Redacción El CoahuilenseLa Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió su informe parcial a finales de junio y, una vez más, los recursos transferidos al Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) y al Conalep resultaron con una falta de 16 millones de pesos por lo que toca a 2024.
El boquete corresponde principalmente al IEEA y a un período en el que la dirección estuvo a cargo de Mario Cepeda hasta octubre, cuando llegó al cargo Jaime Bueno Zertuche. Más de 11.6 millones de pesos fueron destinados a nómina por honorarios rebasando el monto autorizado.
Pero hay más. Tanto el IEEA como el Conalep, que en Coahuila está a cargo de Alfio Vega, abrieron cuentas para administrar los recursos de un fondo federal, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con lo que la ASF ha puesto la lupa por lo incorregible de ambas instituciones.
Tanto Jaime Bueno como Alfio Vega tienen mucho que explicar pues hay más irregularidades detectadas y la información al respecto aparece en la edición impresa número 70 de El Coahuilense Noticias que inicia su circulación hoy.
El socio de don Pepe
La asignación de la concesión para operar las rutas troncales, como se sabía de antemano, dio por ganador al empresario José Musa. DM Control, el principal operador de transporte de personal en la región, como se sabe, es de él, quien también es uno de los principales financieros de la ciudad.
Las ligas políticas de “don” Pepe Musa son más o menos discretas, excepto por una: la de un socio que se ubica en el primer círculo del poder en el estado y que actualmente, además de ser diputado, es dirigente del PRI estatal: “don” Carlos Robles Lostaunau.
Acaso, por lo prometedor del programa de rutas troncales gratuitas no genere mayor problema en la discusión pública (con todo y lo sorprendida que dice estar la regidora Alejandra Salazar o los aspavientos del diputado Tony Castro), pero lo cierto es que en el proyecto, por la forma en que se realizó, el alcalde Javier Díaz ensució el noble plan con una licitación poco confiable.
El nuevo Poder Judicial
Hoy, para bien o para mal, inicia una etapa nueva en el Poder Judicial que, producto de una reforma polémica queda integrado por ministros, magistrados y jueces electos por voto popular.
En este contexto, llama poderosamente la atención la proximidad de un coahuilense que ha navegado por tierras lejanas durante más de tres décadas y que, hace apenas unas semanas regresó a Coahuila con una nueva actividad política.
Pero al margen de esa actividad, Jaime Martínez Veloz tiene una relación y cercanía como pocos, con Hugo Aguilar Ortiz, quien a partir de esta noche toma las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Martínez Veloz y Aguilar Ortiz coincidieron en Chiapas en los noventa y ambos trabajaron y fueron clave en la construcción de los acuerdos de San Andrés. Su amistad se ha mantenido a través del tiempo, teniendo un trabajo muy activo durante el período 2013-2018, cuando el coahuilense encabezó la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.
Como muestra de esa amistad, podemos decir que Martínez Veloz es el único coahuilense que fue invitado a la Sesión de Instalación de la Corte, sin que ostente un cargo público.
Ley Jericó
La edición de El Coahuilense Noticias a la que nos hemos referido da cuenta también de las condiciones de los seguros de gastos médicos, profundizando la propuesta del diputado Jericó Abramo Masso para que se regule el abuso lucrativo de las aseguradoras.
El asunto tendrá que abrirse paso entre numerosas agendas legislativas que habrán de ocupar los trabajos en San Lázaro y, sin duda, hay que ponerle atención pues implica una afectación grave para millones de personas que enfrentan cada vez mayores dificultades para el uso de su servicio de gastos médicos con cuotas impagables.
De los coahuilenses, quizás sea el único que está haciendo una propuesta, o cuando menos, que mira más allá de la coyuntura al realizarla.
Polémica iniciativa
Hoy inicia el Segundo Período Ordinario de Sesiones del segundo año de ejercicio de la actual legislatura, la Sexagésima Tercera, del Congreso del Estado y, hay varios asuntos destacados en la agenda.
Uno de estos es la propuesta de la diputada Magaly Hernández, morenista ella, quien propone una Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación.
Es posible que dicha propuesta generara un alud de críticas entre colectivas feministas y de protección de las infancias, si Coahuila fuera otro estado. Pero el asunto a la sociedad civil le está pasando de noche.
La polémica sería porque la iniciativa de la legisladora consiste básicamente en tender un manto de protección jurídica sobre docentes del sector educativo que se vean implicados en acusaciones por abuso o agresión a alumnas y alumnos que, según un estudio que menciona sin fuente en su exposición de motivos, son mayoritariamente falsas.
Cosas de bata blanca
Por cierto que en la sesión de hoy en el congreso local se aprobará la creación de una nueva instancia para la conciliación y el arbitraje médico, habida cuenta de la extinción de la antigua Comisión que quedó inoperante en junio.
La propuesta de un nuevo órgano es del gobernador Manolo Jiménez y, por lo que se sabe, va planchada al pleno tras la aprobación unánime en comisiones.
El nuevo órgano sigue la tendencia nacional de eliminar las autonomías y modificar la figura jurídica a organismo descentralizado.
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