Por Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2023 se dio por concluido tras la aprobación de un dictamen emitido por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública en el Congreso de Coahuila.
Durante la Apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones y por mayoría de votos, el pleno del Congreso aprobó el dictamen relativo al análisis del contenido del Informe Anual de Resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023.
Para el ejercicio 2023 la Auditoría Superior del Estado auditó 149 entidades y llevaron a cabo mil 510 auditorías a la Cuenta Pública, 898 de ellas correspondientes a auditorías de cumplimiento, 71 de auditorías de cumplimiento en Programas de Inversión y Obra Pública, 147 de legalidad, 217 de desempeño y 177 a auditorías financieras.
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La Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública determinó que el Informe Anual de Resultados cumple con los requisitos necesarios establecidos en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Con el voto de dictamen a favor, el Congreso instruyó a la Auditoría Superior del Estado para que dé seguimiento a las acciones y recomendaciones emitidas como resultado de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2023.
Además, exhortó a las entidades fiscalizadas para que lleven a cabo las gestiones necesarias para el desahogo de las acciones derivadas con motivo de la revisión de la cuenta pública y pidió que se atiendan las recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado.
LA OPOSICIÓN
El diputado morenista Antonio Attolini y sus compañeros de bancada Alberto Hurtado y Magaly Hernández votaron en contra del dictamen, en tanto que los diputados Delia Hernández y Antonio Flores se abstuvieron.
Antonio Attolini aseguró que el dictamen confirma desvíos, omisiones fallas sistemáticas en el manejo de los recursos públicos; 41 entidades con balance negativo; 21 no ajustaron su presupuesto pese a la caída de ingresos; 58 que aumentaron su gasto sin justificación; 62 que no pudieron comprobar el uso de ingresos excedentes y 96 que presentaron inconsistencias en cifras presupuestarias.
“Este Congreso no puede ser un simple espectador de irregularidades financieras que año con año se repiten sin consecuencias claras”, reclamó el legislador.
“¿Cuántas más irregularidades necesitamos para actuar?, ¿cuántos millones más debemos ver mal ejercidos antes de exigir responsabilidades? (…) lo que este informe deja en claro es que la corrupción no se combate con buenos reportes sino con sanciones efectivas”, concluyó el diputado.
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