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Por Christian Luna
Aún se encuentran bajo investigación cerca de ocho de cada diez denuncias que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) interpuso en casi una década contra diferentes entidades ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Se trata de casos que documentan irregularidades por 10 mil 114 millones de pesos. Además, 44% de los casos está cerca de prescribir.
En su Informe de Seguimiento a los Resultados del Primer Semestre de 2023, la ASE publicó el estatus que guardan las 382 denuncias contra servidores públicos en el estado durante dicho lapso; de ellas –detalla el reporte–, 296 carpetas de investigación siguen abiertas, lo que representa 77% de ese universo.
En 82 de esos procesos se emitió la vista para recabar la opinión de la ASE previo a expedir una determinación definitiva de No Ejercicio de la Acción Penal por el Ministerio Público.
De los casos con una resolución sólo se encuentra una denuncia en etapa intermedia de 2014 y una abstención durante 2015 junto con un acuerdo reparatorio.
El único avance en la impartición de justicia fue contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 5, durante 2018, cuando se dictó un auto de vinculación contra los probables responsables, junto con la apertura del periodo para aportar pruebas en la investigación complementaria.
Sin embargo, se reservó el monto por el cual la ASE realizó la denuncia contra el sindicato magisterial.
Anomalías millonarias
Si bien las 296 carpetas abiertas sin resolución representan 77% de los procesos, el resto de las vistas, 22%, está relacionado con abstenciones, vinculaciones y acuerdos reparatorios.
Durante 2013, por ejemplo, las irregularidades denunciadas por la ASE representan 456.2 millones de pesos sólo a lo relativo del Poder Ejecutivo, que desembocó en una vista para recabar la opinión de la ASE, previo a emitir una determinación definitiva de No Ejercicio de la Acción Penal por el Ministerio Público.
En 2014 la cifra aumentó a 649.1 millones de pesos, con 70 denuncias a diferentes instancias y municipios, que terminaron en 66 vistas para recabar la opinión de la ASE por parte de la fiscalía, así como en dos carpetas abiertas, una investigación en etapa intermedia y una abstención.
En 2015 la cantidad de dinero en irregularidades casi se duplica al alcanzar los 970. 9 millones de pesos, que ameritaron 13 vistas para recabar la opinión de la ASE, así como 64 carpetas de investigación abiertas y sólo un acuerdo reparatorio en el municipio de Frontera, por 11.6 millones de pesos.
Ese año fue el que presentó más carpetas de investigación abiertas que siguen sin resolver, con 64, según la información que obra en el expediente de la ASE. En ese año se realizaron denuncias por 970 millones 965 mil 488 pesos.
En 2016 las irregularidades detectadas, y que ameritaron 63 denuncias, representaron dos mil 270 millones de pesos, que generaron dos vistas para recabar la opinión de la ASE y 61 carpetas de investigación que también siguen abiertas. Ésta es la primera vez que las anomalías detectadas superan la frontera de los mil millones de pesos.
De 2017 a 2021 se presentaron 169 denuncias, de las cuales sólo una terminó en vinculación para recabar pruebas, que es la relativa contra la Sección 5 del sindicato magisterial. El resto sigue en investigación.
La cifra total de estos años (2017-2021) supera los cinco mil 759 millones 260 mil 511.76 pesos, siendo 2019 el año donde el monto de las denuncias alcanza el tope del periodo reportado en el informe, con tres mil 411 millones 792 mil 587 pesos, dinero que supera, incluso, el presupuesto para la Secretaría de Salud destinado en un año.
Cabe resaltar que la mayoría de las denuncias fueron interpuestas a partir de 2018, incluso las que corresponden a las cuentas públicas de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Año de la cuenta pública
Cifra de irregularidades
2013
$465,265,958.74
2014
$649,102,065.00
2015
$970,965,488.90
2016
$2,270,366,091.34
2017
$811,340, 560.19
2018
$540,758,085.69
2019
$3,411,792 587.43
2020
$1,451,159,691.86
2021
$355,550,146.78
Cerca de prescribir
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares el plazo de prescripción será de siete años, considerados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.
