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Por Katya González
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha cedido su autonomía. Con la bendición del Poder Ejecutivo del estado a lo largo de dos sexenios, una institución permanece ajena a controles, supervisión y, por su actividad escolar, es señalada por presunto fraude académico sin que los rectores ni el Consejo Universitario hayan metido las manos.
Se trata de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), una instancia creada en 2017, todavía en el sexenio de Rubén Moreira Valdez, quien promulgó una ley exprofeso para normar su organización y funcionamiento, aunque en clara contradicción con diferentes principios de la Ley Orgánica de la Universidad.
“El espíritu del legislador”
La AIDH es “la niña morada” del magistrado de la sala penal de Coahuila, Luis Efrén Ríos Vega, en referencia a que el morado es el color distintivo de la Academia.
Ríos Vega es señalado como el “funcionario favorito del actual mandatario” desde que participó en la estrategia jurídica electoral que llevó a Miguel Ángel Riquelme a ganar la gubernatura del estado.
Durante la actual administración, Ríos Vega ha tenido una injerencia muy importante en materia electoral y de derechos humanos. Participa en las propuestas de creación legislativa al grado de ser llamado, socarronamente entre legisladores y funcionarios, “el espíritu del legislador”.
De acuerdo con una investigación de Vanguardia, Ríos Vega percibe un doble salario: como profesor de tiempo completo de la UAdeC y como magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia.
No conforme con la libertad de la Academia, el 30 de noviembre de 2022 el gobernador Miguel Ángel Riquelme respaldó el feudo de Ríos Vega al presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de la AIDH que pretende reconocerla como un Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Educación Superior que será consultor técnico de los proyectos, políticas y programas estatales y municipales en materia de derechos humanos.
Dicha propuesta de reforma pretende dotar de autonomía presupuestal, académica, administrativa, fiscal, técnica, operativa, de gestión y decisión a la AIDH, violentando la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila.
La iniciativa fue presentada en el pleno. Sin embargo, no fue dictaminada y se turnó a la comisión de Gobernación.
Legisladores priistas consultados a condición de anonimato, confirmaron que Ríos Vega ha estado detrás de numerosas reformas que se han aprobado en el Congreso de Coahuila durante más de dos décadas.
En una columna que publicó el pasado 20 de abril en el periódico Vanguardia, el magistrado confirmó los señalamientos: reconoció que cuando ocupaba el cargo de consejero jurídico del entonces gobernador Enrique Martínez y Martínez participó “en diferentes reformas constitucionales, nacionales y locales”. Reiteró: “No sólo tuve el privilegio de elaborar normas, también me tocó consensuarlas con la clase política e incluso implementarlas en la práctica”.
“No tradicionales”
En 2016, cuando dirigía la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, Ríos Vega pugnaba por la formación de abogados no tradicionales, por lo que modificó el plan de estudios de las sedes en Saltillo y Torreón, bajo la presunta exigencia de la Secretaría de Educación Pública de cumplir con un estándar que permitiera la libertad de movilidad a los alumnos, ya que el título es expedido por la UAdeC.
Actualmente, las instituciones que imparten la licenciatura en derecho cuentan con distintos planes de estudio: dos en Saltillo, uno en Torreón y uno en la Academia.
En medio de una agitación estudiantil, en 2017 renunció a su cargo bajo los señalamientos por presuntos actos de corrupción, intimidación y uso indebido de recursos que beneficiaban a la AIDH. Sin embargo, esto no fue investigado.
Luego, en abril de 2022, la Academia presentó la licenciatura en derecho con perspectiva en derechos humanos, la cual representaba una lesión a la Facultad de Jurisprudencia.
El 14 de enero de ese año, en una entrevista con Vanguardia, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, calificó de inviable la nueva licenciatura que ofertaba la AIDH, ya que éste es un instituto de investigaciones jurídicas externo a las escuelas y facultades de la Universidad y porque, desde su creación en 2017, fue establecido que no podría ofertar licenciaturas dado su marco jurídico.
Así mismo, explicó que para llevar a cabo proyectos en conjunto con la Academia se deben seguir los preceptos establecidos en el Estatuto de la Universidad, además de obedecer a la transparencia y regular sus finanzas y formas de administración.
“En determinado momento, lo más importante de la agenda de la Academia Interamericana debe ser la naturaleza jurídica de su propia legislación para revisar la constitucionalidad que tiene en conflicto un organismo autónomo dentro de otro autónomo y, en segundo lugar, poder observar que todos los defectos y consecuencias que están teniendo son sujetos de anulabilidad y para evitar un fraude académico”, puntualizó.
La reportera solicitó a Yáñez Arreola su postura sobre el tema. Contrario a lo que declaró el año anterior a Vanguardia, dijo que la licenciatura impartida por la AIDH no perjudica a la Facultad de Jurisprudencia.
Recordó que cuando se planteó “una alternativa en materia de derecho” se sugirió abrir una Facultad de Derecho en Monclova para “saldar una deuda histórica” con esa ciudad, “antes de pensar en tener dentro de la misma universidad dos opciones en materia de derecho”.
Asimismo, aseveró que se mantiene intacta la membresía de la Facultad, así como su fortaleza académica y los buenos resultados de los egresados. Y mencionó que él y su equipo se encuentran enfocados en consolidar las tareas académicas.
“Son decisiones que tomó la universidad y somos respetuosos de ello. Nos enfocamos en la consolidación de la Facultad”, comentó.
Ariel Maldonado Leza, regidor del ayuntamiento de Ramos Arizpe y excatedrático de la Facultad de Jurisprudencia, es de los pocos que se refieren al asunto en dos dimensiones: una positiva por la ampliación de cobertura educativa y otra crítica a las normas que dotan de autonomía a la AIDH.
Maldonado Leza sostiene que la licenciatura en derecho con enfoque en derechos humanos del AIDH no lesiona a la facultad y beneficia a los aspirantes al ampliar la matrícula. Sin embargo, señala que sí hay una vulneración al estatuto democrático, puesto que la AIDH no se somete al reglamento de la Universidad como el resto de las unidades.
“Mal se llama una academia de derechos humanos cuya estructura y nombramiento de las autoridades no pasa, como el resto de las facultades, por un proceso democrático de selección a partir del voto sin ponderación que señala el estatuto universitario”, expresó.
Agregó que la AIDH vive la vida universitaria sin formar completamente parte de ella y, por tanto, debería fundirse y tomar el mismo estatus que las otras facultades, por lo que son necesarias reformas legales que lo establezcan.
Mariposa morada
“Desde mucho antes comencé a soñar con la hoy mariposa morada. Un viaje que me acompaña siempre, que me hace sentir una persona útil para mi sociedad y que, sin duda, va marcando mi destino personal.”, señaló Luis Efrén en la citada columna publicada por Vanguardia en abril pasado.
Además de la grandilocuencia con la que se refiere a su legado, también ha señalado que la única forma de consolidación de la AIDH es que sólo una persona tenga el control.
“Después de algunos años, la AIDH tiene contornos de transformación a contracorriente. El que, quizás, ha vivido una parte importante de esta película he sido yo. La he planeado. La he sufrido. La he disfrutado. La sigo soñando”, escribió.
Bajo esta premisa, se ha justificado la operación de la AIDH, y en el proceso ha ido asegurando la posibilidad de que nadie más influya en la institución, ni siquiera los rectores y siempre con el aval de los gobernadores.
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