Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Inmersa en una crisis nunca antes vista, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) enfrenta numerosas observaciones de auditoría que, en suma, supera los cuatro mil 500 millones de pesos, un monto escandaloso para una institución cuyo presupuesto es de tres mil millones de pesos anuales.
Desde 2015 la máxima casa de estudios del estado se ha visto observada tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que le han resultado en seis denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Coahuila.
El asunto atraviesa cuando menos los rectorados de Blas Flores Dávila (2013-2018) y Salvador Hernández Vélez (2018-2024), quienes han insistido, respectivamente, en la integridad del manejo financiero durante sus administraciones.
Las observaciones tanto de la ASF como de la ASE suponen un reto para el rector Octavio Pimentel Martínez, quien asumió el cargo en febrero último y recibió una universidad sin fondos suficientes y una comunidad universitaria sensible a la protesta.
Incumplimientos anuales
Una revisión de los dictámenes de la ASF permite advertir que existen fallas recurrentes en la UAdeC, con señalamientos por incumplimiento en la normatividad relativa a la fiscalización como por manejos financieros.
Por ejemplo, la auditoría 779-DS, correspondiente a 2016, advierte el incumplimiento de normatividad en materia de contabilidad gubernamental que habría causado un daño a la Hacienda Pública Federal por 99 millones 231 mil 700 pesos.
Dicha auditoría concluyó con 15 observaciones, de las cuales ocho eran promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
El dictamen establece incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, carencia de un sistema de control interno para identificar y atender riesgos en el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestado, cumplimiento parcial en acciones de transparencia, pagos improcedentes por cerca de 69 millones de pesos.
Al año siguiente, en la auditoría 191-DS, se detectó que el daño calculado ese año fue por 42.5 millones de pesos y corresponde principalmente a pagos a empleados.
La auditoría fue de seguimiento al programa U006, como también se había hecho al ejercicio de 2016 y, aunque con cierta mejora en la gestión, los incumplimientos se mantuvieron.
En 2018 la auditoría 149-DS resultó en 18 observaciones que resultaron, entre otras acciones, en seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un probable daño a la Hacienda Pública por 296 millones de pesos.
Las observaciones son más o menos iguales que los años anteriores y corresponden al último tramo de la gestión de Blas Flores, quien ese año fue designado secretario de Finanzas del gobierno estatal, de manera que 2018 compete a los dos rectores, el mencionado Flores y su sucesor, Hernández Vélez.
En 2019, ya en la rectoría de Hernández Vélez, la ASF dictaminó 24 resultados y un monto por aclarar por 92.3 millones de pesos, sin promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Al año siguiente, en 2020, la ASF realizó la auditoría 169-DS en la que identificó un monto por aclarar de 554 millones 442 mil pesos. Una vez más no hubo promoción de sanciones y, otra vez, se observó la carencia de un sistema de control adecuado, así como el incumplimiento en obligaciones de transparencia.
El probable daño en 2021 fue por 693.2 millones de pesos; como en los años previos, por violaciones al convenio marco de colaboración para el Apoyo Financiero. Sin sanciones promovidas, la ASF advirtió también la falta de sistema de control e identificación de riesgos a través de la auditoría 695.
En 2022 la auditoría planteó un daño por 613 millones de pesos, por violaciones al mismo convenio macro; además emitió seis observaciones, de las cuales una fue promoción de sanción.
Como se sabe, la UAdeC recibe fondos federales y fondos estatales, en cuanto a los federales, la ASF audita recursos, mientras que los estatales tienen por entidad fiscalizadora a la ASE. Ésta, por su marco normativo, es menos específica que la primera, pero lo montos denunciados dan el mencionado total de cuatro mil 700 millones acumulados.
Justificaciones varias
De por sí la UadeC tiene una operación deficitaria. Fue la ASE la que reconoció que la casa de estudios enfrenta un déficit por el orden de 200 millones de pesos, producto de recortes presupuestales.
De hecho, la universidad plantea dos problemas graves que se pueden advertir en los informes de auditoría mencionados.
El primer problema es que las observaciones de auditoría son principalmente por el pago de nómina al que destina 89% del presupuesto que abarca un universo en torno de los siete mil 800 trabajadores.
La mayoría de las observaciones derivan del mencionado Convenio Marco, que establece categorías laborales que desde hace tiempo no corresponden con las que en realidad se ejercen en la universidad.
Así, el problema tiene que ver con el formato de dicho convenio, una situación que padece la mayoría de las universidades públicas del país.
En su último informe como rector, Salvador Hernández Vélez aseguró que el dicho convenio se estaba modificando en 2019 en conjunto con la Dirección General de Educación Superior de la SEP federal. El trabajo se suspendió con la pandemia.
Hasta ahora, diversas observaciones se han solventado con una carta de la SEP federal, pero en los últimos señalamientos se suspendieron todos los trámites coincidiendo con el año electoral. Las observaciones implicarían señalar a los siete mil 800 trabajadores por la forma en que han percibido sus salarios.
Lo anterior explicaría por qué cada año las observaciones se refieren a la falta de sistemas de control y a diferentes violaciones al convenio marco.
El problema más grave es otro y se relaciona con los recortes presupuestales que desde 2018 se realizan contra las universidades públicas. Hay fondos que desaparecieron o quedaron en ceros.
Las universidades del país reciben parte de fondos federales y estatales, excepto la UNAM que recibe 100% de la federación. Pero en el caso de las universidades de los estados que reciben recursos estatales, y en el caso de la UAdeC, los recursos también han mermado al grado de que el gobierno estatal debe a la casa de estudios más de 500 millones de pesos.
Desde que asumió la rectoría, Octavio Pimentel Martínez ha puesto los dos problemas sobre la mesa: el de las auditorías admitiendo que deberán solventarse sin impunidad para aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción y el de la crisis, blandiendo una política de austeridad para paliarla, cuyos resultados hasta ahora se desconocen.
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