perse
Por Renata Guzmán y Kristel Reyes Amaya
Hace poco más de dos años, el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que mantener el aborto como un delito en Coahuila era inconstitucional. Fue la primera conquista de la “marea verde” en el país.
La decisión, considerada un precedente histórico, abrió una secuencia de fallos que despenalizaron la interrupción del embarazo en 11 entidades federativas.
Empero, el proceso de generalización ha sido lento respecto de lo que suponía iba a ocurrir, pues fue hasta el pasado 6 de septiembre, al cumplirse dos años del Caso Coahuila, cuando la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal, lo que implica que todo servicio de salud pública como el IMSS y el ISSSTE está obligado a llevar a cabo esta práctica con el personal médico protegido por las leyes.
Hasta antes de la sentencia por el Caso Coahuila, las condiciones de acceso a la interrupción del embarazo eran precarias, complicadas y sometían a las mujeres víctimas de violación a proceso largos y tortuosos.
Las únicas causales para la interrupción del embarazo eran la malformación del feto y que el estado de preñez fuera consecuencia de una violación.
Para realizar dicha interrupción, sin embargo, se sometía a la víctima a pruebas médicas y declaraciones ante la autoridad con el fin de corroborar que la solicitud de abortar se basaba en alguno de estos causales.
Y como sólo podía practicarse hasta las 12 semanas de gestación, la espera era tan larga que muchas veces era imposible llevarlo a cabo.
Con el fallo de la SCJN en 2021 la situación legal cambió, aunque su implementación ha sido una tarea compleja tanto por las condiciones de atención a la salud como por los prejuicios sociales que siguen llevando a las mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones inseguras. Lo mismo sucede con el personal médico que se ve sometido a la presión social si practica un aborto.
Tabú
Desde la sentencia de la SCJN de 2021, las condiciones de acceso cambiaron. Los registros de la Secretaría de Salud muestran que Coahuila pasó de 88 abortos legales practicados antes de la resolución a 553 en el año 2022.
La directora de Regulación de Servicios de Salud, Xiomara Hernández asegura que en diversos hospitales públicos y algunos privados se realiza esta práctica en los cuales se da seguimiento “como debe ser”.
Sin embargo, en Saltillo el tabú que se tiene acerca del aborto sigue presente, pues “es una ciudad muy conservadora”.
Dicho conservadurismo lleva a mujeres a atenderse por su cuenta sin buscar asistencia médica, de acuerdo con testimonios recogidos por El Coahuilense.
Aún peor: se tiene registro de conductas de médicos y enfermeras de instituciones públicas que se niegan a brindar este servicio, cuestionan los motivos y hasta “invitan” a la mujer a que evite la interrupción, como fue el caso del Hospital General de Saltillo, denunciado en mayo pasado.
Al preguntarle a Xiomara Hernández sobre casos de médicos que se hayan negado a practicar un aborto, evita el tema y sólo recuerda que la ley indica que deben hacerlo; es decir, todo médico debe cumplir con la ley.
El médico anónimo
Hasta ahora, el personal médico convertido en objetor de conciencia o que expone condiciones de fe para no realizar una interrupción del embarazo ha sido ampliamente comentado en las ciudades coahuilenses. En tanto, los médicos que están dispuestos a realizar el procedimiento se ven sometidos a presión social.
Tan es así que uno de los médicos que estuvo dispuesto a hablar con El Coahuilense sobre el tema, lo hizo a condición de preservar su anonimato. Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, con cinco años de trayectoria como médico cirujano, el entrevistado recuerda que “el aborto tiene dos formas, la que es realizado por el mismo cuerpo de manera espontánea y aquel que es asistido por médicos».
En cualquier caso, la madre debe ser totalmente informada y conocer que este procedimiento le puede traer diversas complicaciones para su salud; es decir, «consecuencias físicas que van desde la dificultad para volver a embarazarse, dolor abdominal intenso, sangrado o alguna complicación por infección”. Además, hay consecuencias psicológicas por tratarse de un evento traumático.
Actualmente, las instituciones que realizan este tipo de procedimientos no brindan ayuda psicológica. La persona intervenida “tiene que buscar esta ayuda por cuenta propia, la institución no se la da».
Si bien las nuevas generaciones de médicos son más liberales y la posición del gremio ginecológico fue importante en la despenalización, asegura que las instituciones tienen infiltrados a “objetores de conciencia” que intentan incidir en la decisión de las mujeres.
«Las corrientes pro vida o pro aborto suelen estar ya en las instituciones y no hace falta que un factor externo intervenga», dice.
Y es que muchas veces el personal de salud puede mezclar sus ideales con el trabajo y esto termina afectando a los pacientes de forma significativa.
La posición oficial, sin embargo, se mantiene en la disposición legal. De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Salud en el estado, el sistema de salud pública está obligado a cumplir con la Norma 046 de Interrupción Legal del Embarazo y, por lo tanto, los hospitales y establecimientos con capacidad para hacerlo tienen la obligación por ley de brindar el servicio.
