Redacción El Coahuilense
Saltillo, Coahuila.- El Congreso de Coahuila turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa con proyecto de decreto para que garantizar paridad en las candidaturas a diputación local y evitar las postulaciones a gobernador de quienes sean agresores de mujeres.
Durante la 3a. Sesión del 2º. Período Ordinario de la LXII Legislatura, la diputada priista Luz Elena Guadalupe Morales Núñez propuso reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del estado de Coahuila y del Código Electoral local en materia de paridad y de violencia en razón de género.
Al artículo 33 se le adiciona un párrafo quinto para que la postulación de las candidaturas al Congreso del estado cumpla con los requisitos de competitividad y transversalidad para garantizar la paridad de género sustantiva en su integración de conformidad con los bloques que establece la ley.
Para la legisladora, es conveniente abandonar el sistema de lista única alternada y jerarquizada para establecer un modelo de dos listas: una de fórmula de mujeres y otra de hombres con la intención de no jerarquizar a las mujeres y a los hombres sino que la postulación sea exclusivamente por género.
Sugirió incorporar una regla de asignación preferente de mujeres en el principio de representación proporcional y, con el fin de asegurar la paridad, dicha asignación siempre comenzará por la lista de mujeres cuando éstas estén subrepresentadas a partir de los resultados de mayoría relativa.
Si tales resultados son paritarios, los partidos tendrán la libertad de decidir por cuál lista comenzarán sus asignaciones.
En cuanto al artículo 77, a éste se le agregaría un segundo párrafo que establece que la postulación de candidaturas a la gubernatura del estado se sujetará a los criterios de competitividad que establezca la ley.
Morales Núñez planteó agregar una causal de inhabilidad o cuando exista una sentencia por condena por cuestiones relacionadas con violencia de género así como una suspensión temporal de los derechos político-electorales en su vertiente de ser votado.
Así, esta propuesta regula que las candidaturas no cuenten con sentencia que acredite violencia contra las mujeres en razón de género o los niños y las niñas emitidos por alguna autoridad judicial.
Aunado a eso, se propone incluir la multa como sanción a la ciudadanía a las dirigencias y a las personas afiliadas a los partidos políticos o cualquier persona que comete violencia política de género en virtud de que en la actualidad la norma solamente establece la amonestación pública.
“Se consideró necesario establecer que la multa será de 1 a 5000 unidades de medida y actualización (UMA) pues lo anterior es congruente con otras acciones similares que se establecen en el código”, señaló la diputada tricolor, quien detalló que en esta disposición se deberá atender la gravedad de la falta para individualizar la sanción.
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