Redacción El CoahuilensePor Kristel Reyes
A más de tres años de que Hatzy iniciara un proceso judicial para el reconocimiento de paternidad de su hija –el padre, José “N”, es un alto mando del ejército actualmente destinado en Irapuato–, la lucha continúa.
En 2024 la reportera Renata Guzmán dio a conocer el caso de Hatzy, quien en ese entonces llevaba poco más de un año enfrentando violencia vicaria e institucional, impunidad y tráfico de influencias. Hoy la realidad no es distinta: su camino sigue marcado por conflictos de interés, compadrazgos, retrasos en el proceso y más violencia institucional. Todo lo que Hatzy ha vivido a lo largo de estos años la ha llevado a cuestionar la legitimidad de la justicia local.
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La prueba clave para avanzar en el proceso es un examen de ADN que confirmaría la paternidad. Sin embargo, la primera toma de muestras nunca se realizó porque el perito designado por el juez Daniel Abraham resultó ser medio hermano de la entonces abogada del demandado.
Pese a ser evidente el conflicto de interés, el juez desestimó la recusación y, en cambio, sancionó a Hatzy.
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“El juez me multó por promover una demanda contra el perito. Dijo que era extemporánea y, sin fundamentos, afectó mi historial profesional. Esto fue una clara muestra de violencia institucional”, denuncia.
Tras descubrirse el vínculo familiar entre el perito y la abogada del demandado, y después de que el juez ignorara el procedimiento legal, el Tribunal Colegiado Estatal ordenó reiniciar el proceso desde cero.
A finales de 2023 el perito coordinador de genética de la Fiscalía General del Estado renunció, pero su actuación no tuvo consecuencias: aunque fue denunciado por parcialidad, fue absuelto bajo el argumento de que no actuó en representación de la Fiscalía, pese a haber sido designado como perito oficial desde el inicio.
Amparo federal
Tras interponer un amparo, el Tribunal Colegiado ordenó reponer el procedimiento, concedió a Hatzy el cambio de perito y de juez, y exigió que la prueba de ADN se realizara con “máxima diligencia”. Ante los antecedentes del caso, la madre solicitó que la toma de muestras se hiciera en un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Este tipo de laboratorios sólo existen en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán.
Hatzy explica que en Saltillo no hay laboratorios de este tipo, por lo que pidió medidas estrictas para evitar alteraciones o negativas, dada la influencia del coronel José “N”. Por ello, solicitó que la prueba se realizara en Monterrey.
“Hay pocos laboratorios así en el país. La jueza de distrito ordenó al nuevo juez, Daniel Abraham González Esquivel, que actuara con máxima diligencia para proteger los intereses de mi hija.
“Sin embargo, la defensa del demandado se negó a cumplir alegando que no podíamos trasladar a la niña. Pero eso es ilógico: mi hija viaja cada 15 días a sus terapias en el CRI de la Sedena. No es una excusa válida cuando está en juego la validez de una prueba tan importante”, expone.
Pese a las órdenes claras del tribunal federal, el juez local Daniel González, del Poder Judicial Estatal, se ha negado a acatarlas.
“No quieren que la prueba se haga en condiciones imparciales porque saben que los perjudica. Su estrategia es alargar el proceso hasta que mi hija crezca y ya no quiera saber la verdad. No les importa la justicia, sino mantener el control. Es increíble que desobedezcan a una autoridad federal. Ya lo denuncié por ineptitud y violencia institucional, pero mientras luchamos, el tiempo sigue pasando”, afirma con firmeza.
La solicitud para realizar la prueba en Monterrey se hizo desde finales de enero de este año, pero después de más de seis meses, aún no se ha concretado.
“En enero, durante la audiencia donde se admitió la prueba, pedí al juez medidas de seguridad, como grabaciones y testigos. Pero no han hecho nada”, explica.
Trabas y omisiones
A lo largo del proceso, Hatzy ha denunciado a varios involucrados y ha recurrido a amparos ante el Consejo de la Judicatura.
