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Un total de 106 vehículos fueron incendiados en los últimos 46 días por grupos criminales o pobladores. De acuerdo con especialistas, con estas acciones el crimen organizado busca infundir terror, mientras que la población muestra su hartazgo ante demandas ignoradas por las autoridades.
Los hechos ocurrieron en 13 estados del país: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, entre julio y hasta el 11 de agosto, según una revisión realizada por Organización Editorial Mexicana (OEM).
Guerrero es la entidad con más unidades siniestradas, al registrar 27, principalmente en Acapulco y las regiones Centro y Montaña Baja. En segundo lugar se ubicó Veracruz con 17 y en tercer puesto Chihuahua, con 12 siniestros.
En la mayoría de los 29 hechos que derivaron en la quema de al menos un vehículo, grupos de la delincuencia organizada fueron los autores, estrategia que según expertos consultados por El Sol de México sirve para intimidar a la sociedad y hacerse notar frente a grupos antagonistas, así como autoridades locales y federales.
“Es un intento de los grupos criminales de poner en evidencia a las diferentes policías de los tres órdenes de gobierno, en sus incapacidades e imposibilidades de brindarle seguridad a la población y al mismo Estado”, dijo Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de GESEC, consultora especializada en políticas públicas y seguridad.
De acuerdo con Rodríguez Arana, también se configura una muestra clara de terrorismo, debido a los ataques con minas y coches bomba.
“La palabra es muy fuerte, pero aplica la definición básica de terrorismo, que son acciones violentas de diferentes maneras, sobre todo con colocación de bombas, en las que los grupos que se atribuyen estos hechos tienen como objetivo sembrar terror y demostrar, tanto a la población como al Estado, la imposibilidad para contener este tipo de eventos. Y también como un mecanismo de demostración de fuerza”, agregó.
David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, prefirió utilizar la palabra narcoterrorismo, pues a diferencia del terrorismo convencional, los grupos del crimen organizado no buscan objetivos políticos o religiosos, sino fines económicos y criminales.
Ejemplo de estos hechos son los ocurridos el pasado 2 de agosto, cuando en cinco diferentes puntos de la carretera Acapulco-Zihuatanejo integrantes de la delincuencia organizada prendieron fuego a 11 vehículos, entre autobuses, unidades de reparto de abarrotes y autos particulares.
Ese mismo día, un camión urbano fue quemado en la colonia Progreso, en Acapulco, mientras que el 6 de agosto, una Urvan fue calcinada junto con el chofer que conducía la unidad en Tierra Colorada, en la carretera Acapulco-México. Autoridades locales atribuyeron este nivel de violencia a la disputa de territorios entre grupos del crimen organizado y el llamado cobro de derecho de piso.
El 9 de julio, en Chilpancingo, Guerrero, siete vehículos Urvan y taxis fueron calcinados, algunos afuera de la delegación de la Fiscalía General de la República y en la carretera México-Acapulco y Tixtla Chilapa.
Aunque en la mayoría de los hechos que derivaron en quema de vehículos participaron integrantes del crimen organizado, también destacan incidentes donde los responsables fueron pobladores que se enfrentaron con autoridades, así como disputas entre integrantes de las rutas de servicio de transporte público.
El 25 de julio, pobladores de Zacualtipán, Hidalgo, quemaron siete vehículos frente al Ayuntamiento en protesta por la muerte de un adulto mayor, quien presuntamente fue golpeado por policías del municipio. Además, se trasladaron al domicilio del presidente municipal, Édgar Josué Moreno Gayosso, y quemaron una camioneta y una motocicleta que estaban en el patio de su casa.
Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizaron protestas para exigir justicia por el asesinato de uno de sus compañeros. En Tantoyuca, Veracruz, incendiaron 15 vehículos el pasado 25 de julio, lo que afectó los tramos carreteros. Mientras que en Chiapas, armados con garrotes y machetes, bloquearon la carretera Ocosingo-San Cristóbal de las Casas, donde, además, quemaron dos unidades de carga.
“(Uno de los alicientes para la población de llevar a cabo estos actos) es la impunidad. Si la gente, además de que no es atendida en una causa muy localizada, ve que la delincuencia o el contexto es de desorden ellos también se sienten, a veces, con ese derecho de quemar vehículos en total impunidad”, explicó Jorge Alberto Lara, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en seguridad y justicia.
David Saucedo y Leopoldo Rodríguez Aranda recordaron que la quema de vehículos en el país data de los años 60, cuando grupos estudiantiles en la Ciudad de México y Jalisco atacaban patrullas e incendiaban autobuses de transporte público como muestra de inconformidad hacia las autoridades, acciones que fueron retomadas por la delincuencia organizada, y que se mantienen en protestas de otras naciones, como Brasil y Francia.
“Las organizaciones civiles en ocasiones dan este paso adelante, no son en muchas ocasiones manifestaciones pacíficas, sino que tienen también un componente de resistencia a la autoridad mediante el ataque a sucursales bancarias, el secuestro de patrullas, la quema de vehículos. Se trata de un tema de violencia social, no es violencia criminal”, matizó Saucedo.
Los tres especialistas coincidieron en que la quema de vehículos no cuenta con elementos para castigar la acción como terrorismo, sino que, se podrían fincar responsabilidades por robo, daño a propiedad privada y obstrucción de las vías de comunicación.
El Sol de México consultó sobre esta situación a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para conocer cómo actúa para frenar este tipo de acciones y si los delitos se tipifican a escala federal, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS
El delegado en Veracruz de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas AC (Amotac), Juan Ciro Durán Mendoza, aseguró que las pérdidas económicas para transportistas y empresarios cada vez que hay bloqueos en carreteras suelen ser millonarias y en algunos casos, como cuando hay saqueos, irremediables.
Eventos de este tipo, indicó Jorge Alberto Lara, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en seguridad y justicia, también representan una ventaja operativa a favor de los criminales, pues logran inhibir las acciones de la justicia al impedir el paso por caminos y carreteras.
También resultan económicamente viables en recursos materiales y humanos, pues no se necesitan altas cantidades de dinero para hacerlo y quienes los perpetran pocas veces son perseguidos por las autoridades.
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