Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Pese a que los hospitales privados tienen mejores condiciones de atención en comparación a los públicos, proliferan contra ellos las quejas por negligencias médicas y cobros excesivos por sus servicios.
Durante 2023 se presentaron en Coahuila más de 15 quejas por malas prácticas contra hospitales privados, y hasta el cierre de marzo de 2024 se recibieron otras cuatro, de acuerdo con datos de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico.
Una mala cirugía cambió su vida
Derivado de una cirugía, aparentemente inofensiva, la vida de Isabel, una mujer de 57 años, cambió por completo: a causa de malas prácticas médicas desarrolló una discapacidad.
En 2019 Isabel detectó que tenía un problema con su mano izquierda: se le caían los platos y tazas, y se le dificultaba abrir botellas o envases. Acudió con un cirujano especialista en manos, cuyos servicios eran subrogados por la institución en la que trabajaba.
El médico, que labora en un centro hospitalario privado de Saltillo (datos que no se especifican por protección a la víctima), le detectó un quiste sinovial en la muñeca izquierda, y le prometió que podía removerlo con una cirugía de menos de una hora.
El 13 de febrero de 2019 Isabel entró a cirugía. Según el especialista, la intervención debía durar 45 minutos, pero se prolongó por cinco horas. Sus familiares se extrañaron por el tiempo que tardó la cirugía.
El cirujano les dijo que durante la operación le cortó un tendón extensor del brazo izquierdo, un tejido que permite enderezar los dedos y el pulgar, y derivado de que tuvo que llevarse a cabo su reconstrucción, se alargó el proceso.
Tras la cirugía y con el paso de los días un dolor e inflamación en su mano izquierda comenzaron a preocuparla. La situación no mejoró: el malestar persistía, y los cinco días de descanso y 20 terapias de rehabilitación que le indicó el especialista resultaron en siete meses de incapacidad y 120 terapias con un médico fisiatra que no fueron suficientes para su recuperación.
El cirujano nunca le dio una respuesta certera sobre lo que sucedió. En busca de una segunda opinión, y con la esperanza de saber qué tenía y cómo podía disminuir el dolor de su muñeca, el jefe del trabajo de Isabel la canalizó con tres cirujanos diferentes para que la valoraran.
Ellos le aseguraron que su mano estaba en esa condición porque “su cuerpo había reaccionado de manera agresiva”, por lo que la herida sanó de la misma manera.
Fue hasta octubre de 2019 que fue referida con un especialista que ejerce fuera de Coahuila, quien finalmente le dijo que su condición se debía a una mala práctica del médico durante la operación del quiste sinovial: no reconstruyó como era debido el tendón extensor del brazo izquierdo. Además, cortó el retináculo de la muñeca, una estructura que funciona como soporte y sostiene los tendones, el cual tampoco reconstruyó.
La vida de Isabel cambió por completo: resultó con una discapacidad, pues, derivado de malas prácticas del cirujano, perdió la movilidad casi completa de su mano y brazo izquierdos.
Ella, quien dice tenía una vida muy activa, se ha “acostumbrado a vivir con dolor”. Debido a su movilidad limitada ya no puede llevar a cabo actividades que le apasionan y que antes hacía de manera regular: ya no puede trasladarse sola por el peligro que implica manejar con una mano, ya no hace jardinería con la facilidad de antes, ya no juega basquetbol ni tampoco puede salir en bicicleta con su nieto o pasear a su mascota como acostumbraba.
Su manera de aseo personal y vestimenta tuvieron que acoplarse a su nueva condición: ahora usa zapatos de velcro, sin agujetas, y pantalones de preferencia sin botones.
Incluso, tras 39 años de matrimonio, ella y su esposo se vieron obligados a dormir en camas separadas para evitar que algún movimiento brusco lastime su brazo y muñeca.
Isabel asegura que no es la única víctima de quien la operó, pues durante su proceso localizó a seis personas más que también fueron afectadas por la negligencia de ese cirujano.
Millones de pesos por un dolor de estómago
Teresa no sabía que un fuerte dolor estomacal le costarían 2.5 millones de pesos en un hospital privado en Saltillo.
Ella ingresó el 6 de junio de 2023 al hospital Christus Muguerza, debido a una diarrea y dolor en el estómago. Ahí un médico internista le diagnosticó una aparente infección en el intestino causada por una bacteria. El doctor recomendó a la familia internarla para hacerle análisis de sangre y practicarle cultivos de heces con el fin de detectar qué tipo de bacteria le causó la infección.