“Ahora él ya no me habla, pero su violencia sigue a través de las autoridades que lo protegen. Hay toda una red de corrupción. Este juicio se ha convertido en una lucha contra el poder. En sus escritos, incluso me acusan de ‘obstructora’ y lo resaltan en negritas”, expone.
Además, destaca la influencia del militar en el caso enfrentando amenazas, incertidumbre e intentos de manipulación durante las audiencias.
“En una audiencia, él mismo dijo: ‘Sé que el resultado de la prueba no me será desfavorable’. ¿Cómo puede estar tan seguro si ni siquiera se ha realizado?”, cuestiona.
Lo que debería ser un trámite rutinario se ha convertido en una pesadilla, con constantes trabas y omisiones.
“A su abogada le dieron dos prórrogas para designar perito, cuando la ley sólo permite cinco días. A mí nunca me concedieron eso. Lo han protegido desde el inicio”, insiste.
Durante los primeros años del proceso el comandante trabajaba en la Sedena en la Ciudad de México. Hatzy relata que, en las audiencias, llegaba custodiado por escoltas armados.
“Cuando pregunté si tenía permiso para portar armas, el juez ni siquiera le pidió justificación. Lo trata como si estuviera por encima de la ley”, denuncia.
“Desde enero el juez pudo resolver esto. Si no hubieran pedido tiempo, ya estaría todo listo. Pero a mí me niegan mis solicitudes o me resuelven en contra uno o dos días antes de la audiencia, sin darme tiempo para defenderme”, agrega.
Lucha por los derechos de su hija
La menor, paciente del CRI con retraso en su desarrollo, sigue esperando una sentencia que reconozca o niegue sus derechos.
“Llevo tres años en esta lucha. Mi hija es muy lista y consciente de todo. Cuando esto termine tendrá cinco o seis años y recordará todo. Esta prueba pudo haberse hecho cuando era un bebé”, lamenta.
“Abogados me advirtieron: ‘Aunque cambies de juez, si hay protección a la contraparte, seguirá igual’. Yo he presentado cientos de escritos, recursos y amparos; él, apenas diez”, detalla.
Actualmente Hatzy espera el próximo juicio, programado para octubre, y prepara denuncias ante derechos humanos y penales por el actuar de las autoridades.
Propongo que en vez de datos duros se ponga esta cronología del caso:
Recuento de los hechos
• En 2019 Hatzy inició una relación con José “N”, entonces subcomandante del 69 Batallón de Infantería en Saltillo.
• En abril de 2022 nace su hija, diagnosticada con hemiparesia y José se niega a asumir su responsabilidad paterna y huye a Canadá, tras obtener una comisión diplomática en dicho país.
• En julio de 2022 Hatzy presenta una demanda de reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia ante el Juzgado Tercero de lo Familiar en Saltillo, se le concede una pensión provisional de 25% del salario del militar.
• Hatzy comienza a enfrentar amenazas de muerte, insultos y el desprecio del hombre hacia su hija; le niega su apoyo y rechaza su condición diciéndole “es tu problema, ya no me estés chingando”.
• Hatzy denuncia que el perito en genética designado para realizar la prueba de ADN es medio hermano de la abogada del militar. Pese a presentar recusaciones y su cambio, el juez mantiene al perito y niega el derecho de la madre a nombrar a uno propio.
• En mayo de 2023 el juez desestima pruebas clave de Hatzy, donde José “N” admite la paternidad mediante mensajes.
• Luego de las trabas que el juez Daniel Abraham González Esquivel le pone a Hatzy, ella interpone quejas ante el Consejo de la Judicatura de Coahuila contra el juez y el perito designado. En diciembre de 2023 logra la renuncia del perito, pero su exigencia de justicia sique sin respuesta alguna.
• En 2024 el Tribunal Colegiado admite un juicio de amparo promovido por Hatzy y la toma de muestra genética es suspendida hasta nuevo aviso.
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