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Por Christian Luna
Alejandro creció bajo el mismo techo que dos hermanos esquizofrénicos. Todos los meses, él y su familia gastan unos 13 mil pesos en tratamientos y en la estancia de un asilo para ancianos, donde se encuentra el único hermano que ahora sobrevive.
Tiempo atrás, sus hermanos con esta enfermedad mental grave pasaron 20 años internados en el psiquiátrico de Parras, en Coahuila, al norte de México.
Las necesidades eran tantas dentro de ese hospital público que Alejandro realizó colectas para comprar muebles, consiguió donaciones de medicamentos y ayudó a recaudar dinero para el psiquiátrico. Aún así, nunca vio que los problemas disminuyeran.
“Los dormitorios son áreas deprimentes completamente”, dijo Alejandro, que pidió ser identificado con este nombre para evitar represalias contra él y su hermano.
Junto con él, varios dedicaban horas de su día a la Asociación de Familiares de Usuarios Del Hospital Psiquiátrico de Parras, en un intento por mejorar la vida de sus parientes.
“Compramos 70 sillas, calentadores de paso y uniformes para los usuarios”, recordó Raúl Yeverino, fundador de la organización familiar.
Pero los hermanos de Alejandro nunca tuvieron calidad de vida ahí. “El cupo es de 60, pero siempre sobrepasaba los 100 pacientes”, dijo Alejandro.
Un día de visita, preguntó a uno de los doctores con qué regularidad revisaba a los pacientes.
El médico respondió que debido a la saturación los revisaban cada dos o tres meses y, mientras esto sucedía, los mantenían sedados.
“Hubo una época muy negra […] Había un desprecio absoluto hacia los usuarios”, coincidió Raúl Yeverino, que tuvo a su hijo internado en Parras durante 26 años.
Por estas carencias y maltratos, Alejandro llevó a sus hermanos de regreso a casa para buscarles otro lugar. Con el paso del tiempo, uno falleció por complicaciones relativas a la enfermedad.
Hoy el sobreviviente está en una casa privada para el cuidado de adultos mayores en Coahuila, donde está bajo atención permanente.
Cuando es necesario estabilizar a su hermano, Alejandro lo lleva al Centro Estatal de Salud Mental Público (Cesame), en Saltillo, donde la noche de internamiento cuesta mil pesos.
Dejó claro que antes no cobraban. “El gobierno del estado dijo que ya no tenía para subsidiar. El Cesame ya es para ricos”, lamentó Alejandro.
Tanto el Cesame y el Hospital Psiquiátrico de Parras, donde Alejandro trata a su hermano, pertenecen al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI).
Esta dependencia es una paraestatal que administra centros de salud mental y otros hospitales para 3 millones de coahuilenses, entre los que se contaban los hermanos de Alejandro y el hijo de Yeverino.
Y durante los últimos cuatro años este instituto presentó síntomas de un deficiente manejo de sus recursos.
En este periodo, el ISSREEI sumó 107 millones en subejercicios sin aclarar su destino, de acuerdo con esta investigación, a pesar de que la ley se lo impide. Los subejercicios son recursos públicos que la dependencia tuvo, pero no gastó.
“La ineficiencia de la atención se debía porque no les proveían del dinero suficiente”, opinó Alejandro, cuando se le comentó de los subejercicios.
El ISSREEI recaudó esos recursos a través de cobros a la ciudadanía por servicios de salud, y en una respuesta para este reportaje no especificó dónde están o en qué gastó esos recursos.
De acuerdo con esta investigación, tres dependencias que según leyes estatales y federales deberían observar los subejercicios del ISSREEI no lo han hecho.
Las secretarías de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la de Finanzas, y la Auditoría Superior del Estado no han observado que cada año al ISSREEI le sobran millones de pesos y no informa cuál es su destino.
El ISSREEI dijo que los 107 mdp de subejercicios de sus cuentas son un “presupuesto global proyectado” de dinero que usará para gastos durante el año, sin especificar más.
Para la investigadora del programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis y de investigación FUNDAR, Paulina Castaño, la proyección de subejercicios son un invento, pues ninguna ley lo permite.
“El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos no proyecta subejercicios, ni proyecta nada. Que no inventen. Es un documento que señala periódicamente el seguimiento de gasto”, dijo para este reportaje.
Donde no hay subejercicios en el gasto público es en los Servicios de Comunicación Social y Publicidad del estado de Coahuila, de acuerdo a un análisis de las cuentas públicas para esta investigación.
