Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Luego de 12 años de espera, los familiares de las víctimas de la Masacre de Allende tienen “esperanza” de que haya justicia y que los daños sean reparados. El pasado 21 de marzo, la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga admitió la demanda de amparo No. 440-2023 interpuesto por familiares de las víctimas. En ese documento exigen al Estado que los indemnice y compense por los daños sufridos en virtud de que la defensa de sus derechos fue omisa durante y posterior a los hechos, ocurridos en marzo de 2011.
“El amparo lo promueven las víctimas porque han sido lesionadas en sus garantías constitucionales, que están a su vez respaldadas por los acuerdos internacionales que ha firmado México en el sentido de que las víctimas puedan exigirle al Estado la responsabilidad cuando no actuó en su defensa conforme a las obligaciones y a las normas legales que lo obligan a defender a los ciudadanos”, puntualiza Jesús González Schmal, abogado de los familiares de las víctimas.
En principio la demanda de amparo –interpuesta en enero último– apuntaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) por incumplir su responsabilidad de garantizar los derechos de reparación de daños de los quejosos.
Sin embargo, el 13 de febrero la propia jueza Zúñiga hizo una “prevención” en la interposición del amparo. Consideró que la CNDH no era autoridad ordenadora debido a que no posee poder activo. En función de ello, fue suprimida de la demanda y sólo quedó la CEAV como ejecutora.
COMPROMISO INCUMPLIDO
El 18 de marzo de 2011 el grupo criminal “Los Zetas” perpetró una masacre en el municipio de Allende, Coahuila. Activistas, defensores de derechos humanos y familiares señalan que en ese evento fueron asesinadas más de 300 personas.
En 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, emitieron una disculpa pública hacia los familiares de las víctimas.
La demanda de amparo recuerda que durante dicho acto el subsecretario Encinas y la entonces secretaria Sánchez Cordero se comprometieron a cumplir la recomendación 10VG/2018 emitida por la CNDH, en donde se enlistan 44 puntos con distintas acciones para resolver el caso, además del cumplimiento de la reparación del daño, la garantía de no repetición y la fabricación del censo de
víctimas.
Sin embargo, no se le dio ningún tipo de continuidad al caso, no hubo cumplimiento y ninguna familia ha recibido la reparación material del daño, que consiste en la compensación económica a las víctimas y a sus familiares.
Por otra parte, desde 2021, cuando la CEAV abrió dos expedientes (CEAV/CIE/149/2020 y CEAV/ CIE/003/2021) relacionados con la reparación integral del daño, a las víctimas no se les ha brindado asistencia psicológica y psiquiátrica a la que tienen derecho. Además, éstas denuncian que la Comisión no cubre el total de los gastos médicos que le corresponde.
En enero pasado Yulana López Ibarra, Mónica Garza Villarreal y Eugenia Garza Villarreal, familiares de víctimas de Allende, interpusieron la citada demanda de amparo en busca de que la CNDH y la CEAV, y quienes hayan incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, se hagan responsables de manera penal por no haber atendido e indemnizado a las víctimas quejosas.
“Las víctimas, tienen la facultad de exigir al Estado que les indemnice y compense los daños que han sufrido en virtud de que el Estado fue omiso en la defensa de los derechos”, asevera González Schmal.
El 13 de febrero la juez Sandra de Jesús Zúñiga hizo la mencionada “prevención” para suprimir a la CNDH de la solicitud de amparo por no ser autoridad ordenadora y en el documento sólo quedó la CEAV como autoridad ejecutora.
Un mes después, el 21 de marzo, la misma juez –en representación del Poder Judicial de la Federación— admitió la demanda de amparo.
Previamente, en diciembre pasado, se presentó una queja ante el órgano interno de control de la CEAV para que ejecute una investigación de faltas y delitos de los servidores públicos que pertenecen a esta institución y que han atendido el caso de la Masacre de Allende. La queja exige que sean sometidos a los procesos penales y administrativos correspondientes.
“ESPERANZA”
Para Silvia Garza ̧ familiar de víctimas de la Masacre de Allende y quien lleva más de cuatro años exigiendo la reparación de daños, el hecho de que el amparo haya sido aceptado representa un gran avance y es un símbolo de “esperanza”.
“Que esté el amparo interpuesto para nosotros es un gran avance; para mí representa esperanza que podamos tener justicia, para tener reparación, saber que ya vamos avanzando, estamos más tranquilos”, externa.
“Que surta efecto la disculpa pública, porque no hicieron nada al final de cuentas. La disculpa pública habla de reparación integral, entonces esperemos que ya quede este año la reparación”, agrega.
La audiencia constitucional del amparo está programada para llevarse a cabo el próximo 14 de abril. Los familiares de las víctimas y su representante legal esperan que “todo marche bien”, y el amparo sea atendido por el Poder Judicial de la Federación en beneficio de las víctimas sin ningún tipo de revictimización.
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