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La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción está llevando a cabo investigaciones sobre 21 administraciones municipales debido a irregularidades financieras y posibles casos de peculado relacionados con las cuentas públicas del año 2021.
Además, se inició un procedimiento legal en contra de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, junto con varios funcionarios municipales que enfrentan acusaciones que incluyen cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos por un monto cercano a los 100 millones de pesos.
La denuncia inicial fue presentada por Karla Mónica Escalera Mendoza, quien ocupó el cargo de Secretaria del Ayuntamiento desde enero de 2022 hasta el 11 de enero del presente año, y decidió renunciar debido a las irregularidades que identificó.
El Fiscal Anticorrupción, Homero Flores Mier, ha anunciado que se están solicitando documentos e información al Ayuntamiento de Múzquiz para poder llevar a cabo una investigación exhaustiva.
También se están considerando las notas periodísticas publicadas sobre los presuntos delitos cometidos por la alcaldesa y sus colaboradores como parte de la investigación.
Se está llevando a cabo una revisión minuciosa de la documentación presentada en la denuncia inicial y de la que será proporcionada por el Municipio, con el objetivo de determinar si existen delitos que puedan ser perseguidos legalmente.
Entre las acusaciones en contra de la alcaldesa se incluyen ejercicio abusivo de funciones, otorgamiento ilegal de permisos, licencias o autorizaciones, asignación ilegal de obra pública, así como adquisiciones, arrendamientos y colocaciones de fondos realizados de manera ilegal, entre otros delitos.
El Fiscal Flores Mier ha informado que también están investigando otras 21 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado hace dos meses relacionadas con cuentas públicas del año 2021.
Aún se desconoce si estas denuncias implican directamente a alcaldes o funcionarios municipales, ya que se está recopilando información para evaluar posibles responsabilidades.
Cabe destacar que desde que se aprobó una reforma al Código Penal en 2019, los delitos de peculado tienen un período de prescripción de 7 años, lo que brinda a las autoridades un margen más amplio para sancionar este tipo de delitos.
El Fiscal ha señalado que podría ser necesario considerar la posibilidad de ampliar este plazo, aunque también se deben tener en cuenta los derechos humanos en este contexto.
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