Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Después de 13 años de errores, omisiones y revictimización en la búsqueda e identificación del cuerpo del adolescente Cosme Balderas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila ha violado el derecho de acceso a la justicia y ha evadido la reparación de daños a los familiares.
Y es que la Fiscalía se negó a admitir la demanda que el 20 de octubre de 2023 interpuso en su contra Marcela Balderas, la madre de Cosme, por el presunto delito de “responsabilidad patrimonial”.
Ante ello, Marcela solicitó y obtuvo del Poder Judicial de la Federación un amparo indirecto que ordena a la FGE a admitir la demanda.
Ella y el Centro Diocesano para Los Derechos Humanos (CDDH) Fray Juan de Larios –que la acompaña en el proceso legal– esperan ahora una sentencia en su favor en segunda instancia para iniciar nuevamente el proceso de demanda contra la Fiscalía estatal.
Las tres desapariciones de Cosme
El 5 de mayo de 2011 alrededor de las 10 de la noche Marcela Balderas, madre de Cosme Humberto Balderas, acordó verse con su hijo en la tienda departamental Soriana Oriente donde el menor trabajaba como “cerillito”. Sin embargo, transcurrieron las horas y Cosme nunca llegó.
Un día después Marcela presentó una denuncia por la desaparición de su hijo ante la delegación de Torreón de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, en donde fue revictimizada por las autoridades: le hicieron creer que Cosme estaba vivo y le aseguraron que él no quería volver a su casa.
Le dijeron que “seguramente se había ido con una noviecilla” y que andaba de vago porque “así son los muchachos”.
Marcela buscó en hospitales, los separos de Colón e incluso en el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le negaron que hubiera un cuerpo con las características de su hijo.
En 2016 un Ministerio Público Federal informó a Marcela sobre la investigación de un cuerpo localizado en “Puente Plateado” el mismo día de la desaparición de Cosme.
El cuerpo presuntamente coincidía con los rasgos físicos y características de vestimenta del joven.
Para corroborar si era su hijo, Marcela solicitó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas ver el expediente. Sin embargo, se lo negaron porque “lo tenían perdido” junto con las fotografías de la autopsia.
En julio de 2018, siete años después de la desaparición de Cosme, la carpeta de averiguación previa y las fotografías fueron localizadas. Por las coincidencias con la vestimenta de Cosme, Marcela identificó que se trataba del cuerpo de su hijo, quien fue asesinado por tres impactos de bala.
La Fiscalía realizó diversas exhumaciones para localizar el cuerpo de Cosme, el cual fue trasladado el 10 de mayo de 2011 del Semefo al Panteón Municipal Número 2 de Torreón. Sin embargo, no logró localizarlo.
Los familiares de Cosme Balderas pidieron a la Fiscalía que hiciera exhumaciones masivas en partes específicas del panteón para localizar el cuerpo.
De 2021 a 2023 se exhumaron más de mil cuerpos, y a 13 años de la desaparición no han logrado encontrar el cuerpo de Cosme.
“No ha lugar”. Violación al derecho de acceso a la justicia
La negligencia y los errores de las autoridades competentes en el caso de Cosme Balderas dieron pie a la primera demanda por responsabilidad patrimonial presentada en Coahuila por un caso de desaparición contra la Fiscalía General del Estado (FGE), interpuesta en octubre de 2023 por Marcela Balderas con el apoyo del CDDH Fray Juan de Larios.
El proceso de responsabilidad patrimonial “es un recurso administrativo en el que se trata de obtener una reparación del daño para víctimas de violaciones a derechos humanos, resultado de una actividad administrativa irregular”, explica Laura Rodríguez, abogada del área de litigio del CDDH Fray Juan de Larios.
“Lo que se buscaba en esa demanda era darle la responsabilidad a la Fiscalía por la pérdida del cuerpo de Cosme, el mismo que, según las autoridades, debería de estar en el panteón municipal número dos, pero que tras varios procesos de exhumaciones no fue localizado”, señala Rodríguez.
Con la entrega de la demanda, el siguiente paso era esperar a que la FGE declarara la admisión o inadmisión del recurso para poder iniciar con el proceso, presentar pruebas y determinar la reparación del daño.
Si bien no había una facultad explícita y detallada para resolver procesos de responsabilidad administrativa, el equipo de litigio del CDDH Fray Juan de Larios decidió interponer la demanda contra la dirección de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía, pues es la encargada de resolver procesos administrativos.
