Redacción El Coahuilense
Por Renata Guzmán.
Madre soltera de un niño de 12 años y de una niña de un año con 11 meses, Hatzy se encuentra inmersa en un exhaustivo proceso para promover un juicio de reconocimiento de paternidad.
En ese viacrucis jurídico la joven ha padecido desde 2022 violencia vicaria e institucional, impunidad y tráfico de influencias.
Todo empezó en 2019, cuando conoció al padre de su hija, el entonces subcomandante del 69 Batallón de Infantería de Saltillo, Coahuila, José “N”.
Durante dos años entablaron una relación afectiva y fue en agosto de 2021 cuando Hatzy y José “N” procrearon a una hija que nació el 27 de abril de 2022, y que a la fecha se encuentra diagnosticada con una condición de hemiparesia; actualmente la pequeña es paciente del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) Teletón de Coahuila.
Al pedirle al entonces subcomandante –ahora coronel– el cumplimiento de su responsabilidad paterna con la bebé, él empezó a exponer evasivas y comentarios como “yo no me puedo comprometer”, “tú hazte cargo; yo ahí veré cómo le hago”, “deja que el tiempo pase y voy a ir sensibilizando mi alma”.
Hatzy –nombre ficticio usado en este texto para resguardar su identidad– denuncia que el padre de su hija se marchó a Canadá aprovechando una comisión como agregado militar en la Embajada de México en ese país.
“Él me habla en Navidad para saber cómo estaba. Para esto, él ya no estaba aquí en Saltillo, lo trasladaron a la Defensa Nacional en el área de Contraloría y de ahí se va para Canadá. Él me deja aquí y yo empiezo los trámites legales”, explica.
Sin embargo, Hatzy dice que, antes de comenzar dichos trámites para la demanda oficial, José “N” le ofreció darle una mínima pensión, pues “él sabe que la niña es suya”. Cuando Hatzy decidió rechazar “las migajas” que le quiso dar a la niña, “surgió el enojo de él”.
El plan del coronel
Una vez nacida la pequeña, en julio de 2022 Hatzy entabló la demanda de reconocimiento de paternidad y otorgamiento de pensión de alimentos, la cual fue del conocimiento del juez tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, Daniel Abraham González Esquivel.
“Todo iba bien, inclusive logramos que se otorgara una pensión alimenticia favorable provisional en lo que dura el juicio, porque la ley de Coahuila así lo permite”, detalla.
Durante el transcurso del procedimiento –continúa Hatzy– surgió un “juego emocional” de parte del padre de la niña, en el cual él le decía: “Sí, ya voy a cumplir (…) retira la demanda”, “es que yo voy a regresar contigo, pero retira la demanda”.
Pero como no cumplió, la joven mantuvo su proceso legal. Cuando Hatzy registra a su hija, el coronel José “N” vuelve a desaparecer, aunque siguió comunicándose con Hatzy cada que ella daba un paso legal. “Fue elevando su nivel de violencia hasta que llegamos al tope del momento de la pensión”, dice en entrevista.
El juez tercero otorgó 25% de pensión alimenticia, la cual se cobra por descuento vía nómina. Lo anterior desató la ira del coronel de infantería.
Hatzy detalla que cuando el padre de su hija compareció en el juicio él pensaba que le devolvería el 25% de su salario (la pensión).
“Él me decía que no tenía para vivir en Canadá, que no iba a poder sostener su condición allá (…) Después me enteré, vía transparencia, que él ganaba aproximadamente 300 dólares diarios más su sueldo”.
Hatzy denuncia que el padre de su niña la amenazó de muerte cuando se negó a devolverle el monto de la pensión y cuando le dijo que había descubierto sus percepciones reales. “Empezaron los insultos, ofensas, amenazas incluso de muerte, como “¡tú ya no estarías aquí!”.
El rechazo
La madre de la pequeña explica que el coronel no quiso saber de su hija cuando le diagnosticaron la condición de neurodesarrollo. “Mira, culera, es tu problema, ya no me estés chingando…”, le dijo.
Para Hatzy es importante que el militar la reconozca porque eso facilitaría que la pequeña reciba atención en la institución castrense.
“El Ejército mexicano tiene un sistema de salud de buena calidad. De hecho, ellos tienen un centro de rehabilitación infantil especial para hijos de militares en Apodaca, Nuevo León”.
