Batalla por los espectaculares: la trampa de Morena en tiempos de precampaña

Morena aprovechó vacíos legales en Coahuila para adelantar su campaña electoral.
marzo 18, 2026
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Por Daniel Cortinas

Con aspirantes únicos Morena está por concluir su precampaña como parte del proceso electoral por la renovación del Congreso de Coahuila para el 7 de junio próximo. Dicha promoción es un riesgo que plantea eventuales sanciones, especialmente luego de haber pasado la mayor parte del periodo con una orden de suspensión emitida por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

De fondo, el problema es la presunta violación al principio de imparcialidad para estimular la democracia interna de los partidos, es decir, que las precampañas tienen el propósito de que los militantes de un mismo partido compitan para conseguir la postulación a un cargo de elección popular.

Aunque con matices discursivos que afirman que se trata de un proceso dirigido a los militantes morenistas, el despliegue de propaganda y el tipo de actividades que realizan los precandidatos únicos de Morena son de amplia cobertura, es decir, llegan a todos los ciudadanos como en una campaña formal.

Del 1 al 20 de marzo la ley electoral autoriza la realización de precampañas, pero en el caso de Morena sus 11 precandidatos únicos fueron revelados desde noviembre, cuando se les designó coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación, la fórmula que usa Morena para anticipar a sus nominados.

Los 11 perfiles de Morena sólo han registrado el gasto de un millón 140 mil 920 pesos con 11 centavos en propaganda personal, de acuerdo con los registros públicos. Esa cantidad es irreal para el tamaño de la promoción y la instalación de al menos 150 espectaculares en el estado. 

Entre los miembros que más gastaron en material publicitario fueron los candidatos Mayra Ruby por el Distrito 2, Alfonso Almeraz del Distrito 5, Antonio Attolini por el Distrito 9, Fernando Hernández para el distrito 11, Alberto Hurtado por el Distrito 15 y Alejandra Salazar del Distrito 16. Todos ellos por montos superiores a los 115 mil pesos, siempre conforme a los registros públicos.

El uso del periodo de precampaña como promoción anticipada, así como mostrar la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la propaganda desató inconformidades en general, pero fue el PAN (que dirige Elisa Maldonado) el partido que interpuso una queja ante el IEC, la cual fue admitida dentro del expediente DEAJ/PES/003/2026 para iniciar su análisis y valoración en la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral.

Respuesta tardía

Aún con la presión del PAN sobre el IEC, éste tardó cuatro días en emitir medidas cautelares contra Morena por hacer uso indebido de los tiempos de precampaña teniendo candidatos únicos y utilizando la silueta de la mandataria en la propaganda.

El dirigente de Morena Coahuila, Diego del Bosque, dice que existían precedentes para la realización de las precampañas, como ocurrió con las del morenista Armando Guadiana Tijerina y la del actual gobernador del estado, Manolo Jiménez en 2023. Ambos casos, en su tiempo, no fueron objeto de queja ni denuncia en materia electoral.

Otro antecedente es el uso de una silueta de Andrés Manuel López Obrador, acompañando la imagen de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, el cual no fue objeto de sanción para el INE que desechó la queja en 2024.

Fue hasta el 7 de marzo último cuando la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que Morena debía suspender las precampañas, decisión en la que el consejero presidente, Óscar Daniel Rodríguez, quien además preside la Comisión de Quejas y Denuncias, votó en contra.

Hasta el cierre de esta edición ninguno de los precandidatos morenistas se había dado por enterado formalmente de la resolución del IEC. Había consumido tres cuartas partes del tiempo previsto para precampañas, con 10 días en desacato.

Las comunicaciones de la dirigencia estatal morenista son escasas, pero quien sí hizo un pronunciamiento fue el diputado Antonio Attolini. Dijo haberse enterado de la decisión del IEC en los medios de comunicación y a la supuesta propaganda política del PAN contra de Morena.

Un día después Attolini Murra dijo que Morena había solicitado un juicio per saltum, es decir, pidió al IEC que transfiriera de inmediato su impugnación a lo resuelto el sábado 7 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación saltándose al Tribunal Electoral del Estado y a la Sala Regional del Tribunal Federal, instancias que son las primeras responsables de atender el asunto.

Con esta medida, Morena ganó tiempo. La Sala Superior turnaría el asunto a la sede regional, por ser la máxima instancia en cuanto a elecciones de diputaciones locales dándole el tiempo suficiente a Morena de continuar con su proceso de precampañas sin suspender la propaganda hasta el 20 de marzo.

Electoralistas consultados aseguran que el problema que enfrentará Morena es que, en materia electoral, la impugnación no suspende los efectos de la orden del IEC. Es decir, que independientemente de que la justicia electoral les dé o no la razón, debieron suspender con las medidas cautelares emitidas por el IEC.