En el rubro para promover la imagen del gobierno se gastaron en los mismos cuatro años 2 mil 190 millones de pesos, cantidad que representa cinco veces el ingreso de estos hospitales.
Y es que según la explicación del ISSREEI, los 107 mdp de subejercicios es dinero que sobrará de lo recaudado y se gastará a discreción de los funcionarios, en un futuro y en cualquier área.
Pero la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) no permite a funcionarios gastar los subejercicios a discreción.
Esta ley explica que los subejercicios son el resultado del dinero que sobró cuando la dependencia no cumplió sus metas, o cuando las entidades no cuentan con el compromiso formal de su ejecución.
Y aunque en Coahuila la Ley Estatal de Entidades Paraestatales señala que la entidad paraestatal manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos, dichas entidades también se rigen por la LFPRH, explicó Castaño, la investigadora de Fundar.
“Las paraestatales también se rigen por la LFPRH, por lo tanto deben justificar sus subejercicios e informarlos de manera trimestral”, dijo Castaño.
Una de las dependencias responsable de vigilar que las leyes se cumplan es la Auditoría Superior del Estado (ASE) y, aunque fiscalizó al ISSREEI en 2020 y 2021, en los dictámenes publicados en su página de transparencia, no se observaron los subejercicios.
Juan Martín Valdés Oviedo, director del área de Auditoría Financiera de la ASE, se negó a hablar del caso particular del ISSREEI en entrevista para este reportaje, pero dijo que la posibilidad de proyectar subejercicios es “ilógica”.
“Que se incluya una proyección de un subejercicio no lo veo como algo lógico. No es algo que yo vea como viable”, dijo Valdés.
Añadió que los subejercicios pueden tratarse de “economías” y la diferencia de éstas con subejercicio es que el dinero que sobra se presenta al cumplir todas las metas presupuestadas.
Aún así, tratándose de economías o subejercicios, la Secretaría de Finanzas debería de estar enterada y decidir qué se hará con el recurso, explicó el auditor.
“Todo lo que no se gasta, no sólo estamos hablando de subejercicios, también puede ser ahorros o recaudación en exceso, se tiene que concentrar en la Secretaría de Finanzas y ella es la que va a decidir qué se hará”.
Pero los datos analizados para este reportaje muestran que, efectivamente, la paraestatal no ha alcanzado sus metas durante cada año que presenta subejercicios, según los indicadores de resultados publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre 2018 y 2021 los hospitales administrados por el ISSREEI otorgaron 994 mil 864 consultas, un 20% menos de lo proyectado, de acuerdo con el análisis de los datos abiertos publicados por la dependencia.
En ese mismo lapso presentó los 107 mdp de subejercicio, que representan un 24% con respecto a sus ingresos.
Para conocer por qué la dependencia reporta subejercicios cada año, se solicitó entrevista con Alma Rosa Paredes Ramírez, directora del ISSREEI. Pero desde febrero de este año tres funcionarios de comunicación social del gobierno de Coahuila no dieron fecha para entrevista, a pesar de múltiples solicitudes telefónicas y presenciales.
Solo durante 2020, el año más intenso de la pandemia, los cuatro centros pertenecientes al ISSREEI tuvieron una reducción de más de 120 mil consultas, el número más bajo del periodo analizado, aunque esto no se reflejó en una baja en los ingresos, según los indicadores de resultados.
En el mismo año, las cifras de padecimiento mentales aumentaron 25% en todo el mundo, según el estudio de la Organización Mundial de la Salud titulado Salud mental y COVID-19: evidencia temprana del impacto de la pandemia.
Al incumplimiento de metas se le suman las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) después de visitar los centros psiquiátricos.
Entre 2015 y 2020 se emitieron 20 recomendaciones referentes a velar por el respeto de los Derechos Humanos de los pacientes.
SUBEJERCICIOS: SUCEDEN CADA AÑO Y NADIE LOS VE
La Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Coahuila designa a la Secretaría de Finanzas como la responsable de recibir, coordinar y registrar las actividades financieras de las paraestatales.
Finanzas respondió en una solicitud de información que no localizó documentación ni información con las características solicitadas y sugirió preguntarle directamente al ISSREEI.
Pero su respuesta contradice lo expuesto en la Ley Estatal de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, que indica que estas entidades quedan sujetas a control y vigilancia de esta Secretaría.
Lo mismo sucede cada año con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, también responsable de la vigilancia de los órganos paraestatales, según la misma Ley Estatal de Órganos Paraestatales.
