Redacción El CoahuilenseHace unos días apareció un reportaje en el que se señalaba al diputado local priísta, Felipe González, como beneficiario, por vía familiar, de un jugoso contrato con Simas Torreón a partir de la renta de un camión Vactor, es decir, el empleado para el desazolve.
Pero en el círculo rojo lagunero no ha pasado desapercibido que David Flores Lavenant, exalcalde de Francisco I Madero, también por vía familiar, trae buen contrato con Simas Rural, gracias a los buenos oficios del muy placeado aspirante a la alcaldía de Torreón (desde ahora y sin elección de por medio), José Antonio Gutiérrez Jardón.
Y una vez más, se trata de un Vactor.
La incursión de varios políticos en la renta de ese tipo de equipos parece ser ya una fiebre, pues no hace mucho, se dio cuenta en este espacio de los negocios que con ese tipo de máquinas estaba haciendo el titular del Simas San Pedro, Fernando Jiménez Garza, una vez más, por vía familiar.
Más allá de la fiebre del Vactor que recorre la Laguna, es particularmente llamativo que Gutiérrez Jardón se preste a ese tipo de chanchullos, cuando precisamente fue enviado al Simas Rural a poner orden, algo que, por cierto, no se ha traducido en resultados.
Se descarta Rábago
Figura respetable en el medio jurídico y notarial, Rodolfo Rábago Rábago se descartó para la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, dejando el camino libre a Dulce María Fuentes Mancillas.
No hubo golpes bajos ni grilla entre magistraturas, sencillamente, el licenciado Rábago aceptó la postulación al dicho tribunal para ejercer las funciones de control que competen al órgano colegiado pero no estaba en sus planes asumir tareas ejecutivas que la presidencia le demandaría.
Fuentes Mancillas, por el contrario, viene de tareas ejecutivas, en la oportunidad más inmediata como presidenta que fue del ya extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
En cualquier caso, la experiencia, conocimiento y trayectoria de Rábago Rábago apuntalarán a ese cuerpo colegiado donde se inicia sin rencillas en días próximos.
Clave en la renovación judicial
La sesión del lunes para tomar protesta al Poder Judicial es resultado de un proceso en el que, hay que decirlo, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) enfrentó un reto enorme.
Como se sabe, para llegar a este momento, el IEC tuvo que sortear numerosos obstáculos de derecho y de hecho: una nueva legislación con disposiciones inéditas; un conflicto entre consejerías y una presidencia que para enero fue destituida; atravesó luego por una conciliación veloz bajo la presidencia interina de Óscar Daniel Rodríguez.
No es que se hayan hecho mejores amigos, pero sí se generaron los acercamientos necesarios para realizar el trabajo institucional sin contratiempos, tanto que los intentos de sabotaje vía judicialización quedaron frustrados en cada instancia.
Las condiciones para la conciliación institucional fueron puestas por dos actores clave: el consejero Óscar Daniel Rodríguez y el secretario ejecutivo, Gerardo Blanco. Y, claro, prevaleció la voluntad política del consejo general todo.
Ahora, cuando el nubarrón de la extinción de los oples se abalanza sobre el país, vale la pena hacer notar cómo sí funcionan cuando hay profesionalismo y oficio político, pues no debe quedar sólo la mala memoria del periplo paredesco.
Azul reconciliación
De la sesión solemne realizada la noche del lunes en el Congreso del Estado, resulta relevante una estampa ocurrida al término de la sesión que, por el barullo y la proclividad a la foto con el gobernador Manolo Jiménez de muchos de los asistentes, pasó más o menos inadvertida.
Se trata del momento en el que Gerardo Aguado y Edith Hernández Sillas conversaron amenamente entre curules, con rostros que reflejaban camaradería y, para despedirse, se dieron un fraternal abrazo.
El ojo aguzado sabe que ese gesto es políticamente relevante porque, primero, llevaban meses distanciados casi hasta negarse el saludo; segundo, ella fue muy activa en pedir la destitución de Aguado como coordinador parlamentario y, finalmente, porque decidieron exponer el momento en público y en una de las fechas de mayor atención política sobre los integrantes de la legislatura.
¿Ya hubo reconciliación? Dicen que al buen entendedor… sigue Balnca Lamas.
Y ¿los anexos?
Ayer se instaló el Consejo Estatal de Salud. El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional con el propósito de atender diversos padecimientos como el dengue, la rickettsiosis, el sarampión y la salud mental.
Estos padecimientos no fueron mencionados al azar, pues han causado alarma en la población por el alto registro y las limitaciones del sistema sanitario, a cargo de Eliud Aguirre, para atenderlos. Tan es así que, para los lectores acuciosos, el planteamiento del mandatario fue un auténtico llamado de atención.
La realidad es que no resulta tan sencillo conseguir que el secretario Aguirre logre algún resultado y la prueba más contundente es lo ocurrido con los anexos que, a más de un año de que el diputado del PVEM, Jorge Arturo Valdés, puso el asunto en la discusión pública y se abrió aquella mesa interinstitucional, no hay avance más allá de un deficiente registro.
De 170 albergues identificados en principio ahora hay 400 pero apenas 16 sanciones, cuando es práctica generalizada la comisión de delitos en esos lugares con el supuesto propósito de atender las adicciones.
Cierre de Nemak y Luis Fernando se asoma
Por el lado de Monclova, la situación se pone aún más tensa con el muy posible cierre de Nemak, la empresa fabricante de monoblocks que desde finales de 2024 vio reducir sus pedidos y, por ende, su producción.
La alarma fue dada por el dirigente cetemista, Mario Galindo, quien ya señaló el despido de 950 trabajadores de los mil 200 que originalmente tenía la empresa.
Claro que el asunto tiene que ver con los aranceles y, en medio de las renegociaciones que realiza el gobierno de México con el de Estados Unidos, aun cuando haya un buen (o más o menos buen) resultado, la sacudida está resultando tan cara que a Nemak no se le ve para más allá del 20 de agosto.
Mientras tanto, quien finalmente asomó la cabeza en el asunto AHMSA fue el senador Luis Fernando Salazar, que llevó a unos extrabajadores a una reunión con la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores ahora que ya regresó de París.
La raja política es corta por el hecho innegable de que fue el gobierno de Morena, el partido del senador, responsable del cierre de la empresa que tiene a los trabajadores en las condiciones actuales.
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