Sin embargo, nuevamente la FGE incurrió en negligencia: le negó a Marcela el derecho a demandar por responsabilidad patrimonial.
Ese mismo 20 de octubre de 2023 la Fiscalía desechó el recurso y notificó la demanda como “no ha lugar” bajo el argumento de que la Fiscalía no contaba con una unidad específica para resolverla, pese a que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios del Estado, publicada en marzo de 2019 señala que la autoridad debe generar las condiciones necesarias para sustanciar.
“Fue muy interesante porque cuando llevamos la demanda a la Fiscalía no sabían qué hacer. O sea, nos decían: ‘Sí, déjame te recibo la denuncia’; y nosotros: ‘no, no es una denuncia, es una demanda de responsabilidad patrimonial’. Aquí ya nos iba pintando cuál iba a ser el primer obstáculo”, expone Laura Rodríguez.
Tras la respuesta de la Fiscalía se interpusieron dos amparos: uno por juicio contencioso administrativo en lo local y el segundo se trataba de un amparo indirecto a escala federal.
En el primero se demandó a la FGE en un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. No obstante, la instancia también desechó la demanda y se declaró “no competente”. Además, consideró que el daño había concluido en 2011.
“En el contencioso nos dijeron que no, y también nos desecharon el recurso. Hicieron una interpretación muy rara de lo que era un recurso de responsabilidad patrimonial con jurisprudencia viejísima, como de los noventa, cuando ya hay jurisprudencia que explica en otro sentido el recurso”, subraya la abogada.
El amparo indirecto se interpuso ante el Poder Judicial de la Federación y se dictó sentencia en primera instancia el 26 de febrero pasado. Se determinó que la resolución de la Fiscalía del Estado debía dejarse sin efecto y debía dictar otra que admitiera la demanda, pues a Maricela se le estaba negando el derecho de acceso a la Justicia.
Pese a que el proceso se ha retrasado a causa del paro de labores en el Poder Judicial, los familiares de Cosme y el equipo de litigio esperan ahora que se les notifique sentencia en segunda instancia para nuevamente iniciar con el proceso de demanda por responsabilidad patrimonial.
“Hasta cierto punto nos quedamos en ese proceso y seguimos esperando esa sentencia de segunda instancia. Esperamos que una vez que nos den esta sentencia y que salga en un sentido en favor nuestro, iniciar apenas el proceso de responsabilidad; es decir, que la Fiscalía gire un acuerdo en el que diga que no se admite el recurso y comenzar a desarrollarlo. En todo este proceso ya se perdió un año”, subraya.
Uno de los logros más grandes de la demanda, asegura Laura Rodríguez, es que en mayo de este año la FGE generó una unidad específica para resolver el proceso, por lo que ahora “cualquier persona tiene la certeza de saber en dónde interponer una demanda cuando se enfrentan ante un problema contra la Fiscalía”.
Reparación del daño y certeza
“Nosotros cuando hablamos de reparación muchas veces lo asociamos a disculpas públicas o una cuestión meramente monetaria, pero la reparación tiene muchas más dimensiones”, expone Rodríguez.
Además de la pérdida del cuerpo de Cosme Balderas, el caso generó diversas afectaciones en la salud física y mental de la familia.
Derivado de la revictimización, omisiones y errores por parte de la Fiscalía y por la búsqueda inalcanzable del cuerpo de Cosme, Marcela enfermó de fibromialgia, diabetes e hipertensión y, al igual que su hija, sufre de depresión severa.
El recurso interpuesto por la familia no sólo busca una reparación monetaria del daño, sino también revivir la memoria de Cosme Balderas.
Se solicitó que se llevara a cabo un acto memorial para Cosme en Torreón, además de pedir a la Fiscalía que genere medidas para evitar que casos como los de él sigan sucediendo, entre ellos, plantearon la reforma a la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación de Personas Desaparecidas en Coahuila.
“En este caso nosotros estábamos buscando que la reparación también diera un espacio memorial para recordar a Cosme (…) Lo solicitábamos de esta manera porque para la familia eso era reconfortante, era recordar a su hijo, a su hermano en un aspecto más humano, fuera de todo lo que implica un caso”, finaliza Laura Rodríguez.
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