareciera como vendedora sin que ésta tuviera representación en la compra-venta.
Como se ha dado a conocer en El Coahuilense Noticias, la Sección 38 vendió un terreno a sólo 10% de su valor comercial después de que el Ayuntamiento de Torreón lo dividió, lo que permitió devaluar el valor catastral del centro recreativo del sindicato, ubicado en el bulevar Francisco Sarabia, un sector identificado como Exhacienda La Merced.
Dicha venta se concretó a espaldas de los trabajadores a partir de una serie de movimientos intrasindicales cuyo historial pudo investigar este medio.
Historial anómalo
De acuerdo con los documentos, cuya copia obtuvo El Coahuilense Noticias vía una solicitud de transparencia, todas las propiedades de la Dipetre fueron vendidas al Fondo de Vivienda (Fovi) y al Seguro del Maestro de la Sección 38 del SNTE, de acuerdo con el Acta 329, documento firmado por miembros del sindicato en junio de 2001.
Las tres entidades son organismos estatales y no de la Sección 38, organización que la ley faculta para designar a los directivos.
En 2001 el Consejo de Administración de la Dipetre estaba a cargo de Alejandro Campos García, quien llegó a ser dirigente de la Sección 38 entre 2004 y 2007, periodo en el que, por cierto, fue investigado por irregularidades en el manejo de cuentas públicas por 360 millones de pesos.
En la mencionada acta 329 se aprobó un acuerdo del Consejo Directivo en el que se le dio autorización al presidente del comité de desincorporar todos los bienes de la Dipetre en favor del Fondo de Vivienda y del Seguro del Maestro, por un monto de 98 millones tres mil 607.95 pesos; de manera que la Dipetre sólo conservó el edificio central en la calle Nicolás Bravo Sur, al sur Saltillo.
Aunque se trata de instancias relacionadas con el magisterio y creadas por el gobierno estatal, una operación de esa magnitud implica la intervención de un notario público y su inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad. Pero eso no ocurrió.
En aquel tiempo el representante del gobierno de Coahuila en el Consejo de Administración, Fernando Morales Ayala, se encargó de la corrida financiera, las actualizaciones del valor de las propiedades y verificar los pagos correspondientes de las instituciones al momento de comprar los inmuebles.
Para entonces, el Consejo de Administración del Fovi dio un enganche de cuatro millones de pesos por la compra del Centro Recreativo “Profesor Carlos Jonguitud Barrios”, monto que sirvió para liquidar los pagos de nómina de junio en la Sección 38.
Asimismo el Consejo Administrativo del Seguro del Maestro tuvo que haber dado un enganche de cinco millones de pesos por las propiedades adquiridas permitiéndole al sindicato completar el pago de la nómina de julio.
La conciencia de la irregularidad
Días después, el 3 de julio de ese año, se emitió el Acta 330, cuya copia posee este medio, en el que se señala una observación realizada por Hilario Vázquez Hernández sobre el monto de la compra-venta de bienes, realizada entre la Dipetre y el Fovi y el Seguro del Maestro, ya que dicha cantidad podría levantar alguna sospecha para la Contraloría del Gobierno del Estado. Lo anterior quedó consignado; es decir, los implicados dejaron por escrita su preocupación de que una auditoría los fuera a cachar.
La misma acta deja en evidencia al profesor Campos García, quien respondió que en la operación no hubo intervención de ningún corredor de bienes raíces, siendo un movimiento directo entre instituciones de Seguridad Social de la Sección 38 y la Dipetre, afirmación que, omite, se trata de entidades distintas, con personalidad jurídica propia.
Lo que a Alejandro Campos le preocupaba era la falta de pago de predial de las propiedades que se vendieron, un asunto que 25 años después, con el inmueble de Torreón, fue resuelto por la intervención del gobierno municipal.
Las dos actas confirman que la enajenación de las propiedades de la Dipetre no fue protocolizada al no haber sido verificada por ningún notario público, lo que agrava la situación de la venta del Centro Recreativo en Torreón en 2025, realizada con base en movimientos ilegales por parte del Fovi y el Seguro del Maestro que se encuentran bajo el control de la dirigente seccional Isela Licerio.
Sin permiso de venta
Las escrituras con folio 159735 señalan a la Dipetre como propietaria del Centro Recreativo, cuando la evidencia documental confirma que cedieron los derechos a los consejos administrativos del Fovi y del Seguro del Maestro, organismos descentralizados del gobierno de Coahuila, pero el acto no fue protocolizado ni registrado.
Aunque ambos organismos, el Fovi y el Seguro del Maestro, se encuentran por ley bajo el control administrativo de la Sección 38, se trata de instancias del Estado que vigila inversiones y desinversiones mediante una comisaría en la que tiene asiento un representante de la Secretaría de Educación, otro del gobierno estatal y uno más de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdec). Hasta donde se sabe, ninguno de los comisarios participó o tuvo conocimiento de la operación.
Con las operaciones descritas, es claro que la Dipetre no tuvo intervención en la compraventa del terreno de Torreón el año pasado y, de hecho, los estados financieros correspondientes al año 2025, consultados por este reportero, no reflejan el pago de 18 millones de pesos por el Centro Recreativo de Torreón.
De acuerdo con la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación, la administración está a cargo de cuatro miembros, electos por el Comité Ejecutivo de la Sección 38, mismos que duran en funciones por dos años.
Para la venta efectuada en noviembre de 2025 en favor de la familia Flores Leal, el Consejo de Administración del Seguro de los Trabajadores de la Educación se encontraba bajo el mando del profesor Eduardo Botello Campos, mismo que fue designado en 2023, por lo que sus funciones abarcarían el periodo 2023-2024. Es decir, el poder legal de Botello Campos había caducado.
La ley establece que los consejeros en ejercicio continuarán en su cargo hasta que se designe nuevos miembros, el Comité Ejecutivo Seccional le volvió a dar el nombramiento al profesor Botello Campos, pero para extender su cargo se debió convocar a una asamblea con elecciones nuevas.
La venta no debió completarse debido a que los actos durante el año 2025 se encontraban fuera de la temporalidad válida del poder de la dirección administrativa del Seguro del Maestro designada en 2023.
Así que, entre el Seguro del Maestro y la Sección 38, que dirige Isela Licerio Luévano, se vendió una propiedad del estado a beneficio de particulares al 10% de su valor comercial sin que el Consejo Administrativo del Seguro del Maestro contara con las facultades para desincorporarlo.
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