Redacción El Coahuilense
Por Gonzalo Villanueva/CEDIL
En una soleada mañana de mayo en Saltillo, el claxon de un camión rompe la tranquilidad de una calle en una colonia popular. Este sonido no anuncia la llegada de mercancías o productos frescos, sino algo más esencial: el agua.
En pipas de cinco mil litros, el recurso se distribuye a familias que, en muchos casos, pagan hasta cuatro o cinco veces más que aquellos con acceso a redes entubadas. Esta escena cotidiana en la capital de Coahuila es un reflejo doloroso de las injusticias del agua que asolan a la región.
Este fenómeno se ha convertido en habitual en algunas colonias marginales, donde el acceso a un suministro constante y seguro es un lujo inalcanzable. Estas pipas, a menudo gestionadas por vendedores informales, son un salvavidas para quienes no tienen otra fuente de agua potable. Sin embargo, la dependencia de estos servicios no regulados expone a las comunidades a riesgos sanitarios y económicos considerables, resaltando la necesidad urgente de una mejor gestión hídrica.
CRISIS HÍDRICA
Coahuila, un estado en el árido norte de México, es el tercer lugar en estrés hídrico de la región. La situación es crítica: con un déficit de 445.29 millones de metros cúbicos en la disponibilidad anual de agua del subsuelo, la crisis hídrica es palpable: 19 de sus 28 acuíferos están en déficit. Este cálculo se basa en la diferencia entre la descarga natural comprometida, la recarga media anual y el volumen de extracción de aguas subterráneas.
Los acuíferos más afectados son:
- Principal – Región Lagunera: Es el más afectado. Se localiza en el extremo suroccidental del estado, limitando con Durango. Abarca municipios como Matamoros, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, entre otros.
- General Cepeda – Sauceda: Cubre un área aproximada de tres mil 520 kilómetros cuadrados en el sur del estado, incluyendo municipios como Parras de la Fuente, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo.
- Saltillo – Ramos Arizpe: Geopolíticamente, este acuífero abarca parcialmente los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo.
Los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pintan un panorama desolador. En los últimos 20 años, el promedio de lluvias en México ha disminuido drásticamente, pasando de 940.1 mm anuales en 2004 a sólo 721.65 mm en 2023.
En Coahuila la situación es aún más grave, con una reducción de 352 mm de lluvia en comparación con los registros de 2004. Coahuila se encuentra entre los diez estados del país con mayor pérdida de precipitaciones en las últimas dos décadas.
Esta disminución no sólo ha afectado a los agricultores y ganaderos de la región, sino también a las comunidades urbanas y rurales que dependen del agua para sus necesidades básicas.
SED DE JUSTICIA
El cambio climático, la mala gestión y la sobreexplotación de los recursos hídricos han llevado a Coahuila a un punto crítico. Las políticas de distribución del agua han fallado en abordar las necesidades de las comunidades más vulnerables, que se ven obligadas a depender de mercados informales de venta de agua. Estos vendedores móviles, aunque esenciales para la supervivencia diaria, reflejan una profunda desigualdad en el acceso a un recurso tan básico.
Es importante mencionar que, pese a los discursos estatales que aseguran que la cobertura del servicio de agua potable en el estado es cercana al 99%, la realidad es que no en todas las colonias el agua se reparte por igual. El Cedil ha monitoreado publicaciones en redes sociales donde los usuarios reflejan su malestar por el recorte en el servicio de agua potable en ciertas zonas de Saltillo, sobre todo en el sur y nororiente de la ciudad. También son frecuentes los reportes por fallas en la prestación del servicio por parte de Aguas de Saltillo (Agsal), empresa paramunicipal que a finales del año pasado presentó formalmente sus intenciones de extender su contrato con el municipio, mismo que termina en octubre de 2026 y busca extenderlo hasta marzo de 2034.
En este contexto, la justicia del agua no es sólo una cuestión de distribución equitativa, sino de supervivencia. La noción de economías morales y las estructuras comunales de justicia pueden ofrecer una vía para mitigar la inseguridad de los recursos, proporcionando un amortiguador para los miembros más pobres y vulnerables de la comunidad. Sin embargo, esto requiere un compromiso y una acción concertada por parte de las autoridades y la sociedad civil.
Las dinámicas de injusticia hídrica tienen impactos profundos en la salud y el bienestar de las personas. El agua contaminada, las sequías prolongadas y la falta de acceso a agua potable exacerban las enfermedades y dificultan la vida diaria. En un escenario de cambio climático, migración y urbanización, estos desafíos sólo se intensificarán.
Es urgente que se implementen políticas efectivas que aseguren una distribución justa y sostenible del agua. La infraestructura hídrica debe mejorarse, y se deben promover prácticas de gestión más responsables y equitativas. La supervivencia de miles de personas en Coahuila y en todo México depende de ello.
En conclusión, las injusticias del agua en Coahuila marcan historias de vida y lucha diaria. Cada claxon de un camión repartidor de agua es un recordatorio de la desigualdad y la urgencia de actuar. Es hora de que el acceso al agua, el recurso más vital de todos, sea tratado con la seriedad y el respeto que merece.
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