Ana Castañuela
Por Ana Castañuela y Arturo Rodríguez
A 12 años de haber iniciado sus operaciones en México, con sus plantas en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, la firma de origen brasileño Tupy se ha convertido en la más problemática de la región: ciudadanos indignados protestan en su contra debido a sus emisiones contaminantes, y trabajadores de sus plantas iniciaron un movimiento debido a los bajos salarios, tratos inhumanos y degradantes, despidos injustificados, pésimas condiciones de trabajo y otras violaciones a sus derechos laborales y sindicales.
Un paro de labores en su planta de Saltillo, a mediados de mayo último, dio paso a nuevas denuncias: los trabajadores que encabezaron o participaron activamente en el paro, acusaron que la empresa comenzó un proceso de liquidación con finiquitos inferiores a 50% de lo que por ley les corresponde.
No es todo: los dirigentes del sindicato que se emanciparon de la complaciente Confederación de Trabajadores de México (CTM), se duelen de acosos judiciales sobre ellos y sus familias, amenazas de violencia y la presunta inclusión en una lista negra laboral que les impide conseguir empleo en otras empresas.
Se trata de una fundición. Las plantas de Tupy producen monoblocks y otras piezas para motores automotrices que abastecen a diferentes armadoras. Sus procesos de producción han motivado, además de las movilizaciones ciudadanas, las denuncias de sus trabajadores por la presunta violación de normas oficiales relacionadas con seguridad e higiene.
Las denuncias han ido más allá de las movilizaciones y han llegado a los tribunales, pero las autoridades federales y estatales han sido incapaces de frenar mínimamente la operación irregular de la planta, particularmente la de Saltillo, sin ninguna explicación sobre las omisiones tanto en tareas de inspección del trabajo como en materia medioambiental.
El conflicto laboral
El 16 de mayo último los empleados de Tupy dejaron de trabajar. En su exposición plantearon que se trataba de una huelga. Sin embargo, las condiciones de la representación gremial y la falta de procedimientos hacían que ésta fuera ilegal. Fue por tanto un paro laboral.
El motivo del movimiento era concreto: los dirigentes sindicales, agremiados en la CTM, anunciaron el 28 abril que la empresa registró pérdidas y que en este 2024 no se realizaría reparto de utilidades. Sin embargo, apelando a la generosidad de la firma brasileña, “consiguieron” que el 1 de mayo se les otorgaría una utilidad por mil 600 pesos a cada trabajador.
Fue entonces que surgió el primer movimiento. Ese mismo 28 de abril los trabajadores realizaron un paro interno y no público para expresar su inconformidad. Urgiendo volver a la producción, la empresa prometió que el 15 de mayo entregaría un bono por 20 mil pesos. Los trabajadores regresaron a sus puestos y reactivaron la línea de producción. Pero Tupy incumplió.
Durante los días transcurridos entre el 28 de abril y el 15 de mayo, las demandas se ampliaron por las acusaciones de corrupción a los dirigentes sindicales, específicamente al secretario general, Armando Villegas Lara, así como al delegado cetemista Armando Flores de la Cruz, apodado “El Gato”. Ambos acumulaban otras inconformidades, como la cancelación de eventos que las empresas suelen realizar por los días del Niño, del Trabajo o de la Madre.
Trabajadores que han participado de manera destacada en el movimiento aceptaron hablar con El Coahuilense Noticias a condición de anonimato. Aseguraron que sobre los dirigentes del movimiento pesan amenazas de violencia, así como activación de casos ajenos a la empresa contra familiares en materia penal; es decir, aseguran que tienen presiones ministeriales orquestadas por la empresa en colusión con la Fiscalía General del Estado y jueces del fuero común.
Expusieron que había inconformidad contra los dirigentes sindicales y la empresa porque en la negociación del Contrato Colectivo el sindicato aceptó una cantidad mínima de incremento salarial de 5.5 por ciento. Desde que Tupy inició sus operaciones el incremento más bajo había sido 6.5% y en ningún caso la CTM consultaba a la base sobre la admisión de los aumentos.
En el paro del 16 de mayo las exigencias se formalizaron: el movimiento gremial condicionó a la empresa a cambiar el reconocimiento de la representación sindical, es decir, que sacara al sindicato cetemista. Durante la semana siguiente el paro se sostuvo y los trabajadores eligieron un nuevo comité sindical.
Una semana de “huelga” llevó a Tupy a un nuevo compromiso ya sin la mediación de los cetemistas: el pago de los prometidos 20 mil pesos, pero en tres ministraciones que se cumplirían con tres transferencias: una en mayo, otra en junio y una más en julio.
Los trabajadores volvieron a sus puestos, pero en las semanas siguientes el ambiente se enrareció, motivando una nueva manifestación.
