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Por Christian Luna
Durante el periodo en que Hugo Morales Valdés fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) su salario se incrementó hasta los 149 mil pesos mensuales.
Más aún, durante su gestión al frente de la Comisión, ésta incurrió en subejercicios fiscales y –a decir del diputado de Morena, Francisco Javier Cortes— careció de autonomía y se plegó a los intereses del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en franca violación a la ley que rige a esta institución.
El pasado 12 de junio Morales Valdés renunció como presidente de la CDHEC. Su renuncia se hizo válida el lunes 19 y un día después el Congreso del estado emitió la convocatoria pública para elegir al nuevo titular.
Morales Valdés es uno de los primeros dos funcionarios que dejan su cargo después de la jornada electoral del 4 de junio. El otro funcionario es Gerardo Berlanga Gotés, quien dimitió como secretario de Inversión Pública Productiva.
En un mensaje a través de su equipo de Comunicación, Morales Valdés dejó en claro que no buscará asumir otro cargo público y que su renuncia tenía carácter “definitivo”.
Antes de llegar a la CDHEC en 2019, se desempeñó como delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Laguna.
Del 2021 al 2022 su salario aumentó de 141 mil 088 pesos a 149 mil 137, según los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Con dicho aumento se colocó en segundo lugar de los funcionarios mejor pagados en la entidad, de acuerdo con una revisión en el tabulador del personal de confianza de mandos medios y superiores del Estado de Coahuila, publicado por la Secretaría de Finanzas.
La suma de su sueldo a final del año –un millón 789 mil 644 pesos–, representa por sí solo el 59.6% del presupuesto asignado en el 2023 al Instituto Coahuilense de Adultos Mayores, uno de las instancias que recibe menos recurso según el presupuesto de egresos.
Subejercicios
En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, reporte que se encuentra dentro de la Cuenta Pública de la CDHEC, en el periodo de Morales del 2019-2022, esta institución registró 15 millones 550 mil 957 pesos en subejercicios fiscales.
Estos más de 15 millones representan el 9.6% de los 150 millones 385 mil 502 de pesos asignados durante los cuatro años para que la comisión operara, según los datos abierto de la PNT.
Un subejercicio fiscal es dinero que la dependencia tuvo en su poder, pero no gastó y con ello incumplió sus metas presupuestadas, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha ley no permite gastar ese recurso a discreción, por lo que se tiene que someter a la evaluación de las autoridades fiscales.
Por su parte, los informes de cumplimento de la Auditoría Superior del Estado correspondientes a 2019 y 2020 señalan en el apartado sobre resultados de fiscalización que la CDHEC tuvo observaciones no solventadas por 180 mil 248 pesos y 113 mil 832 pesos, respectivamente.
Represión ignorada
A las 3 de la mañana del 14 de septiembre del 2021, un día antes de celebrarse el Grito de Independencia en la Plaza de Armas de Saltillo, agentes policiacos del Estado de Coahuila desalojaron a un grupo de la Coalición Magisterial. Se trata de profesores jubilados y pensionados de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Dicha manifestación tenía 135 días de estar presente en este espacio público. Reclamaban al gobernador Miguel Ángel Riquelme la falta de atención médica y faltantes económicos en su sistema de pensiones.
El profesor Gustavo García, vocero de la Coalición Magisterial, fue detenido durante el desalojo. Se le señaló de alterar el orden público, según los medios de comunicación locales, los cuales también dieron cuenta del amedrentamiento que sufrieron los profesores por parte de los agentes policiacos.
El violento ataque dio pie a que los manifestantes acudieran a la CDHEC, ante la que formalizaron dos quejas: una de carácter grupal, por parte de la Coalición, y otra en lo individual, por la detención arbitraria de Gustavo García.
Morales Valdés concluyó su encargo al frente de la CDHEC sin que ésta hubiese dado respuesta a ambas quejas. Ello a pesar de que entre sus responsabilidades se encuentra emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los órganos ejecutores de la Comisión.
Además, tiene la responsabilidad de solicitar al Congreso del Estado que llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables de violaciones a los derechos humanos para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas.
El 7 de junio del siguiente año, el diputado de Morena, Francisco Javier Cortes, acusó a Morales Valdés de pervertir el papel de la CDHEC. Lo hizo en un pronunciamiento que leyó ante el pleno del Congreso del estado.
Expuso: “Mientras su titular no demuestre lo contrario, en el quehacer de la Comisión ha quedado sin efecto el artículo 4 de la Ley que rige al organismo, y que señala: para garantizar su autonomía constitucional, la Comisión será independiente en el desempeño de sus funciones, las que ejercerá con base en los principios de esencialidad, permanencia, independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho”.
En dicho pronunciamiento, Cortés afirmó que las irregularidades encontradas por el caso de los profesores desalojados indican que la Comisión no es autónoma ni pugna por los derechos de la ciudadanía, sino por los intereses políticos del gobernador Miguel Ángel Riquelme.
“Lo más grave es que, de esta manera, el ombudsman Hugo Morales Valdés está cometiendo otras violaciones, igualmente importantes, a su propio marco normativo, pervirtiendo el papel de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, de la cual está a punto de pasar a ser su peor presidente”, leyó ante el pleno del Congreso estatal.
El profesor Gustavo García, vocero de la Coalición Magisterial, señaló a El Coahuilense que hasta la fecha la CDHEC no resuelve ni emite recomendación alguna por la queja que él interpuso en octubre de 2021, a pesar de que “la violación fue de notorio y evidente conocimiento público, además de que documenté y probé que la acción gubernamental estaba fuera de toda legalidad y era inequívocamente una violación de derechos humanos”, señaló.
El 21 de abril de 2023 el profesor presentó una nueva inconformidad por la actuación de la CDHEC en el caso.
“En el expediente respectivo he dejado constancia de la indebida actuación de la CDHEC, como referente ante la posibilidad de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraiga el caso, pues pareciera que la CDHEC está más interesada en proteger a las autoridades del Estado, particularmente al gobernador, para no afectar en el contexto actual y en el ya próximo fin de su administración”, concluyó.
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