Consejeros del IEC se “autoliquidan” con millones de pesos

Por Ana Castañuela

Saltillo, Coahuila.- Tres consejeros del IEC (Instituto Electoral de Coahuila) aprobaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del año entrante más de tres millones de pesos para su liquidación al término de su encargo en 2025.

Cuando en 2022 la entonces consejera Gabriela de León también aprobó su propia liquidación, la Contraloría del Instituto señaló este tipo de hechos como una “falta grave por desvío de recursos”.

Pese a ese antecedente, el 12 de septiembre último, en sesión extraordinaria del Consejo General del IEC, seis de los siete consejeros votaron en favor del proyecto de Presupuesto de Egresos que contempla dichas liquidaciones para el ejercicio fiscal 2025.

El proyecto autoriza la partida 15202 que proyecta el pago de liquidación a tres consejeros electorales: Juan Carlos Cisneros Ruiz, Juan Antonio Silva Espinosa y Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, quienes dejarán su cargo en 2025. En su conjunto, el presupuesto proyectado para finiquitarlos suma tres millones 715 mil 528 pesos.

En el finiquito se considera el sueldo proporcional, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones no disfrutadas, prima de antigüedad, indemnización de 90 días e indemnizaciones de 20 días por cada año trabajado.

Presunto “desvío de recursos”

El 24 de septiembre de 2024 la exconsejera presidenta del IEC María Gabriela De León interpuso una denuncia ante la Contraloría Interna del Instituto y la Auditoría Superior del Estado contra los consejeros electorales Juan Carlos Ruiz, Juan Antonio Silva y Beatriz Rodríguez por presuntamente cometer “una falta grave por desvío de recursos”.

Gabriela de León explicó que, de manera implícita, los consejeros autoaprobaron su liquidación al votar en favor del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025 que será enviado al Congreso del Estado para su aceptación.

El pago del finiquito a los consejeros salientes está fundamentado en el acuerdo IEC/JGE/015/2021 que emitió en octubre de 2021 la Junta General Ejecutiva del IEC.

En él se establece el esquema de liquidación en caso de que se extinga la relación laboral del personal y de los servidores públicos del instituto, por una causa distinta a la renuncia o al despido.

Bajo este mismo acuerdo, en 2022 la exconsejera Gabriela de León también aprobó su finiquito por un millón 164 mil pesos. Sin embargo, en esa ocasión fue señalada por la autoridad sustanciadora de la Contraloría Interna del IEC por hacer uso de sus facultades y autorizar el pago de su propia liquidación.

La autoridad tramitó el procedimiento administrativo de responsabilidad número 007/2024 contra Gabriela de León, en el que se le acusa de presuntamente cometer una “falta grave por desvío de recursos”.

La exconsejera expuso que la aprobación del finiquito de los consejeros en el presupuesto proyectado para el año entrante se autorizó bajo el mismo esquema y en las mismas circunstancias que los de ella, por lo que la autoridad investigadora ya tiene sustentado el criterio de que la autorización de esas liquidaciones es una presunta “falta grave por desvío de recursos”.

“Hay falta de congruencia porque ahorita está en curso un procedimiento administrativo de responsabilidad en mi contra precisamente por la autorización del pago de ese finiquito, y la propia autoridad investigadora del Instituto Electoral de Coahuila determinó que es una presunta falta grave por desvío de recursos”, explicó Gabriela de León.

El artículo 54 la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Coahuila determina que “será responsable de desvío de recursos públicos el servidor que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

La misma ley considera el desvío de recursos públicos como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo.

Gabriela de León pidió a la autoridad que dicte medidas cautelares para que, en caso de que se apruebe el presupuesto del IEC, se suspenda el pago de las liquidaciones derivadas del acuerdo IEC/JGE/015/2021 a los tres consejeros electorales y a cualquier otro que termine su cargo hasta que se resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.

Esto, aseguró, con el fin de “evitar un probable daño irreparable al patrimonio del Instituto Electoral de Coahuila”.

“Se está solicitando que se le ordene al secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, quién actualmente tiene la facultad para ejercer el presupuesto, que se suspenda la entrega de esa parte de las liquidaciones hasta en tanto no se resuelva en definitiva si eso es o no una falta grave por desvío de recursos”, explicó.

Solicitó también a la Auditoría Superior del Estado y a la Contraloría Interna del instituto que tomen las medidas legales necesarias para evitar que se sigan dando este tipo de situaciones.

El voto en contra

La exconsejera Gabriela de León no es la única que está contra la aprobación de las liquidaciones de los tres consejeros, pues durante la sesión extraordinaria del Consejo General del IEC del 12 septiembre, el consejero Oscar Rodríguez votó contra el proyecto correspondiente al presupuesto anual para el ejercicio 2025.

El consejero señaló su inconformidad con diversas partidas y subpartidas del presupuesto por inconsistencias; entre ellas, destacó la partida 15202 referente a las liquidaciones presupuestadas para el Consejo General.

Durante su intervención en la sesión explicó que el acuerdo en el que se establecen los derechos para liquidaciones a servidores públicos que terminen su encargo por una situación distinta a la renuncia o despido está observado por la Auditoría Superior de Coahuila, pues no se adapta a las leyes laborales vigentes para servidores públicos federales ni del Estado, lo que lo lleva a pensar que “no es la forma de aprobar este tipo de derechos”.

“Me voy a oponer porque la forma en la que se hizo jurídicamente no me parece la correcta (…) Si lo hubiéramos querido hacer lo hubiéramos hecho a través del reglamento de Relaciones Laborales y no a través de estos acuerdos aprobados por la Junta General Ejecutiva”, expresó.

Rodríguez expuso que en su momento no lo aprobó para la exconsejera Gabriela de León, por lo que tampoco lo hizo en esta ocasión.

“No es que yo sea defensor de Gabriela de León. Sin embargo, si no lo aprobé para ella pues tampoco para los que se van ahora. No sería equitativo ni justo en temas políticos ni jurídicos”, aseguró.

El consejero subrayó que no queda claro cómo se aplicaría la ley en caso de remociones, por lo que advirtió que hace falta regular en la materia.

Por ello hizo un llamado a la Comisión de Normatividad para revisar el tema lo antes posible con el fin de pedirle al Congreso del Estado que regule la norma para que quede ese tipo de prestación directamente en ley o como decreto legislativo que establezca en el reglamento de relaciones laborales como una condición general de trabajo.