El alegato del PAN se basa en las reglas previstas en los artículos 22 y 169 Código Electoral de Coahuila referente a los actos de precampaña en el caso de precandidaturas únicas y a la imparcialidad por el uso indebido de la figura presidencial para la contienda local; Morena inició con acciones publicitarias en 11 de los 16 distritos del estado.

Desde el 20 de noviembre último se volvió de conocimiento público la revelación de candidatos bajo el título de coordinadores distritales, decisión tomada por la dirigencia nacional morenista, que esta vez ha jugado un papel protagónico:

La dirigencia nacional generó una misma imagen para todos los precandidatos, grabó videos, confeccionó los espectaculares y la propaganda a repartir. En todos los casos con la pose de sus representantes viendo hacia el horizonte y detrás de ellos, la sombra de una mujer con coleta que se parece a la presidenta Sheinbaum.

El diputado que inició su promoción interna fue Alberto Hurtado Vera, precandidato por el Distrito 15, quien arrancó sus reuniones en la colonia Satélite Norte y siguió con actividades en las que estuvo acompañado de la senadora Cecilia Guadiana y del diputado federal Antonio Castro.

Divorcio entre aliados

A la par de la discusión electoral local las cúpulas nacionales pertenecientes a la 4T desarrollaban otra disputa: la aprobación de la reforma electoral.

La iniciativa proponía un cambio en la manera en que se eligen los 200 diputados federales plurinominales, la eliminación de la lista plurinominal en el Senado y un recorte al presupuesto de los partidos políticos, así como al de los organismos electorales. La propuesta naufragó.

Ante la falta de respaldo por parte del PVEM y el PT, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el pueblo será quien califique a los partidos que hagan o no la reforma, una advertencia que puede derivar en el arrebato de votos prestados al petismo para llevarlo a la pérdida del registro.

El abandono de Morena al PT se volvió palpable en el estado con las visitas de los dirigentes nacionales del partido guinda, Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, quienes han mostrado su apoyo a los candidatos de su propio partido dejando fuera a los del PT.

Empieza la vandalización

El rezago en la promoción del PRI y el PAN, dice el diputado morenista y precandidato para la reelección por el Distrito XV, Alberto Hurtado, sirvió como detonante para el descontento entre las dirigencias locales del PRI y el PAN. 

“Como siempre andamos desorganizados, divididos, peleados, no pensaron que Morena hiciera precampaña, pero los agarramos con los dedos en las bolsas, con una precampaña muy propositiva, cercanos a la militancia, a los simpatizantes, y en ese sentido creo que el PRI está actuando en respuesta a eso”, aseguró Hurtado Vera.

De las quejas del PAN, señala que la dirigencia de Elisa Maldonado ha dejado mucho que desear en la entidad y acusó a los panistas del estado de volverse empleados del gobierno arriesgando su credibilidad en la discusión legislativa.

Morena asegura que el PRI es quien está detrás del supuesto sabotaje de su campaña, esto luego de que algunos espectaculares y lonas de propaganda morenista, concretamente de Alberto Hurtado en Saltillo y Antonio Attolini en Torreón fueron vandalizados, rasgados y destruidos.

Militantes del partido guinda aseguran que el priismo estatal desplegó una táctica de ataque proactivo luego de que Morena acaparó los espectaculares de todo el estado. De los 150 espectaculares contratados por Morena, Diego del Bosque sostiene que fueron vandalizados decenas en 30 municipios.

Sobre el incidente, Attolini denunció el acto como intimidación y retiro ilegal de propaganda. Explicó que la brigada con la que realizaba actividades de promoción política fue intimidada por dos sujetos, quienes al llegar arrancaron la propaganda colocada al mismo tiempo que lanzaban expresiones ofensivas contra los presentes.

Días después ocurrió un segundo altercado: Alberto Hurtado denunció que durante la madrugada del martes 10 de marzo sus lonas fueron vandalizadas, presuntamente por militantes del PRI.

El legislador aseveró que, aunque el IEC no le notificó retirar la propaganda como a sus compañeros del partido, eliminó la silueta de la presidenta para dar cumplimiento a lo emitido por el órgano electoral.

Pese a las declaraciones de los diputados, existe otra versión. Testigos que observaron los supuestos actos de vandalismo en la publicidad de los candidatos detectaron que el rasgado es en realidad un descosido de las uniones de la lona con el mismo patrón vertical y preciso.

La propaganda adquirida por más de un millón de pesos de manera apresurada resultó en material de baja calidad que no aguantó las condiciones climáticas de la región. 

El procedimiento de precampañas se ha caracterizado por la insuficiencia en la respuesta del órgano electoral, los vacíos legales causaron que las autoridades electorales no lograran interpretar los casos de forma oportuna, tardando cuatro días en resolver las medidas cautelares impuestas al partido guinda, sin verificar su cumplimiento.

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