Redacción El Coahuilense
Por Christian Luna
Saltillo, Coahuila.- La serie de denuncias que el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes Lozano, ha emprendido en los últimos ocho años está marcada por un afán litigioso que en algunos casos rayan en lo irregular por el empleo de recursos humanos ligados al propio instituto.
Los procesos impulsados por él están relacionados con denuncias laborales contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por el término de su ciclo como vocal secretario antes de dirigir el IEC; también con impugnaciones ante un decreto votado por el Congreso del Estado de Coahuila, que le reducía facultades administrativas y presupuestales dentro del IEC, y por un caso de intento de extorsión. La mayoría de las denuncias fueron interpuestas ante tribunales federales y fiscalías.
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El Coahuilense Noticias encontró 14 expedientes en los que Paredes Lozano aparece como actor dentro de la lista de conflictos interpuestos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esos expedientes están relacionados con tres juicios iniciados por el propio Paredes: el primero, durante 2016, debido a la orden de cambio de adscripción de vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva de Coahuila.
El segundo, durante 2023, por su conflicto personal contra el INE por no haber recibido indemnización tras su cese de funciones como vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva; y, el tercero, en 2024 en el cual Paredes denuncia ante el TEPJF una obstaculización del desempeño al ser cuestionado sobre los perfiles propuestos para ocupar cargos en el proceso electoral 2024 en Coahuila.
Cambio de residencia
Durante 2016 Paredes Lozano interpuso un recurso de inconformidad para comenzar con el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales, interpuesto ante el TEPJF debido a que el INE le solicitó trabajar en Coahuila.
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El expediente SM-JLI-0005-2016 contiene la sentencia definitiva que absuelve al INE ante este juicio. El instituto le pidió pasar de vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco al mismo cargo, pero en Coahuila.
El 13 de julio de 2016 la Junta General autorizó la adscripción de Paredes Lozano a Coahuila; nueve días después interpuso dicho recurso de inconformidad por este cambio de residencia alegando motivos familiares, mismos que fueron considerados insuficientes.
En entrevista, Paredes Lozano confirmó el caso y aclaró que el motivo fue la guarda y custodia de su hijo. “El hecho de mudarme a Coahuila me imposibilitaba dar seguimiento y desahogar todas las etapas procesales de un juicio de índole familiar”.
Con fines privados
Uno de los casos en el que Paredes empleó a personal del IEC para su defensa fue en su juicio contra el INE durante 2023.
El expediente SM-JLI-35/2023, registrado en el TEPJF, establece que Paredes Lozano presentó una demanda con la finalidad de reclamar un pago con motivo de la separación de su cargo ante el INE, lo anterior, después de 21 años de servicio.
Pese a que el caso es de carácter privado, de acuerdo con información obtenida por este medio el quejoso nombró como sus representantes legales a Manuel Mauricio Tamez Trejo –nombre que aparece en la lista de personal de base del IEC– y a Germán Rafael Barahona Pérez, quien figura en el directorio de servidores públicos del instituto como asesor. También empleó a su secretario particular, Juan Manuel Gámez Santillán.
Sin embargo, la magistrada instructora del asunto, Elena Ponce Aguilar, determinó que los tres funcionarios propuestos por el presidente del IEC para ser sus apoderados legales no justificaron contar con cédula profesional, situación que les impidió ser sus representantes legales.
Rodrigo Paredes buscó los documentos faltantes y el 16 de mayo de 2023 pudo acreditar como representante legal a su asesor del IEC Manuel Mauricio Tamez.
Desde ese momento la demanda laboral en segunda instancia continuó, pues cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
En un cambio de estrategia, el 22 de mayo el consejero presidente del IEC revocó a Mauricio Tamez Trejo como su abogado. Sin embargo, la demanda ya había procedido.
El empleo de recursos públicos contraviene lo estipulado en el Código de Conducta del IEC respecto de que los servidores públicos del instituto se conducirán con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio.
Al respecto, el presidente del IEC niega que se haya utilizado personal del instituto en dicho proceso y aclaró que se trata de un juicio de carácter reservado. Aseguró que el desahogo de la audiencia lo hizo con su propio derecho y representación en todas las etapas del juicio.
