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Por Katya González
Tras los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 38 migrantes perdieron la vida en un incendio, la diputada Mayra Lucila Valdés González hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación, a llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de que se castigue a los responsables.
La legisladora señaló que según datos del INM cada año ingresan a México aproximadamente 200 mil personas indocumentadas por la frontera sur, las cuales, durante su estancia o tránsito por México enfrentan altos riesgos de ser víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos.
“Cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional, independientemente de cualquier situación migratoria, goza de todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Estos derechos incluyen derecho a la vida y a la integridad personal, libertad de expresión, conciencia y religión, acceso a la justicia y debido proceso, y prohibición de discriminación, detención arbitraria, tortura, esclavitud y trata de personas,” puntualizó.
Explicó que en un video de una cámara de seguridad al interior de la estancia provisional se observa a los migrantes en una celda y que intentan, sin éxito, abrir una puerta con barrotes mientras el humo se esparce rápidamente y ninguno de los servidores públicos, ni los agentes de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta.
“La mala actuación de servidores públicos y titulares de las dependencias federales que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil. Deben ser sancionados de manera inmediata, pues evidentemente hay un delito grave. La responsabilidad legal recae completamente en los titulares de las instancias federales, pues el Instituto Nacional de Migración, es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, al corresponder a dicha Secretaría el formular y conducir la política migratoria, esto de conformidad a lo establecido por el artículo 27, apartado V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, aseguró.
Valdés González obtuvo el respaldo del Pleno del Congreso del Estado, para exhortar a la SEGOB y FGR, que se exponga y castigue a quienes resulten responsables de los hechos.
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