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El Congreso del Estado de Coahuila, por mayoría de votos, otorgó autorización a siete municipios para modificar sus leyes de ingresos con el fin de contraer deuda destinada a ingresos extraordinarios para inversiones en obras públicas productivas.
Los municipios y los montos autorizados son:
- Arteaga con 20 millones de pesos
- Castaños con 10 millones de pesos
- Francisco I. Madero con 20 millones de pesos
- Matamoros con 45.8 millones de pesos
- Parras con 18 millones de pesos
- Saltillo con un máximo de 100 millones de pesos
- San Juan de Sabinas con 14.6 millones de pesos.
Por su parte, el municipio de Múzquiz ha solicitado la tramitación de préstamos por 27 millones de pesos anuales durante los próximos 20 años, con un límite máximo de 552 millones de pesos. Este financiamiento tiene como objetivo la modernización del alumbrado público del municipio, bajo un esquema de asociación público-privada.
En conjunto, estos ocho municipios buscan obtener créditos por un total de 780.4 millones de pesos.
En el caso de Saltillo, esta solicitud representa el cuarto año consecutivo en el que busca la posibilidad de obtener un crédito bancario de hasta 100 millones de pesos, aunque hasta el momento no ha hecho uso de esta autorización.
Sin embargo, es importante señalar que algunos legisladores han expresado preocupaciones y objeciones. Laura Francisca Aguilar Tabares y Lizbeth Ogazón Nava, del partido Morena, rechazaron los dictámenes debido a que no se presentaron de manera individual, sino que se incluyeron en la lectura general de la aprobación de las leyes de ingresos, aunque esta decisión fue respaldada de forma unánime.
Aguilar Tabares advirtió sobre los riesgos para la estabilidad financiera de los municipios y la inconstitucionalidad del endeudamiento a largo plazo, especialmente en el caso de Múzquiz. Por otro lado, la diputada Luz Natalia Virgil Orona del PAN votó en contra debido a la falta de bases objetivas y justificación en conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Virgil Orona enfatizó la importancia de cumplir con las regulaciones, incluyendo la transparencia en los montos de endeudamiento y el destino de los recursos. Adelantó que las solicitudes de los municipios serán enviadas a la Comisión de Finanzas para su dictamen el próximo año y que, a menos que cumplan con requisitos específicos, serán rechazadas.
Por su parte, el diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles votó en contra de los dictámenes argumentando que se incumplió con el principio de deliberación parlamentaria y solicitó posponer la votación en el Pleno. Además, advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría anular las leyes de ingresos de los ocho municipios.
Finalmente, Guadalupe Oyervides del PRI destacó que los cabildos de los municipios respectivos habían aprobado por unanimidad o mayoría las solicitudes de crédito, lo cual obligaba a la Comisión de Hacienda a incluirlas en las Leyes de Ingresos. Sin embargo, subrayó que esto no garantizaba la aprobación final, ya que los municipios debían cumplir con los requisitos establecidos por Hacienda antes de obtener la autorización definitiva.
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