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Ciudad de México.- El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no tendrá aplicación para efectos de los procesos electorales, que afecta tanto a Coahuila como al Estado de México.
Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al conceder la suspensión de dicho decreto para que no rija en los procesos que se desarrollan en ambas entidades, al considerar que el mismo se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.
A favor de la suspensión se consideró también que el decreto contiene modificaciones legales fundamentales, y que su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.
En un comunicado la SCJN dio a conocer que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, desechó la presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos.
Es en la parte final donde se establece que el ministro Pérez Dayán también dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho Decreto para el efecto de que de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, en los términos ya señalados.
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