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Durante los meses de mayo, julio y agosto de 2022, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó un total de 63 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.
Las denuncias corresponden a revisiones de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020. Aunque la cifra de denuncias es un 21% menor en comparación con el año anterior, la ASEC continúa trabajando en la detección de posibles irregularidades.
El informe de actividades y del estado que guardan las cuentas públicas de la ASEC para el año 2022 ha sido emitido. Sin embargo, aún no se especifican los entes públicos involucrados ni los montos correspondientes a cada denuncia. En su lugar, se presentan cifras generales en el informe.
Las denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción en diferentes fechas. El 26 de mayo de 2022 se presentaron dos denuncias, el 15 de julio se entregaron 48 denuncias penales, el 26 de julio se formalizaron 10 denuncias adicionales, y las últimas tres fueron presentadas el 23 de agosto. Todas las denuncias tienen como objetivo combatir la corrupción y salvaguardar los recursos públicos.
El artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado establece que si durante la revisión y fiscalización realizada por la ASEC se encuentran irregularidades que puedan causar daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, se procederá a presentar las denuncias penales correspondientes.
En los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, se detectaron irregularidades durante las revisiones realizadas, lo que motivó la presentación de las denuncias penales. Estas denuncias buscan sancionar los posibles actos de corrupción y asegurar que se respeten las normas y reglamentos en el manejo de los recursos públicos.
En los últimos años, la ASEC ha presentado más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Estas denuncias son resultado de la revisión de las cuentas públicas y de las órdenes de revisiones específicas derivadas de acuerdos aprobados en el Congreso del Estado.
En el año 2021, se presentó una cifra récord de 79 denuncias penales, que involucraban los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, y que representaron un presunto quebranto a las finanzas estatales por más de mil 764 millones de pesos.
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