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Agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República están intentando encontrar en Coahuila y Durango a nueve personas relacionados con el millonario desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que es de unos 142 millones 440 mil 883 pesos.
Fuentes federales consultadas por El Sol de México señalaron que la operación de la FGR desplegada en los últimos días busca dar con el paradero de empresarios y funcionarios que estarían implicados en la compra-venta irregular de 7.8 toneladas de azúcar por parte de la dependencia a la empresa Servicios Integrales Carregín.
Las autoridades consultadas no dieron detalles sobre si esta operación ya rindió algún resultado para dar con el paradero de los implicados; sin embargo, se conoce que la FGR busca fincarles responsabilidad por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de peculado en caso de ser servidores públicos.
Los prófugos forman parte de un grupo de 22 personas por las que un juez federal aceptó girar órdenes de aprehensión el 9 de marzo pasado por su presunta responsabilidad en este caso.
Hasta el momento, de ese grupo integrado por 12 funcionarios de Segalmex, cuatro personas de las empresas coludidas y seis presuntos beneficiarios de los recursos desviados, han sido detenidas ya 12 y vinculadas a proceso 10.
El único que ha podido obtener su libertad, luego de que el juez de Control adscrito al penal federal del Altiplano consideró que no había suficientes pruebas en su contra, es Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex.
Por el contrario, apenas el martes fue detenido Jesús Óscar Navarro Garete, exdirector de Finanzas de la dependencia después de la renuncia de René Gavira. Un día más tarde fue sometido a prisión preventiva oficiosa, pero debido a que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, será hasta el martes cuando se conozca si es vinculado a proceso o no.
Quienes sí han corrido con esta suerte son Artemio Gutiérrez Rodríguez, encargado del almacén de Diconsa en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa; y Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro.
También Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones de Diconsa; y Jorge Romero Valencia, accionista de la empresa Carregín, quien se habría encargado de simular la compra de la azúcar, entre otras.
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