Redacción El Coahuilense
Un grupo de 17 acreedores de Altos Hornos de México (AHMSA) ha presentado un recurso de revocación contra la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concurso Mercantil. Esta resolución negó la solicitud de la empresa para llevar a cabo un cambio en los miembros del Consejo de Administración.
El proceso de Concurso Mercantil de AHMSA está llegando a su etapa de conciliación, y la siguiente fase sería la de quiebra, lo cual no sería beneficioso para ninguna de las partes involucradas. Así lo advirtió Héctor Garza Martínez, abogado de Coparmex en Monclova, quien representa a los acreedores locales que presentaron el recurso de revocación.
El Juez Segundo de Distrito ordenó que no se llevara a cabo la asamblea para el cambio en el Consejo de Administración sin consultar a los acreedores y sin investigar más a fondo.
La razón detrás de esta orden es que el representante legal de AHMSA mencionó la participación de inversionistas dispuestos a inyectar 600 millones de dólares en la empresa, pero no proporcionó detalles sobre quiénes son estos inversionistas ni por qué se está realizando este cambio en el Consejo.
Según Garza Martínez, esta falta de información es perjudicial para los acreedores y para la comunidad de Monclova en general, ya que la quiebra de AHMSA sería la siguiente etapa en el proceso y podría llevar a un déficit económico en la región.
El recurso de revocación se presentó debido a que el Juez no escuchó la solicitud de AHMSA para celebrar la Asamblea de Accionistas, lo que afectó a los acreedores que están sufriendo las consecuencias del cierre de la empresa.
Garza Martínez destacó que el Juez, como rector del proceso, tiene la obligación de recopilar pruebas y no solo los acreedores. La falta de información adecuada antes de tomar una decisión sobre la asamblea viola el principio de equidad entre las partes involucradas, especialmente cuando la etapa de conciliación está a punto de concluir.
El abogado enfatizó que la quiebra resultaría en la venta de activos de la empresa, lo que afectaría a los acreedores locales, mientras que los acreedores privilegiados, como el Gobierno Federal, recibirían prioridad en los pagos.
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