“No hay información pública al respecto y es un juicio de carácter reservado. Te puedo decir, como yo mismo lo he señalado en otras entrevistas, ningún funcionario del Instituto Electoral actuó en representación de un servidor. El desahogo de la audiencia, yo soy abogado, lo hice en propio derecho y en representación en todas las etapas del juicio”, agregó.
El pasado 27 de marzo, en sesión del Consejo General del INE, la consejera Dania Ravel informó que existen 18 casos de consejeros electorales locales sujetos al procedimiento de remoción; de esos 18, ocho están en “proyecto de revisión”. Ravel no especificó los casos, pero uno de ellos sería el de Rodrigo Paredes.
La consejera Ravel urgió a la Dirección Jurídica y a la Secretaria General del INE a resolver estos proyectos de remoción. “Quisiera que se pudiera agilizar esta revisión para que ya se presentaran los casos ante este Consejo General”, dijo.
Juicio electoral
El proceso legal más reciente ante el Tribunal es el expediente SUP-JDC-0174-2024- y su acuerdo SUP-JDC-0174-2024-Acuerdo1 relacionados con el proceso electoral local ordinario para la renovación de los ayuntamientos de Coahuila.
Se reclama una obstaculización del desempeño de Rodrigo Paredes Lozano al ser cuestionado por el secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Alberto Moreno Rodríguez, sobre los perfiles para ocupar diversos puestos durante dicho proceso.
Paredes remitió a los integrantes del Consejo General del IEC las propuestas de las personas que podrían ocupar las direcciones ejecutivas de Administración, Vinculación con el INE y los Organismos Públicos Locales (Oples), así como las unidades técnicas de Archivo y Gestión Documental y de Fiscalización para que fueran valoradas y discutidas.
Esa decisión fue cuestionada por el secretario ejecutivo del IEC por instrucciones de las consejerías electorales de Leticia Bravo Ostos, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes y Juan Antonio Silva Espinoza, pues varios de los puestos cesaban antes del término del periodo electoral.
Rodrigo Paredes presentó una demanda de juicio electoral local a fin de solicitar la inaplicación del artículo 43 del reglamento interior del instituto local, el cual dispone el procedimiento para cubrir las ausencias temporales y absolutas de los titulares de las direcciones y unidades técnicas de los Oples.
En ese juicio –dice Paredes Lozano en entrevista– lo que se buscó fue que el Tribunal revisara si el artículo estaba en concordancia con la normatividad federal nacional.
“Es un juicio contra un artículo del código electoral. Yo recurro al Tribunal Electoral pidiendo ese articulado y que esté en concordancia con la normatividad federal nacional. El Tribunal Electoral, y eso se lo señalé, y lo hicimos valer, y está claro ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el Tribunal Electoral local equivoca el sentido de la litis, en el sentido de que determina que Rodrigo Paredes está en contra de una determinación de una comisión de consejeros del Consejo General del IEC”.
De acuerdo con Paredes Lozano, esto se corrigió en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal donde se señala que en ningún momento está en litigio contra sus compañeros consejeros.
“Lo que yo estoy en desacuerdo, o estoy buscando que se aclare por el área o por la instancia jurisdiccional que corresponde, (es) si este artículo corresponde y tiene concordancia con lo que se establece a nivel federal”, añadió.
Al preguntarle si se trataba del artículo 43 del reglamento interior del instituto local, Paredes respondió que no tenía la información a la mano.
Caso de censura
Otro caso en el que el consejero presidente del IEC ha empleado a personal ligado al instituto es el proceso legal que emprendió contra esta casa editorial, El Coahuilense Noticias, tras la investigación de “La historia de un rocambolesco desfalco fallido”, firmada por el periodista Arturo Rodríguez. En esa publicación se describe una operación relacionada a un intento de desfalco por seis millones de pesos en detrimento del IEC.
En su calidad de persona física, Paredes Lozano solicitó su derecho de réplica y autorizó como abogada para recibir todo tipo de notificaciones a Melanie Alejandra Aguilar Grimaldo y expone como dirección: Hinojosa 567, colonia La Salle ampliación Kiosko, esquina con Lago de Chapala, en Saltillo, Coahuila.
Dicha ubicación corresponde al despacho de Elias Villalobos Alvarado, que se desempeñó como vocal ejecutivo en la Junta Distrital IV y de Distrito VII del INE en Coahuila y con sede en Saltillo, durante 2015, antes de la instauración del IEC como instituto.
