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Piedras Negras, Coahuila.- Karina Martínez Jiménez, jueza de primera instancia en el Distrito de Río Grande, con sede en Piedras Negras, Coahuila, enfrenta actualmente un proceso de suspensión tras denunciar acoso, hostigamiento y violencia laboral, además de presentar un recurso de amparo contra la Reforma Judicial recientemente aprobada.
La medida ha resultado en una drástica reducción de sus ingresos y, según afirma, en una serie de represalias en su contra.
La jueza, conocida por su defensa de los derechos de las mujeres, declaró en entrevista que, a pesar de las dificultades, no abandonará su lucha.
“Dejaría de ser primeramente una mujer con firmes ideales de justicia si en este momento me retiro… lo que motivó el seguir, tengo hijas, tengo familia” expresó. La denuncia de Martínez comenzó el 3 de septiembre cuando reportó de forma verbal y luego por escrito acoso por parte del Administrador del Juzgado Oral, solicitando al Consejo de la Judicatura medidas de protección, que no se concretaron.
Posteriormente, el 9 de octubre, la jueza promovió un amparo contra la Reforma Judicial, que busca que los jueces locales sean elegidos por voto popular, un cambio que, a su parecer, comprometería la imparcialidad judicial.
“Era inminente que esta situación se iba a presentar… decidí promover el juicio de amparo para que se respetaran los derechos que tengo de trabajadora”, señaló.
A raíz de su amparo, Martínez ha enfrentado lo que describe como represalias, incluyendo su suspensión por acusaciones que, afirma, provienen del mismo funcionario a quien denunció por acoso. “Al día siguiente de mi primera audiencia, me notifican que me suspenden… por una cuestión de carácter urgente,” explicó, destacando que no se le dio información suficiente sobre el proceso que la involucra.
Martínez insiste en que su trayectoria profesional está libre de sanciones o cuestionamientos por actos ilegales. Sin embargo, tras la suspensión, dice haber sido objeto de ataques en medios locales. Aun así, mantiene su confianza en la justicia federal y espera que se respeten las resoluciones judiciales que protegen su derecho a no ser suspendida ni afectada en sus ingresos.
“Soy una mujer, soy madre, soy trabajadora… decidí denunciar aun cuando ya tenía amenazas de ‘bajarle o irme’,” sostuvo. Su lucha, asegura, va más allá de su caso personal y espera que otras mujeres no enfrenten situaciones similares.
Sobre la Reforma Judicial, cuyo recurso de amparo sigue en proceso, Martínez se muestra crítica y subraya que la elección popular de jueces podría comprometer su imparcialidad. “Antes de su aprobación se debió escuchar a los grupos de abogados, asociaciones y colectivos,” concluyó, subrayando la necesidad de una reforma que fortalezca la independencia judicial, sin socavar la objetividad de los juzgadores.
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Con información de Milenio. DA
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