“El Gato” y su pandilla
El regreso a las labores fue seguido de un proceso de liquidación de personal y la presión sobre los dirigentes independizados de la CTM para que claudicaran en sus demandas. La empresa inició una serie de maniobras para conseguir que la representación obrera regresara a los cetemistas.
Aún peor: no había pasado un mes desde el paro de mayo cuando iniciaron las denuncias por secuestro, argumentando que durante el paro precedente varios trabajadores cerraron instalaciones y mantuvieron retenidos a empleados. Como la exigencia del movimiento era económica, intentaron conseguir órdenes de aprehensión por secuestro.
Las denuncias, más que buscar una acción penal, sirvieron para iniciar liquidaciones. Dos de los dirigentes, identificados por sus apellidos, Toledo y Daniel, fueron despedidos. Amenazando a los liderazgos del paro con proceder por la vía penal, las liquidaciones iniciaron por debajo del 50 por ciento.
Los acosos continuaron, como lo expone el siguiente mensaje del 17 de junio que circuló en los grupos de WhatsApp del movimiento y cuyas capturas posee El Coahuilense Noticias:
“En las últimas horas estuvimos resolviendo y esclareciendo asuntos legales, esto por acciones en contra nuestra (y) contra nuestra familia. Nos reservamos por nuestra seguridad de más datos y las acciones que tomamos son para preservar nuestra propia seguridad. Todos estamos bien por ahora. Les agradezco su comprensión y reiteramos que la unión hace la fuerza”.
El mensaje fue enviado por los dirigentes del sindicato independizado quienes fueron liquidados en las horas siguientes. Un nuevo paro, de solo 12 horas, consiguió que las liquidaciones fueran del 100 por ciento. Daniel y Toledo salieron.
Los trabajadores empezaron a buscar que se realizaran votaciones por departamento con la idea de construir una nueva dirigencia. A través de diferentes vías supieron que la empresa intentaba reposicionar al sindicato cetemista que, por su parte, mantenía un activismo intenso entre los operarios con un delegado cetemista a quien sólo conocen por su apodo: “El Gato”.
Las elecciones convocadas para el 27 de junio, con los liderazgos mermados y la base laboral dividida, exponía una preocupación: que “El Gato y su pandilla tomaran de nuevo el sindicato”. Y lo consiguieron. Un comité provisional cetemista fue electo.
Desde el 16 de mayo los dirigentes del movimiento buscaron acercarse a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), conocida como “la CTM de Morena”. Sin embargo, la actuación de la central que dirige Pedro Haces, en su delegación Coahuila, sostiene un pacto de no confrontación con Tereso Medina Ramírez, dirigente estatal de la CTM.
A la cabeza de la CATEM coahuilense figura José Miguel Batarse, contradictoriamente a la razón de ser de esa central obrera, se trata de un lagunero, empresario y expanista sin antecedentes en actividades sindicales. La CATEM los ignoró.
La dirigencia estatal de la CTM ha sido aliada fundamental en la atracción de inversiones a la entidad, toda vez que los conflictos son nulos y la “paz laboral” se consigue mediante la promoción sindical de aceptar condiciones que en ocasiones son precarias, bajo la premisa de “conservar la fuente de empleo” como parte de una “nueva cultural laboral”.
La influencia y el poder de Medina Ramírez es implacable, pues inclusive logra conquistar cuotas de partido en cargos de elección popular, pero también cargos para sus incondicionales en los gobiernos, con tanta eficacia que la secretaria del Trabajo en la entidad, Nazira Zogbi Castro, quien ocupa el cargo por segundo sexenio, es considerada alfil del dirigente y cuota cetemista en las gestiones de Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez Salinas.
La relación de Zogbi Castro y Medina Ramírez con Tupy es notoria. Pocas veces han llegado a celebrar actividades de manera tan pública como lo han hecho con momentos clave de la relación obrero patronal con esa empresa y esta vez, la operación a través de “El Gato” ha sido insuficiente para resolver la conflictividad que va más allá de lo que sucede en Tupy.
Y es que ambos, funcionaria y cetemista, son señalados por los trabajadores como partícipes de listas negras laborales que impide a los despedidos ser contratados en otras empresas por considerarlos riesgosos para la estabilidad laboral.
Trabajo insalubre e inseguro
Las malas condiciones laborales, la falta de mantenimiento de diversas áreas y la insalubridad en la planta de Tupy fue expuesta por sus empleados, quienes aseguran vivir bajo un esquema de explotación y acoso laboral.
El 19 de junio último, en paralelo a las condiciones del movimiento laboral, trabajadores de la empresa compartieron imágenes y videos con El Coahuilense Noticias que ilustran las riesgosas condiciones de trabajo, la falta de mantenimiento y limpieza, inclusive de los sanitarios.
