Redacción El CoahuilenseEsta semana se signará el Pacto por Coahuila, un plan que encabezará el gobernador Manolo Jiménez, cuyo propósito es que diferentes sectores políticos, económicos y sociales, se comprometan con la unidad en torno a los intereses del estado.
La fórmula, hay que decirlo, forma parte de una práctica que se percibe remota: la búsqueda de consensos después de un proceso electoral en el que, independientemente del resultado, hubo cierta crispación.
Ese tipo de acuerdos cayeron en desuso por una razón: las condiciones cuasihegemónicas con que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018, le posicionó con mayorías camerales y un avance paulatino en las gubernaturas que ninguneó a la oposición partidista evitando el diálogo y el consenso; no aceptó relacionarse con los gobernadores de oposición (la Alianza Federalista de Gobernadores) que tenían demandas y una inicial apertura al encuentro con el Ejecutivo, quienes también terminaron descalificados y con menos recursos.
Quizás el contraste es necesario por las formas de hacer política: en un contexto donde el partido gobernante tiene precisamente esas condiciones a nivel local, mayoría en la cámara y en los gobiernos municipales, se convoca un pacto para el consenso, la inclusión y la superación del proceso electoral.
En estos días valdrá la pena revisar cuál es el contenido programático que, por lo visto, atañe al secretario de Gobierno, Óscar Pimentel.
Se acabó la disidencia magisterial
El movimiento magisterial que de manera incipiente se organizaba en Coahuila, tuvo un desenlace: el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, dio largas a las mesas de trabajo, el tiempo pasó y, finalmente, la convocatoria nacional que motivó las movilizaciones locales también entró en receso.
La estrategia de Garza Fishburn (o de Óscar Pimentel) funcionó. Entre la pausa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que fue la que inició movilizaciones, el Mundial de Fútbol y la proximidad del período vacacional, se acabó el movimiento y la presión social que este podía alcanzar en un corto plazo.
Sin embargo, el descontento es real por diversos aspectos laborales del magisterio coahuilense, de ahí que entre las personas que protestaron cerrando “El Sarape” y desquiciaron Saltillo hace tres semanas hay quienes se sienten usados e instrumentalizados. Muy a su pesar, por ahora, no parece haber nadie capaz de articular esfuerzos, demandas y acciones, es decir, no hay un liderazgo capaz de orientar la inconformidad.
En eso, hay que decir, los dirigentes seccionales del SNTE en Coahuila atinaron también al minimizar las movilizaciones, reclamar la interlocución como exclusiva y patear el bote.
Los que perdieron fueron las y los profesores que esperaban conseguir cambios de fondo con su movilización.
Diego y la “protesta”
En los círculos morenistas crece la idea de que la inasistencia a recoger la constancia de diputados plurinominales al IEC, que se presentó como una protesta contra el proceso electoral, encubre en realidad algo menos romántico.
Se trata de un presupuesto por el orden de 42 millones 100 mil pesos que es un piso mínimo… y de ahí para arriba, en las prerrogativas locales.
Ese monto nada despreciable es lo que recibe Morena Coahuila, en una entidad federativa donde los mecanismos de fiscalización son laxos para los partidos políticos.
Y quien controla ese presupuesto es, en teoría, Diego del Bosque, quien preside Morena desde 2022. Dejar la dirigencia del partido, cuando aún tiene tiempo para administrarlo deja una cuestión en el aire: con ese presupuesto ¿quién podría culparlo?
Calienta el brazo Arturo Braña, mientras Diego alega 42 millones de razones.
Segalmex y la Laguna
El escándalo de Segalmex, el más vergonzoso fraude del sexenio lopezobradorista, reportó noticias ayer. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, emitió una multa solidaria, es decir, que deberán pagarla entre los cuatro exfuncionarios involucrados.
El esquema consistió en desviar recursos del Programa de Precios de Garantía para la compra de los Fertilizantes del Bienestar. Los pagos se hicieron con anticipos del 100% pero el producto nunca llegó.
Con las sanciones también ha surgido sobreatención en la Comarca Lagunera, ya que el mencionado desfalco se ejecutó mediante maniobras logísticas que tuvieron su epicentro en los municipios laguneros de Coahuila y Durango.
Ahora, sólo queda esperar qué es lo que digan los cuatro sancionados con 77.3 millones de pesos y 10 años de inhabilitación, porque aún falta la vía penal y ahí, varios coahuilenses podrían salir embarrados.
Por cierto que ayer se informó también la inhabilitación de una persona que perdonaba altos cobros en CFE a cambio de dádivas, o sea, mordida, en Torreón.
Hay preocupación entre empresarios laguneros que aprovecharon para reducir sus adeudos porque ya las vienen a cobrar y con intereses.
La CIRT condena
Los actos de hostigamiento, agresiones físicas y verbales, además de acoso en redes sociales y acciones judiciales contra medios de comunicación que han emprendido diversos actores políticos de Morena y PT, fueron condenados por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, en Coahuila.
El organismo es presidido por David Aguillón Rosales, presidente de Grupo Región, quien el cierre de semana emitió el posicionamiento respaldado por unanimidad por los integrantes de la cámara.
El proceso electoral trajo consigo diversos casos, uno directamente impulsado por el dirigente de Morena, Diego del Bosque, en contra de tres grupos mediáticos, además de agresiones, insultos y hostigamientos tanto de candidatos como Tony Flores Guerra y Alejandra Salazar, como de su entorno.
Es poco probable que los agresores acepten o modifiquen su conducta pero el posicionamiento de la CIRT es importante para dejar constancia del rechazo empresarial y gremial a conductas que perjudican la libertad editorial y de expresión.
Natanael y la apología del delito
Y no se trata de Cano sino de Espinoza, el director de la Orquesta Filarmónica del Desierto quien se puso emprendedor (bueno eso ya se sabe desde hace tiempo) y decidió hacer una grabación de hip-hop gangsta presumiendo tener aval de la Secretaría de Cultura.
El asunto escaló. Esther Quintana Salinas no estaba enterada del negocio y al saber, llamó a Natanael para que retirara ese programa. Pero con contratos firmados y sus chicharrones tronando, desoyó a la titular de Cultura, y a la pobre no le quedó de otra más que apechugar y emitir una escueta circular en la que, en general, le da luz verde al proyecto.
Poco se puede esperar con una secretaría de Cultura desautorizada por el director de orquesta que puede continuar, por ahora, con sus atropellos. Esta historia continuará.
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