Tras unos días de estar internada su estado de salud empeoró. Además del problema estomacal le diagnosticaron pulmonía, por lo que la intubaron. También le colocaron un marcapasos, pues según los médicos presentó un cuadro de debilidad en el corazón conocido como síndrome de tako-tsubo.
Pasó casi 10 días internada ahí. En ese lapso consumió la póliza de su seguro de gastos médicos, pues el hospital reportó un cobro de 2.5 millones de pesos. Sólo por día en terapia intensiva el centro médico hacía un cargo de 150 mil pesos.
Ya no era posible para la familia pagar su hospitalización, por lo que forzosamente fue trasladada a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde aún no han logrado estabilizarla.
La familia asegura que salió del hospital en estado de gravedad. Sin embargo, cuando ingresó no estaba en esa condición.
“Definitivamente la atención y la limpieza de un hospital privado nunca se compara con un hospital público, pero la atención médica y los gastos dejan mucho que pensar. En realidad, sentimos que fue un abuso el cobro tan excesivo. Ojalá se pueda hacer algo para regular a los hospitales privados que no tienen un parámetro en sus cobros”, pidió la hermana de Teresa, quien dio su testimonio a El Coahuilense Noticias.
Quejas y denuncias
Durante 2023 y hasta marzo de 2024 se presentaron 107 quejas contra centros médicos en Coahuila, 19 de ellas son clínicas privadas, según el Informe de Actividades de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (Coccam), organismo autónomo encargado de recibir quejas y denuncias de usuarios por irregularidades médicas en instituciones públicas y privadas.
En su informe, la Coccam también señala que la mayoría de las quejas a instituciones de salud privadas son contra clínicas dentales, y después le siguen las denuncias por tratamientos médicos o quirúrgicos.
La doctora Sofía Gil, comisionada médica de la Coccam, explica que la comisión es un medio alterno de conciliación y solución de controversias, y está encargada de atender las quejas relacionadas con la atención médica.
“Coccam se encarga de juntar a ambas partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio (…) Sin embargo, si no funciona, mediante un laudo arbitral la institución analiza y determina si hay mala práctica o no”, explica.
Sofía Gil expuso que a la Coccam llegan un número significativo de quejas contra instituciones de salud privadas por inconformidades administrativas laborales, como la falta de respuesta de sus seguros de gastos médicos mayores, cobros excesivos y solicitudes de sanción, retiro de cédula profesional y demanda penal, entre otras.
Sin embargo, al ser una queja no conciliatoria no le compete a la institución, por lo que los usuarios son remitidos a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o a la Procuraduría Federal del Consumidor para el tema de problemas con los seguros y costos elevados.
La comisionada médica aseguró que la Coccam no puede intervenir en casos de quejas por costos excesivos, debido a que no hay una ley que regule los precios en los centros de salud privados.
“Nosotros no podemos intervenir respecto de los costos en los centros privados, pues no existe una ley o algo que tabule cuánto debe costar una consulta y no está regulado”, aclaró.
Cobros excesivos y negligencias
El diputado local de Morena Alberto Hurtado, quien el 16 de abril último hizo un exhorto a la Coccam y a la Profeco con el fin de que intensifiquen la vigilancia y regulación de costos y negligencias médicas en clínicas privadas en el estado, expuso que esta problemática afecta principalmente a la clase media baja y media alta, y destacó la urgente necesidad de garantizar que los servicios de salud sean accesibles, seguros y justos.
“Los cobros excesivos en clínicas privadas constituyen una preocupación grave, especialmente en un país donde una gran parte de la población aún vive bajo el umbral de pobreza”, dijo Alberto Hurtado.
Explicó que los costos elevados no sólo impiden que los pacientes y familiares accedan a los servicios necesarios, sino también los puede llevar a un endeudamiento insostenible o incluso a la ruina financiera.
Aseguró que la quejas y denuncias formales contra instituciones privadas de salud son constantes, y señaló el caso del Centro Hospitalario la Concepción en Saltillo, que en abril de este año fue investigado por la Profeco debido a diversas denuncias por cobros excesivos y falta de transparencia en las tarifas.
En cuanto a las negligencias médicas, explicó que éstas abarcan desde errores de diagnóstico y tratamientos hasta la falta de seguimiento o administración incorrecta de medicamentos, que pueden derivar en problemas de salud irreversibles e incluso en la muerte.
Agregó que, pese a que la normativa que rige la práctica médica en el país está diseñada para proteger a los pacientes, “la ejecución efectiva de las leyes es irregular, y los mecanismos de rendición de cuentas a menudo fallan en castigar o incluso identificar a los responsables”, por lo que los casos de negligencia quedan en la impunidad.
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