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Por Ethel Arredondo
Comarca Lagunera.– En el contexto de la inauguración de la primera etapa del megaproyecto Agua Saludable para La Laguna –que fue el 21 de diciembre–, permea entre diferentes sectores la incertidumbre y denuncias contra la sobreexplotación de los recursos hídricos de la región.
Anunciado en octubre de 2021, el proyecto Agua Saludable pretende dotar del servicio a 1.6 millones de habitantes de cinco municipios de Coahuila y cuatro de Durango, con agua del río Nazas, procedente de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco.
Los trabajos implican la construcción de una presa, planta de bombeo y planta potabilizadora, acueductos y ramales. La inversión, de acuerdo con el propio gobierno federal, asciende a 14 mil 400 millones de pesos entre los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, grupos ambientalistas y ejidatarios han denunciado los riesgos que corre el principal acuífero de la región lagunera, sobre todo porque no se ha acatado un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a presentar acciones para la reparación de daños y a frenar la sobreexplotación de los recursos hídricos.
El fallo de la Corte resultó de un amparo interpuesto en marzo último por colectivos laguneros como Pro Defensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista; y la resolución tiene alcances para el Organismo de Cuencas Centrales del Norte, perteneciente a la misma Conagua.
La sentencia exige la presentación de un programa de acciones encaminadas a evitar la sobreexplotación del acuífero principal de la región lagunera y, a su vez, confirma que las autoridades responsables de la administración y cuidado del agua fueron omisas en su tarea de regular la extracción de las reservas del acuífero.
En particular, la SCJN ordenó a la Conagua dejar de otorgar concesiones de nuevos pozos que siguieran con la explotación del acuífero, y le solicita conformar un programa de reparación, pero a diciembre de 2023 no se han establecido las acciones de remediación.
Además, organizaciones civiles reprueban la actitud de las autoridades de la Semarnat porque, aseguran, la dependencia federal apeló la orden de la Corte.
A su vez, la Conagua ha solicitado, de acuerdo con los denunciantes, que se modifique el amparo y se otorguen prórrogas de concesiones para la extracción del agua en norias y pozos.
Denuncian despojos
Representante de la Central Campesina Cardenista y de la Contraloría Ciudadana del Agua en La Laguna, Elia Estrada Macías acompañó a los integrantes de estas agrupaciones de campesinos a un plantón en las afueras de las oficinas de la Conagua en Torreón.
El 19 de diciembre último hicieron un pronunciamiento especial en el que expresaron su preocupación por la puesta en marcha de Agua Saludable y expusieron que el fallo de la Corte confirma despojos por derechos de agua.
“Este es un movimiento social que iniciamos en el contexto del arranque de Agua Saludable. Hay inconformidad y preocupación por parte de los diferentes núcleos agrarios por la construcción y operación de una planta potabilizadora porque no se sabe cómo van a sustentar los 200 millones de metros cúbicos que se requieren para la extracción.
“Los diferentes capitalistas o pequeños propietarios son muy conocidos en La Laguna, son los acaparadores del recurso. (Han) falsificado las firmas incluso de fallecidos para poder tener los derechos del agua rodada e incluso de la subterránea”, agregó la también abogada.
Opacidad en la Conagua
El comisariado de Banco Nacional, ejido del Municipio de Tlahualilo, Durango, Julio Granados García, confirmó que tampoco existe ningún tipo de información de parte de la Conagua.
“En los ejidos no tenemos ninguna comunicación, nadie nos da información de qué es lo que está pasando. Los que hicieron el desastre del agua subterránea son los que deberían responder. ¿Quién lo hizo? Nosotros no, los ejidatarios no somos los responsables… ¿Y quién va a poner el agua para Agua Saludable? Nosotros otra vez y, aún así, el problema seguirá. No se va a resolver porque van a seguir sacando la misma cantidad de agua que vamos a estar aportando.
“No hay control en la extracción para producir leche. Es un abuso. ¿Cuándo vamos a acabar esto? No hay nadie que regule cuánto sacan las bombas de agua, absolutamente nadie. Ellos (las autoridades) hicieron el desastre y ahora los ejidos vamos a pagar”, denunció el comisariado.
Agregó que las autoridades tampoco les han cumplido los recursos para proyectos que les prometieron, como por ejemplo la tecnificación de riego.
De acuerdo con los comunicados oficiales sobre el proyecto, éste contribuirá con la recuperación del nivel del acuífero Principal-Región Lagunera, cuyo nivel desciende entre dos y tres metros por año.
Se promete, además, un incremento del caudal ecológico del área natural protegida Cañón de Fernández, y que el volumen de agua aprovechable será transferido de aguas superficiales, sin afectar el riego agrícola.
Otro de los beneficios anunciados es que generarán ahorros de agua en los municipios y en la agricultura, se identificarán fugas y se harán mejoras en las líneas de distribución, así como la medición de caudales.
