Ethel ArredondoPor Ethel Arredondo
Torreón, Coah.– Hay lugares donde el tiempo no avanza, sólo se estanca. En el sur de Torreón el panteón Jardines del Carmen es uno de ellos. La inundación que ocurrió en septiembre de 2012 no terminó cuando bajó el nivel del agua ni con la clausura y posterior reapertura parcial ni con la construcción de una barda; tampoco con el paso de los años. Hoy, a unos meses de que se cumplan 14 años de aquel suceso, el problema sigue ahí, persistente, sin resolución y causando no sólo dolor, sino peligro, riesgos.
La historia de este panteón no es la de una inundación aislada, sino la de un problema en el que se tomaron medidas temporales que se volvieron permanentes, pero no efectivas. Un caso que expone fallas en infraestructura, en supervisión y en responsabilidad institucional, pero también en la forma en que se entiende el derecho de las familias a despedir, visitar y mantener el vínculo con sus muertos.
En septiembre de 2012 las precipitaciones dejaron bajo el agua las tumbas del panteón. No se trató de un daño superficial ni de un evento menor. Las sepulturas quedaron completamente anegadas y la autoridad sanitaria intervino ante el riesgo de que el agua desatara afectaciones mayores. No era la primera vez que ocurría. De acuerdo con lo documentado en ese momento, años atrás ya había ocurrido una situación similar en la que incluso los féretros llegaron a salir a flote.
Ese antecedente convierte el evento de 2012 en algo más que una contingencia. Lo sitúa como parte de un problema conocido que no había sido corregido. A partir de ahí, el caso comenzó a adquirir una dimensión distinta. No sólo era un terreno bajo afectado por la lluvia. Era un espacio funerario comprometido por su entorno, por la cercanía con la laguna de regulación de la colonia Santiago Ramírez y por la incapacidad de la infraestructura para contener el agua en condiciones extremas.
Para octubre de ese mismo 2012 el panteón seguía anegado. Las lluvias continuaban agravando la situación y la Jurisdicción Sanitaria VI mantenía la clausura. La fecha era crítica: se aproximaba el Día de Muertos y cientos de familias podían quedarse sin visitar a sus deudos… y así fue.
Siete meses después de la inundación el panteón continuaba cerrado y las autoridades no habían encontrado una solución. En ese lugar reposan los restos de aproximadamente 16 mil personas. Cada una de esas tumbas representa una historia, una familia, una memoria.
La reapertura llegó el 2 de noviembre de 2013, después de trece meses de clausura. El contexto no pudo ser más simbólico: el día en que miles de personas acuden a los cementerios para recordar a sus muertos. Pero el panteón no volvió a la normalidad. Regresó fragmentado.
Una barda dividía el lugar. De un lado, la zona accesible. Del otro, el área prohibida por riesgo sanitario y estructural. La escena de ese día sintetiza lo que ha ocurrido desde entonces. Las familias llegaron, algunas por primera vez en más de un año. Encontraron un muro. Lo rodearon, lo escalaron, lo rompieron. Hubo boquetes en la barda. Hubo personas que brincaron sin importarles su integridad, sólo la necesidad de estar más cerca de la tumba de sus seres amados.
Un conflicto anegado
La medida, desde el punto de vista técnico, tenía sentido. Delimitar una zona de riesgo es una práctica común en protección civil. Pero en un cementerio, esa decisión tiene otra dimensión. No se trataba sólo de restringir el paso. Se trataba de impedir el acceso a un espacio íntimo, cargado de significado emocional.
Los años siguientes no trajeron una solución definitiva. Trajeron episodios que confirmaron que el riesgo persistía. Cinco años después de la inundación seguía habiendo hundimientos; el riesgo es permanente.
