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Nueve órganos estatales de Coahuila –que gestionan programas dirigidos a garantizar el acceso a los derechos humanos o solucionar problemas de sectores vulnerables– sumaron más de 3 mil millones de pesos en subejercicios entre 2018 y 2021, de acuerdo con un análisis hecho a sus cuentas públicas.
Se trata de recursos públicos que las dependencias no gastaron y que, por tanto, les impidió cumplir con las metas presupuestadas a inicio del año, según la definición de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
Entre las primeras tres instituciones con más subejercicios analizados para este reportaje se encuentran la Comisión de Aguas y Saneamiento, con más de 2 mil millones de pesos en subejercicios; le sigue el DIF de la entidad, con 347 millones y, en tercer lugar, se encuentra la encargada de los Servicios de Salud del Estado con 208 millones de pesos y que gestiona diferentes Centros de Salud.
Entre la lista también se encuentra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.
Según los estatutos de estas organizaciones, en su definición, están enfocadas a garantizar el acceso a los derechos humanos o la reparación de daños al ser violado algún derecho o a solventar los problemas de las familias con bajos recursos.
Los subejercicios de los años 2020 de Promotora Rural y el Centro de Justicia para las Mujeres no pudieron ser encontrados en la lista de Cuentas Públicas dentro de la página de la Secretaría de Finanzas, al igual que los subejercicios del 2018 de la Pronnif.
Una portavoz de la Auditoría Superior del Estado dijo que “por el momento la dependencia no está interesada en dar alguna declaración” sobre los subejercicios, a pesar de que esta institución está a cargo de vigilar la aplicación de los recursos públicos en todas las instituciones del estado.
PENDIENTE LA FISCALIZACIÓN AL ISSREEI
A las cifras identificadas para este texto se suman las reportadas por el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI) durante el mismo periodo que abarca del año 2018 al 2021 y que suman más de 107 millones de pesos, como reveló Border Hub en el reportaje “En Coahuila sobra dinero para salud mental, pero falta atención médica”.
Dicha investigación generó debate en el Congreso del Estado durante la sesión ordinaria en septiembre pasado luego de que la diputada Natalia Virgil propuso un punto de acuerdo para que se fiscalizara de forma urgente a dicha paraestatal con el propósito de revisar el destino de los recursos que le fueron asignados. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada.
“Se mandó a la comisión y ésta emitirá un dictamen. Este punto dudo que lo agenden pronto. Van a dejar que pase un tiempo. Regresará al pleno y se discutirá de nuevo”, explicó la diputada.
La iniciativa se discutiría por la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso, coordinada por la diputada Edna Dávalos (PRI) para llegar a un acuerdo, pero después de más de 70 días no se ha resuelto.
Las cuentas públicas de los años 2014 y 2015 del ISSREEI publicadas en la página de la Secretaría de Finanzas no utiliza el concepto subejercicio, por lo que no se contabilizó para esta información.
La suma de subejercicios de paraestatales en Coahuila identificadas para este reportaje revela hasta el momento un monto total de 3 mil 98 millones 159 mil 804 pesos.
MÁS TRABAJO, CON MENOS RECURSOS
Juan Enrique Martínez, responsable de estrategia y litigio del Centro Diocesano San Juan de Larios, asociación civil que asiste a víctimas de violaciones a sus derechos humanos, es testigo de la falta de personal que existe dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
La asociación civil canaliza víctimas hacia la Comisión, cuando el caso lo amerita, y la falta de recursos en ella es evidente para Martínez.
Dicha Comisión es una de las paraestatales que también reporta 11.8 millones de subejercicios en el periodo 2018 al 2021 y que desde 2013 tiene como objetivo dar acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas.
Juan Enrique cuenta que con el paso del tiempo, la Comisión redujo su capacidad y además fue rebasada por la cantidad de casos de privación de la libertad, feminicidios y homicidios que se presentan en la entidad.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene tanto personal como para poder cumplir con todos los usuarios […] Hemos notado que la Comisión se hace más chiquita”, dijo Martínez.
“Las últimas veces que hemos tenido contacto con abogados de la Comisión nos dicen que la carga de trabajo sí es excesiva. Nos dicen que están llevando entre 50 y 60 casos cada asesor. Y en todo el estado no debe de haber más de quince asesores”, puntualizó.
Añadió que una falta de asesoría jurídica puede llevar a una víctima a no saber qué tipo de proceso está llevando y aceptar acuerdos en donde el daño no sea reparado en su totalidad, y se regresaría al sistema judicial inquisitivo, en donde a la víctima se le dejaba relegada sin acompañamiento.
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*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
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