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Por: Kristel Reyes y Arturo Rodríguez
En el exclusivo hotel Rincón del Montero, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes Lozano, departía alegremente con académicos, expertos en materia electoral, organizaciones de la sociedad civil y un público principalmente compuesto por personal de la institución. Los días 30 y 31 de octubre, hospedaje, alimentos y hasta vehículos tipo Van se pusieron a disposición de un centenar de asistentes.
El evento sólo por alimentos, quedó estimado en 450 mil pesos y toda la logística y el gasto, incluida la renta de vans que no se usaron, corrieron a cargo de David Piza, un funcionario con un cargo inexistente en la estructura, “Coordinador de Proyectos Especiales”, a quien internamente en el IEC se le conoce como “el hombre del Token”, dado que a él le entregó Paredes el control de los dineros.
Para esos días, ya era claro que los programas permanentes estaban cancelados por falta de dinero. No hubo cursos de capacitación para periodistas, ni a personal en materia de medios; no hubo edición de libros; no se realizó el Rally por la democracia, una carrera anual que incluye a universidades, ni se pudieron financiar las consultas de discapacidad ni a comunidades indígenas.
El desastre administrativo en el IEC era evidente y no hubo más que reconocerlo el pasado 6 de diciembre, cuando la sesión del Consejo General se puso tensa. El presidente, Rodrigo Germán Paredes Lozano, solicitó una ampliación presupuestal por casi seis millones de pesos adicionales a los 595 millones autorizados para el organismo en este año.
Hasta este 2023 el IEC no había tenido una cantidad tan grande de recursos e, inclusive, con menos presupuesto en elecciones anteriores reintegró recursos ahorrados a la Tesorería del Estado y hasta construyó su edificio sede en una de las zonas de mayor plusvalía de Saltillo.
Paredes argumentó que al realizar un análisis de la situación presupuestal para organizar los comicios de 2024 en el que se elegirán presidentes municipales, se dio cuenta del problema financiero que atribuyó a un incendio en el Comité Municipal de Monclova, cuyo costo al organismo fue de siete millones 523 mil pesos; la falla de la urna electrónica, que representó un gasto por seis millones 940 mil pesos y un convenio con el INE para “mecanismos de recolección”.
La solicitud hecha el 6 de diciembre último a sus pares en el Consejo General dejó muchas dudas en el aire, pues en este 2023 el IEC tuvo más presupuesto que en ninguno de los años desde que fue creado.
Sólo dos consejeros, Leticia Bravo Ostos y Óscar Daniel Rodríguez, refutaron los argumentos del presidente del IEC. Ella le espetó que había malas decisiones administrativas y que, si bien hubo situaciones ajenas a la voluntad institucional, debieron afrontarse sin solicitar una ampliación de recursos.
El consejero Óscar Daniel Rodríguez fue más específico: recordó que en pleno proceso electoral el responsable de las urnas electrónicas fue despedido de manera “cobarde” y tiempo después, cuando el sistema falló, se le culpó sin posibilidad de argumentar en su defensa. El despido, más el fallo de urnas electrónicas, devino en un costo millonario para el IEC.
Ambos consejeros, pese a externar su inconformidad, votaron en favor de la ampliación debido a –palabras más, palabras menos– consideraciones sobre la subsistencia del organismo en el último mes de 2023.
La subsistencia a la que se referían no era cosa menor pues el IEC había iniciado el proceso electoral de 2024 con varios incumplimientos graves: no había rentado locales para los comités municipales y los plazos se estaban cumpliendo; no había contratado a los consejeros municipales y no había bodegas contratadas para el material electoral.
Errores costosos
El arribo de Rodrigo Paredes al IEC fue posible a partir de la reforma política que hizo viable la postulación de personas ajenas a la entidad federativa para ser consejero electoral.
De acuerdo con su currículum público, Rodrigo Paredes se graduó en 2001 de licenciado en ciencias política por la Universidad Autónoma de Aguascalientes; en 2013 completó una maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales por el entonces IFE; y en 2014 obtuvo el título como licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México campus Zapopan.
En su experiencia profesional, Rodrigo Paredes reporta diversos cargos en juntas distritales locales ejecutivas del antiguo IFE y luego en el INE, primero en Matamoros, Tamaulipas (2011-2012), luego en Nayarit (2012-2015), posteriormente en Jalisco (2015-2016) y, finalmente, en Coahuila (2016- 2019).