De acuerdo con el plazo expuesto en dicha ley, estarían a punto de prescribir más de 169 denuncias contando las registradas a partir de 2017, mismas que representan 44% del total de las interpuestas en casi una década.
Las denuncias se derivan de faltas administrativas graves y los actos que vinculan a las mismas son el soborno, participación ilícita, el tráfico de influencias, utilización de información falsa o la obstrucción de facultades de investigación.
También se menciona colusión en contratos públicos, uso indebido de los recursos y la contratación indebida de exservidores públicos.
Otros datos que resaltan dentro del informe semestral es el de las investigaciones especiales provenientes de legisladores.
Entre esos casos destaca la denuncia interpuesta por el diputado federal César Flores Sosa, del PAN, contra el municipio de Saltillo por 22 millones 344 mil 27 pesos, la cual sigue en proceso.
También están otras dos investigaciones contra las secretarías de Finanzas y Salud por 410 millones 61 mil 771 pesos y por 64 millones 504 mil 424 pesos, respectivamente.
El asunto de Finanzas se remitió a la Dirección de Investigación, y la de Salud se emitió la vista para recabar la opinión de la ASE, previo a emitir una determinación definitiva de No Ejercicio de la Acción Penal por el Ministerio Público.
Ambas denuncias fueron interpuestas durante 2018, después de un punto de acuerdo de Jesús de León Tello en conjunto con los diputados integrantes del PAN de aquella Legislatura.
De 2018 a 2021 se realizaron siete mil 528 auditorías por parte de la ASE, de las cuales se notificaron cinco mil 272 faltas administrativas no graves a más de 140 entidades del estado de Coahuila por año.
De la cifra de faltas administrativas, sólo 79 órganos internos de control de las propias entidades emitieron una sanción correspondiente durante en ese lapso.
Lo anterior quiere decir que de las poco más de cinco mil faltas de ese tipo registradas de 2018 a 2019 sólo 0.014 % terminó en sanción.
De acuerdo con la definición de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la falta administrativa no grave son las que cometen servidores públicos cuya sanción corresponde a las secretarías y a los órganos internos de control.
Entre esas faltas se encuentran no cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, no denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones puedan representar una falta administrativa, tampoco atender las instrucciones de sus superiores, no presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, no registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información, y no colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, en su artículo 76 señala que los Órganos Internos de Control deberán informar a la ASE, dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibida la promoción de responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación respectiva o procedimiento contra algún servidor público por una práctica a su labor.
Con dos mil 346 vistas de presuntas faltas administrativas no graves, 2021 fue el año con menos sanciones, que ameritaron sólo una medida correctiva emitida por el órgano de control interno.
A la serie de denuncias por irregularidades financieras de las cuentas públicas correspondientes se le suman las multas por omisiones hacia los funcionarios responsables.
Se trata de 49 sanciones ligadas con la presentación de la Cuenta Pública y los Informes de Avance de Gestión Financiera y 154 multas por incumplimiento a requerimientos de información las cuales oscilan entre 19 mil y 21 mil pesos.
Avanza la impunidad
El investigador del Colegio de Frontera y experto en Administración Pública, Vicente Sánchez advierte que representa una lógica de impunidad el cuello de botella entre la ASE y la fiscalía estatal.
“La fiscalía tiene que hacer la indagatoria en términos penales; si ahí ya tiene elementos de prueba por parte de la acusación, pues habría que seguir el proceso”.
El investigador aclara que en México es muy común este tipo de fenómenos de corrupción e impunidad, debido a que aún se está fundando la pelea por la transparencia y rendición de cuentas.
“Hay toda una lucha, incluso a escala civil, porque se transparenten las cuentas. Es parte de una construcción que se ha venido dando, en esta transición a la democracia desde el año 2000 para acá, pero ya tiene 20 años”, dice.
Sánchez recomienda revisar qué tanto están montados los sistemas anticorrupción y si se ha llegado a los objetivos preestablecidos, además de darle el beneficio de la duda a la fiscalía estatal para saber si tiene los recursos suficientes para hacer frente a la problemática.
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