Redacción El Coahuilense
Torreón, Coahuila.– La maestra Rosalinda Valenzuela quedó con daño cerebral después de una cirugía estética en 2017 y, al día de hoy, sus hijas Glenda Georgina y Sara Selene exigen justicia por lo que califican de una negligencia médica, además de que piden al gobernador de Coahuila Manolo Jiménez que intervenga en el caso.
A casi siete años de que un médico y un anestesiólogo le deterioraron la vida, siguen sin ser castigados pese a las denuncias en su contra y carpetas de investigación con todas las evidencias.
De hecho, este lunes se llevó a cabo otra audiencia en el Centro de Justicia Penal de Torreón, donde una vez más hay impunidad. Incluso, las sacaron y solo dejaron quedarse a su representante legal y al Ministerio Público.
“En todo este tiempo han sido más de 30 audiencias, contando la de hoy. Nada más este año van entre 10 y 15 audiencias, pero nada de justicia para mi mamá”, dijo Glenda.
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“Yo demandé y por eso yo debo estar aquí en la audiencia, porque mi mamá obviamente no está en condiciones para demandar y estar aquí. Ella no sabe nada, ni en qué día vive ni la hora, no sabe su edad, no está apta, por todo el daño que le hicieron el médico y el anestesiólogo”, comentó.
“Hemos sufrido muchas injusticias, pues en los primeros años en Fiscalía nos daban carpetazo, después ya se pusieron a trabajar y nos han apoyado mucho, pero, al parecer, el médico ha estado sobornando aquí en el Centro de Justicia Penal y hasta el día de hoy el caso no procede. Están involucrados los jueces y el Administrador”, señaló.
Ante las irregularidades, las familiares de la víctima han buscado al el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, de quien no han obtenido respuesta.
Es por eso que exigen la intervención del Gobernador, a fin de que se aplique la ley y se haga justicia.
“Porque resulta que no procede la demanda porque mi mamá no la puso, cuando no está en condiciones, le dañaron la parte frontal del cerebro. Hoy resultó que el daño de los médicos no fue a la víctima, que fue a la sociedad en general y nos sacaron de la audiencia. Solo pagó una multa de 11 mil pesos al Estado. Sabemos que todo esto es porque el doctor ha estado sobornando”.
Como se informó en su momento, fue el 8 junio del 2017, cuando Rosalinda Valenzuela, maestra de profesión y con maestría, acudió al Hospital Santa Fe para someterse a una cirugía plástica que terminó con severos daños cerebrales que le van deteriorando su vida.
Entró por la mañana y tenía programado terminar a mediodía, ya que le iban a hacer liposucción, cortes de piel, transferencia a glúteo e implantes mamarios, procedimientos que nunca se llevaron a cabo.
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Al pasarse de la hora planeada, la paciente salió con cuadros epilépticos y temperatura, a lo que los doctores comentaron que era “normal e iba a despertar”.
Permaneció así durante 24 horas, en la cuales únicamente la sedaban, sin monitorearla, además de que los familiares luego se enteraron que en el quirófano le tuvieron que dar reanimación cardiopulmonar (RCP).
Al respecto, posteriormente familiares buscaron a un doctor de confianza, quien les reveló que estaba a punto de morir por todo lo que le hicieron en dicho nosocomio.
Ante la gravedad, la trasladaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Gómez Palacio, donde quedó internada por casi dos meses y la dieron de alta con secuelas como daños en la parte frontal del cerebro, lo cual ya no se regenera.
Es por eso que Glenda Georgina y Sara Selene insisten en que Jiménez Salinas atienda el caso y ordene el castigo a los responsables.
“De no obtener respuesta, vamos a bloquear vialidades, nos vamos a manifestar y vamos a cerrar oficinas de gobierno”.
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