Se trata entonces de un funcionario que conoce la dinámica de los organismos electorales y que a su arribo al IEC en noviembre de 2022 consiguió primero que nada controlar el presupuesto, función que hasta entonces residía en el secretario ejecutivo. Fue cuando sumó a su colaborador, David Piza y le entregó la operación administrativa.
Luego tomó una serie de decisiones que, aparentemente fortuitas, devinieron en un abultamiento del gasto, pero en beneficio de particulares. Por ejemplo, contrató con una empresa privada el PREP para las elecciones de gobernador e igualmente contrató la impresión y el traslado de emergencia de paquetes electorales ante el desastre de las urnas electrónicas.
Finalmente, ha tenido un comportamiento inusual en el manejo de la nómina y los viáticos que, a un año de asumir la Presidencia del Consejo General, son plenamente rastreables en informes públicos y mediante solicitudes de acceso a la información.
A lo anterior se suma un despilfarro inusitado –como el del evento de Parras– tanto en viáticos, así como en equipamientos poco acordes a la función electoral.
Por ejemplo, el 11 de enero de 2023, vía el Oficio Interno No. P/007/2023, Rodrigo Paredes solicitó el equipamiento de cuatro IPads, dos computadoras Mac de escritorio, cuatro laptops, una impresora multifuncional, varios discos duros, un sofá, un refrigerador, un dispensador de agua, persianas, una pantalla, y otros enseres con características específicas, muy próximas a las que se emplean en videojuegos de alta gama.
Los objetos de esta lista, de acuerdo con personal del IEC consultado, no están en el despacho de la Presidencia.
El uso patrimonialista del órgano electoral ha sido peor. Ya desde septiembre el diario Zócalo Saltillo dio a conocer, en un trabajo del reportero Jesús Castro, que Paredes litigaba contra el INE una demanda laboral y había designado a los abogados del organismo Manuel Mauricio Tamez Trejo y Germán Rafael Barahona Pérez, así como a su secretario particular, Juan Manuel Gámez Santillán, como sus representantes en un juicio personal. Paredes reconoció que en este caso cometió un error.
La evolución del presupuesto
Al realizar un seguimiento de las asignaciones presupuestales, resulta que en 2016 el IEC tuvo un presupuesto de 176 millones 216 mil pesos. Ese año no hubo elecciones, pero si las hubo en 2017, cuando en Coahuila se eligió gobernador y diputados locales. En 2017 el organismo tuvo un presupuesto de 374 millones 835 mil pesos, más una ampliación de 15 millones; esto es un total aproximado de 390 millones de pesos.
En 2018, con elecciones de presidentes municipales, el IEC repitió el monto de 2017, es decir, 374 millones 835 mil pesos, pero no hizo ampliación.
En 2019, un año sin proceso electoral, programó 260 millones 355 mil pesos. Llama la atención que de 2015 a 2019, los recursos asignados al IEC permitieron la construcción del edificio en el bulevar Colosio, un sector de alta plusvalía de Saltillo. Incluso en 2019 el organismo electoral reintegró a la Secretaría de Finanzas unos tres millones 600 mil pesos.
Respecto de 2020, el presupuesto autorizado fue de 389 millones 154 mil pesos, hubo un incremento de 15 millones 933 mil pesos para un total de 405 millones 88 mil pesos. En 2021 el presupuesto subió a 499 millones 104 mil pesos, sin ampliaciones.
La razón por la que se amplió el presupuesto de 2020, en el contexto de la pandemia, es que debió ajustarse el calendario electoral de 2020. Como se recordará, la elección estaba programada para el 7 de junio, pero se difirió al 18 de octubre; además, ese año el IEC no recibió cerca de 50 millones. Lo anterior obligó al IEC a ampliar las contrataciones temporales y los arrendamientos por periodos que no estaban contemplados originalmente y al mismo tiempo canceló programas para no operar en números rojos.
Inclusive, los dos procesos electorales, el de diputados de 2020 y el de alcaldes de 2021, se empalmaron.
La suma de los años anteriores permite advertir que no sólo se construyó el edificio con menos presupuesto, sino que entre 2018 y 2022 hubo reintegros a la Secretaría de Finanzas por el orden de los 31 millones 200 mil pesos.
Luego de la sesión del Consejo General del 6 de diciembre, cuando pidió la ampliación de presupuesto y expuso los motivos como gastos extraordinarios, en entrevista con reporteros Paredes aseguró que en realidad el aumento en el presupuesto era para pagar dos litigios: uno por una deuda fiscal con el SAT y otro por las indemnizaciones del extinto Partido Joven.