La carpeta de investigación del caso de Hatzy se fue directamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en la Ciudad de México.
“Como toda oficina de representación pública, el proceso es tardado. Llevo más de un año con la carpeta que no ha podido avanzar”, lamenta.
Violencia institucional
Durante el juicio familiar, Hatzy descubrió que la abogada del padre de su hija es media hermana del perito en genética designado de oficio por el juzgador familiar Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado. De esa manera “no es muy difícil suponer que probablemente esa prueba (de paternidad) no iba a venir bien”.
Por tal motivo, Hatzy promovió una denuncia sobre el conflicto de interés e impedimento para que el perito atendiera su caso.
Hatzy le solicitó al juez tercero medidas de seguridad para ella y su hija, pues el coronel José “N” iba a estar presente en el proceso. De acuerdo con la ley de acceso a las mujeres a una vida de no violencia, cuando los agresores son cuerpos policiacos o de las Fuerzas Armadas, se les tiene que retirar el arma de cargo. “Pero el juez no me hizo caso; no acordaron nada”.
En la audiencia preparatoria del 8 de mayo de 2023 el juez tercero desestimó todas las pruebas presentadas por Hatzy, entre ellas la evidencia de conversación donde el militar reconoció que es el padre de la niña.
“Se me negó el derecho a designar perito en materia de genética, se me negó el derecho de ampliar cuestionario, a obtener la información sobre la correcta certificación del laboratorio que realizaría la prueba en genética, y se sostuvo la designación de un perito oficial único”, enumera las anomalías en su caso.
Ese mismo día a la pequeña le dio una infección. Sin embargo, por órdenes del juez Daniel Abraham González Esquivel se realizó la toma de muestras genéticas por parte del perito recusado.
Como consecuencia del proceso y de las amenazas del padre de su hija, asegura Hatzy, ella tuvo que incapacitarse. Se puso mal y quedó inmovilizada por un problema crónico de cervicales.
Ese problema de salud jugó contra la madre de la niña porque, pese a su ausencia por motivos médicos, el juez ordenó una profunda investigación en su contra con el afán de “descubrir la verdad”.
Entre las investigaciones, se citó al médico de Hatzy, pidió todos sus antecedentes clínicos y se contactó con el tribunal colegiado para verificar su asistencia en su trabajo.
Quejas contra autoridades
Además del proceso legal por el reconocimiento de su hija, Hatzy entabló una queja administrativa contra el juez tercero Daniel Abraham González Esquivel ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, debido a las irregularidades de su caso de parte de la autoridad.
El juez en cuestión se defendió asegurando que sí le concedió la protección para ella y su niña. “Ofreció como prueba en su favor el testimonio de un guardia de seguridad del Centro de Justicia en Saltillo, Ignacio Israel Vidales Hernández, quien rindió falso testimonio, pues nunca me brindaron la seguridad que solicité por tratarse de un militar el padre de mi hija.
“Desde diciembre quedó el juez citado para sentencia y pues estamos en espera de que lo sancionen, pero la verdad ya no espero mucho. Sin embargo, vamos a seguir adelante”, dice la afectada.
Hatzy también interpuso una queja administrativa, en noviembre último, contra el perito único en genética que fue designado de oficio por el juzgador familiar Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado.
El recurso lo interpuso en la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. “Gracias a ello se logró la renuncia de dicho perito en diciembre”, agrega.
Así, el caso de Hatzy se encuentra en el recurso de revisión que ella promovió y fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 8° Circuito; la presentación de la pequeña para la toma de muestra genética se encuentra suspendida dentro de dicho juicio de amparo.
“Ahorita estamos con el trámite del amparo, está pendiente esa resolución y esperamos que el Tribunal Colegiado sí proteja los derechos de la niña. Calculo que la resolución será en abril o mayo”.
La madre de la pequeña insiste que teme por su seguridad y la de sus hijos porque el coronel ya terminó su comisión en Canadá y se encuentra en México. “Ya no sé qué es peor: si estar esperando sus amenazas o estar batallando con todo el sistema y aparato judicial”, lamenta.
“De una demanda de pensión alimenticia, ya tenemos una denuncia penal, un amparo y revisión, dos quejas contra funcionarios y pues lo que sigue… Ese es el camino para demandar una pensión alimenticia cuando hay poder del otro lado”.
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