Redacción El Coahuilense
Según fuentes extraoficiales del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), existen documentos donde la extitular del Consejo, Gabriela de León, realizó modificaciones en partidas de recursos que no estaban autorizadas para fondear su liquidación
Conforme lo expuesto por el medio Vanguardia, la investigación, que tendrá lugar en la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila, considera que la extitular de dicho órgano modificó las partidas de recursos, previo a su salida, para obtener una liquidación de más de un millón de pesos.
Recientemente, el propio Instituto dio a conocer (como parte de sus documentos públicos) que, previo a su salida, la titular se aprobó una liquidación con siete conceptos por un total de 1.5 millones de pesos; que ya con deducciones resultaron en un depósito de 1.1 millones.
Este pago, que fue aprobado por la consejera presidenta, suma: 55 mil 284 pesos por sueldo proporcional, 31 mil 554 pesos por vacaciones no disfrutadas, 8 mil 544 pesos por prima vacacional y 219 mil 607 pesos por aguinaldo proporcional; así como 90 días de indemnización que equivalen a 491 mil 533 pesos, 20 días de sueldo por año que son 764 mil 907 pesos, y finalmente una prima de antigüedad por 16 mil 171 pesos.
Rodrigo Paredes Lozano, nuevo presidente del IEC, mencionó respecto al caso que se entregarían los documentos necesarios para que la contraloría interna revise si existieron irregularidades en esta situación.
Dichos documentos ahora en poder de la contraloría, revelan que la propia Gabriela de León fue quien solicitó movimientos en las partidas para lograr fondear el monto de 1.1 millones de pesos, y que presuntamente llegaron a afectar incluso a los ingresos del ejercicio del próximo año electoral.
En días previos, el mismo medio reveló que el proyecto de los montos para la liquidación de Gabriela de León, fue formado por la Coordinadora General de Proyectos Especiales del Instituto en ese momento, María Antonieta Gil Valdés, quien después de entregar el proyecto que fue aprobado por la misma presidenta, fue dada de baja y argumentó un “despido injustificado”.
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