Esta dependencia también respondió en otra solicitud de información que se le debía preguntar al propio ISSREEI e indicó que la dependencia no realiza la revisión del 100% de los registros contables, sino sólo una muestra de estos.
Paulina Castaño, de Fundar, confirmó que las dependencias que se deslindaron de responder por los subejercicios sí son responsables de observar el gasto público del ISSREEI.
“Es la Secretaría de Finanzas la que debe dar seguimiento a la ejecución de recursos, junto con la Auditoría del Estado”, dijo Castaño.
Para la investigadora esto es un claro ejemplo de cómo las instancias públicas transgreden el derecho a la información y al saber.
REDUCIR DINERO A HOSPITALES PARA DESTINARLO A OTRAS ÁREAS
Antonio Serrano, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en Cuenta Pública, explicó que una de las posibilidades para presentar subejercicios son “ajustes presupuestales” para solventar la deuda pública del Estado de Coahuila.
“A veces se dan subejercicios que no podemos nombrarlos como tales, sino como ajustes en el presupuesto para cubrir estas problemáticas”.
Pero de acuerdo con el académico, “un subejercicio no es deseable. Nadie lo quiere”.
“No hace sentido proyectar un subejercicio cuando tú tienes a la mano hacerlo correctamente con el presupuesto. Los subejercicios son errores (…) No puedes prever un subejercicio”, explicó.
Según el experto en gasto público, la sistemática creación de subejercicios podría obedecer al propósito de canalizar el recurso a otro lugar.
“A veces las autoridades superiores te piden que para el siguiente año te hagas ‘más chico’. Y algunas veces la forma en la que se hace y que no te van a cuestionar es generando un subejercicio para que el año que entra te den menos dinero y ese dinero se pueda canalizar a otra cosa”.
El desinterés por invertir en la salud pública no es un problema aislado y el caso de Alejandro y sus hermanos no es único para describir los problemas con el acceso a la salud.
SALUD MENTAL, CASI INACCESIBLE PARA ZONAS RURALES
Pilar de Richardson es un ejido del Municipio de General Cepeda con 379 habitantes, según el Inegi. Es el segundo lugar con más personas, después de la cabecera municipal.
Los pobladores señalan que hay alrededor de 80 familias, de las cuales, tres tienen integrantes con problemas mentales graves.
Aurora Flores, habitante del Pilar, mencionó que cuando hay una urgencia de una atención especial los habitantes tienen que ir a Saltillo o a Parras. Los dos destinos quedan a cerca de dos horas de camino.
“Cuando es muy urgente, vamos hasta Saltillo. Hace años una niña mía duró dos meses internada y ahí nos quedamos en el albergue. De la pura cuenta fueron como 98 mil pesos, que los tuvo que pagar el Seguro Popular”.
En el ejido hay un centro de salud del IMSS que da consulta a sus pobladores. Los canaliza al hospital Ixtlero ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila. Y de ahí, también los deben redirigir si no hay la especialidad médica que necesitan, de acuerdo con los pobladores.
En cuestión de medicamentos, existe un botiquín instalado provisionalmente dentro de una habitación que también da servicio de vulcanizadora. Ellos mismos lo administran.
Ana Berenice de la Peña, directora de la Facultad de Psicología, dijo que las zonas rurales son regiones con muchas dificultades para acceder a la salud mental.
“La gente tiene que venir del campo a la ciudad para poder atenderse y obviamente transportarse es muy complicado”.
En su visión, debe colocarse el acceso a la salud mental como prioridad para obtener un buen desarrollo social.
Añadió que la falta de recursos contribuye a que no existan plazas laborales fijas en los lugares en que se necesitan, y que todos los proyectos que se llevan a estas zonas sean momentáneos.
Según su experiencia, en los últimos años en las zonas rurales aumentaron los problemas de consumo de drogas y violencia intrafamiliar.
Ella se lo adjudica a la transición laboral de las zonas rurales hacia las fábricas de la ciudad, lo que incentiva la desintegración familiar.
El ex director del Centro de Salud Mental de Saltillo, Mario Alberto José de los Santos, mencionó que entre los principales obstáculos que enfrenta el acceso a la salud mental es la corrupción y el desinterés de los políticos.
Agregó que un sólo hospital no puede tener la batuta para encargarse del tema de la salud mental de todo el estado.
“El principal problema es la corrupción en los sistemas de salud mental. En todos los sistemas de salud. […] Un solo hospital no puede coordinar a todo el estado”.
“Lo que yo veo es un desinterés público histórico por la Salud […] No interesa a los políticos la salud, y la salud mental, menos”, concluyó.
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