Por Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Por mayoría de votos el Congreso de Coahuila aprobó la reforma al Código Electoral de Coahuila en la que se establecen las bases, procesos y requisitos para quienes aspiren a ser jueces y magistrados del Poder Judicial local mediante la elección popular.
La ley establece que el proceso de organización, desarrollo y declaración de la elección de magistrados, magistradas, juezas y jueces del Poder Judicial Estatal estará a cargo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
El Consejo General creará de manera temporal una Comisión Especial de Elecciones Judiciales integrada por tres personas consejeras para llevar a cabo las elecciones judiciales con la operación y asistencia técnica de la Secretaría Ejecutiva, los Comités Judiciales Electorales y sus órganos auxiliares.
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Las personas que aspiren a participar a un cargo judicial de elección popular deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, contar con la certificación de perfil judicial idóneo emitido por la Escuela Judicial.
Los Comités de Evaluación de los tres poderes de gobierno serán los encargados de emitir el dictamen de elegibilidad de los requisitos que deberán acreditar los aspirantes a cualquier cargo judicial.
Además, dicho comité emitirá el dictamen de idoneidad para que los aspirantes tengan derecho a ser parte del listado de postulaciones, y con la finalidad de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presenten ante el IEC el registro del listado de planillas que corresponda a sus candidaturas.
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Según la ley, los aspirantes podrán inscribirse en la lista de uno o más poderes, siempre y cuando resulte para el mismo cargo judicial en cada inscripción, además los magistrados o jueces que se encuentren en funciones judiciales también podrán solicitar de manera directa su incorporación a los listados de las candidaturas que conforman los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que determinen si los incorporan a sus listados que remitan al IEC.
El proceso de evaluación podrá incluir audiencias, entrevistas, comparecencias, exámenes prácticos y teóricos, así como cualquier otro método interrogatorio o evaluación que se considere pertinente.
A la par, el poder legislativo también aprobó la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana relacionado con la elección de personas magistradas.
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