Al respecto, este rotativo también buscó a Paredes Lozano, quien respondió que él desconoce a quién corresponde el inmueble.
“Supongo que ustedes ya hicieron la investigación de quién es el dueño o propietario. Yo a quien autorizo es a una persona (Melanie Alejandra Aguilar Grimaldo) que trabaja en un despacho jurídico”.
Impugnación al Congreso del Estado
El 19 de diciembre de 2023 la 62 Legislatura del Congreso de Coahuila aprobó el decreto 676 en el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral acotando las facultades de Rodrigo Paredes Lozano para regresárselas al secretario ejecutivo del IEC.
El 1 de enero de 2024 Paredes impugnó ante el TEPJF las decisiones tomadas por el Congreso, alegando una defensa de la autonomía de la institución y que las modificaciones ponían en riesgo el proceso electoral de este 2024.
El 18 de enero de 2024 el mismo TEPJF emitió un acuerdo para encauzar esta demanda al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TECZ), debido a que se incumplía con el principio de definitividad. Esto es, antes de que la denuncia llegara al TEPJF no se agotaron las instancias locales, por lo que fue remitida al TECZ.
El 20 de marzo último el TECZ publicó en su lista de asunto resueltos la resolución del expediente TECZ-JDC-02/2024 señalando que carece de competencia para resolver, enviando dicho expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, como tribunal constitucional, para que éste considere, o no, el decreto 676 como inconstitucional a escala local.
El proyecto en el cual no se resuelven las demandas de Paredes Lozano fue votado por unanimidad por los tres magistrados del TECZ, integrados por la magistrada Karla Verónica Félix Neira, Sergio Díaz Rendón, magistrado presidente, y el magistrado Alejandro Santos Contreras, el cual es el autor de la propuesta.
Sobre la impugnación el presidente del IEC explicó que él apela a las instancias correspondientes para resolver este tipo de diferencias de construcción de marco legales, en los cuales se desarrollan los procesos electorales.
“Considero que había una afectación a las atribuciones de la presidencia de un instituto electoral, y se apartan de lo que establece la Constitución Política y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Se parte de principios de legalidad y de constitucionalidad. En ese sentido, ni Rodrigo Paredes, a título personal o como presidente del instituto electoral o cualquier otra instancia de índole legislativa o administrativa, puede interpretar, por lo que la instancia correspondiente para revisar estos términos de legalidad y constitucional es un órgano jurisdiccional, y lo que se resuelva se debe de respetar nos beneficie o no nos beneficie.”, añadió.
Intento de extorsión
Otro de los litigios en los que está involucrado el presidente del IEC es la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), luego de que diera a conocer que una persona por medio de WhatsApp se hizo pasar por el exsecretario de Finanzas de Coahuila Blas Flores Dávila, y le solicitó un depósito de casi un millón de pesos a cambio de recibir recursos extraordinarios por más de 25 millones de pesos.
En marzo de 2023 el titular de la FGE, Gerardo Márquez Guevara, declaró que la fiscalía ya investigaba el presunto acto de extorsión. En el mensaje que recibió Rodrigo Paredes el presunto emisor le informó que el exgobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís habría autorizado una ampliación de recursos para el IEC por 25 millones 650 mil pesos y, para recibirlos, el IEC tendría que depositar a la Secretaría de Finanzas una donación de 980 mil pesos a la cuenta 646014206897598775.
Márquez Guevara explicó que se habían puesto en contacto con los encargados de la red social para rastrear al emisario del mensaje y dar con el paradero del supuesto extorsionador.
Al respecto, Paredes Lozano reconoció no tener más información sobre el proceso de investigación, además de la que proporcionó el fiscal a un año de haber interpuesto la denuncia.
“Ya tiene alrededor de un año en donde la fiscalía seguramente está realizando e integrando la carpeta de investigación y están a la espera de los resultados que aporte la propia fiscalía”, mencionó.
Al preguntarle qué tan común es que este tipo de litigios ocurran en los ámbitos electorales, aseguró que debería ser la regla, en una sociedad moderna, que se ajusta al Estado de derecho y llamó a que se abandone la visión de que los problemas se arreglan en lo “oscurito”.
“No debería de asustar el hecho de que un funcionario presente juicios, cuando de lo que se trata es de complementar, interpretar y de ajustar a la legalidad y a la Constitución”, respondió.
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