En 2018 el conflicto escaló de manera más visible. Deudos intentaron ingresar por la fuerza. Hubo confrontaciones con elementos de Seguridad Pública. Las familias pedían acceso, al menos en grupos. Querían llevar flores, cumplir con el ritual de visitar a sus muertos. La autoridad reiteró el argumento: el terreno estaba reblandecido, había lápidas quebradas y acumulaciones de agua que podían representar un peligro. Pero el mensaje ya no era suficiente.
Ese mismo año se documentó cómo personas rompieron cadenas de las rejas para entrar al panteón. Los casos de cada uno de los familiares que externaban su dolor, eran y son desgarradores.
La historia parecía estancada hasta que en septiembre de 2024 se repitió el evento que la originó. El panteón volvió a inundarse. El desbordamiento de la laguna de regulación de la colonia Santiago Ramírez causó nuevamente anegamientos. La respuesta fue la misma: clausura.
Las pruebas realizadas al agua confirmaron la presencia de coliformes fecales. El diagnóstico volvió a ser sanitario. El riesgo volvió a ser evidente. Así es, 12 años después, el problema regresó al punto de partida.
A casi 14 años…
En 2026 el problema sigue en solución. Durante un recorrido por este lugar la reportera constató que la barda sigue delimitando el área de riesgo, pero también que existe un acceso improvisado por donde las familias ingresan. No hay vigilancia permanente que lo impida. No hay una contención efectiva.
Del otro lado, el terreno continúa inestable. La humedad persiste. Y a unos metros de las tumbas se encuentra uno de los elementos más preocupantes del sitio: una cuneta que funciona como una laguna de aguas estancadas.
El líquido es oscuro, espeso, con olor fétido. No hay lluvias recientes que expliquen su presencia. La acumulación apunta a filtraciones de aguas negras. La escena no es menor. Se trata de agua potencialmente contaminada en un espacio donde hay tránsito de personas. Pero el problema no se queda ahí.
En el lugar se observó que perros tienen acceso a esta zona. Entran, atraviesan el agua, permanecen en el área y posteriormente regresan a zonas habitadas cercanas, donde conviven con vecinos. Ese hecho abre una dimensión distinta del problema.
La exposición de animales a aguas residuales puede convertirlos en vectores de transmisión de bacterias, parásitos y otros agentes patógenos. El contacto posterior con personas, viviendas o espacios comunes puede representar un riesgo sanitario que trasciende los límites del panteón.
Lo que ocurre dentro del cementerio no se queda dentro del cementerio. A más de 13 años de la inundación, no existe una clausura efectiva que impida el acceso al área de riesgo. La barda sigue en pie, pero no cumple su función. Las familias entran. Lo hacen por necesidad, por costumbre, por vínculo emocional.
La autoridad ha mantenido una posición constante: el lugar representa un peligro. Pero las medidas adoptadas no han logrado eliminar ese riesgo ni impedir el acceso.
El resultado es un espacio donde coexisten advertencias con prácticas que lo contradicen. Durante 13 años y siete meses el caso ha sido atendido con acciones parciales: clausuras, bombeo de agua, aplicación de químicos, delimitación de áreas. Ninguna ha resuelto el problema de fondo.
La historia de Jardines del Carmen no es sólo la de una inundación. Es la de un problema estructural que se convirtió en una constante. Es la de una infraestructura que no ha sido corregida, de una supervisión que no ha sido suficiente y de una respuesta que ha privilegiado la contención sobre la solución.
En México existen antecedentes de cementerios afectados por agua. Algunos quedaron sumergidos por presas, otros fueron construidos en terrenos inadecuados y terminaron por cerrarse. En la Ciudad de México, por ejemplo, el antiguo panteón Campo Florido enfrentó problemas similares por la humedad del suelo, lo que llevó a su abandono. Pero esos casos pertenecen al pasado o a contextos distintos.
Jardines del Carmen es un cementerio activo en una ciudad en funcionamiento, donde las familias siguen acudiendo y enfrentando un problema que no ha sido resuelto.