Un ejemplo: el 20 de junio, en medio de la contingencia por lluvias continuas ante la presencia de la tormenta tropical Alberto, una de las fotografías muestra cómo estaba inundada el área “Corazones”, dónde se terminan los bonoblocks.
“Corazones está inundado y aún así nos tienen trabajando”, fue el mensaje de uno de los operarios en uno de los grupos más grandes de WhatsApp del movimiento.
Pese a los riesgos que representa el funcionamiento de la maquinaria inundada, los trabajadores fueron obligados a continuar con sus labores ese día. Pero la inundación en el área fue apenas uno de los episodios de inseguridad y falta de higiene que se viven en Tupy, que opera sin inspección suficiente de las autoridades laborales.
En otro de los videos compartidos se ve cómo los trabajadores son expuestos a grandes cantidades de polvo y residuos tóxicos al recoger los remanentes de metal para limpiar las piezas; si bien cuentan con su equipo de seguridad la exposición constante a gases y químicos es impactante.
El área fue identificada como el sótano en el que cae la granalla, un material con el que se limpia lo manufacturado de la línea de producción. La granalla, según explicaron, cae a dicho sótano junto con las impurezas, pero la empresa suele reutilizarla por lo que la palean para regresarla al punto inicial causando polvaredas internas en la planta, como se aprecia en video.
La falta de limpieza y mantenimiento de los sanitarios para los operarios también es evidente, pues debido a la escasez de agua en el área no hay manera de descargar las tazas de baño y mingitorios, por lo que se ahí acumula la orina.
Además, no hay un dispensador de papel higiénico, los trabajadores tienen que tomar un rollo de papel que se encuentra en el piso con lodo causado por la suciedad y fugas de agua y orín.
Los contenedores para desechar la basura son envases de plástico partidos a la mitad, y el jabón para lavarse las manos está expuesto al aíre libre en un envase de pet abierto.
El agua con lodo y basura también inunda el área de los garrafones que se encuentran en el piso y los dispensadores de agua se encuentran ya oxidados por la falta de mantenimiento.
La situación fue expuesta en video por El Coahuilense Noticias el 21 de junio y la respuesta interna de la empresa surgió el día 24 mediante un comunicado en el que recordó que es una falta a la ética divulgar información:
“Siempre debemos tener presente que: sólo las personas autorizadas pueden comunicar información o hablar a nombre de la compañía; las relaciones con la prensa son responsabilidad del área de Comunicación y deben realizarse siempre con respeto y teniendo en cuenta la libertad de prensa; ningún empleado está autorizado a transmitir información de la compañía sin autorización previa de las áreas de Comunicación o Relaciones con Inversionistas”.
Ese mismo día, ya ni los baños pringosos quedaron en activo y con la puerta cerrada encontraron un “aviso importante”, en el que se lee que la culpa era del gobierno:
“Debido a una falla en el Sistema Municipal de Aguas de Saltillo, el servicio de baños estará con baja capacidad de uso durante los próximos dos días. Estamos trabajando internamente para solucionar a la brevedad”.
Los obreros decidieron protestar de otro modo: usando los baños del personal administrativo e ingenieros, cuyas condiciones son impecables.
Emisiones contaminantes
Edith Navarro quiso demostrar la contaminación de Tupy en la zona aledaña a la planta saltillense: colocó un imán sobre el piso y el magnetismo atrajo el polvo que se extiende sobre su vivienda.
Edith es vecina de la colonia La Salle y forma parte de un colectivo ciudadano que desde hace años intenta combatir las emisiones contaminantes de Tupy, rodeada por la mancha urbana que incluye a las colonias Virreyes, Omega y la ya mencionada La Salle.
Como Edith, al menos 33 familias han denunciado daños graves a su salud por las emisiones de Tupy. Sin embargo, después de haber emprendido numerosas acciones legales se han topado con una pared de acero institucional. En la acción más reciente, el Instituto Nacional de la Defensoría Pública los asesoró para emprender una acción colectiva contra la planta el pasado 12 de junio.
Las acciones de los colonos no tienen relación con lo que ocurre en el ámbito laboral. Y el reclamo se centra en los daños a la salud que se asocian con las emisiones de Tupy.
Los vecinos han mostrado los deterioros en los techos de sus vehículos carcomidos por los polvos corrosivos que expiden un aroma pestilente, especialmente por las noches.
La situación es tan grave en el contexto de alta contaminación que ha registrado Saltillo en los meses recientes. La calidad del aire se ha mantenido en extremo mala mientras que la Secretaría de Medio Ambiente estatal ha dejado de emitir reportes por la supuesta descompostura de varias de sus estaciones de monitoreo.
Coincidentemente, durante los días del paro de labores en Tupy, a mediados de mayo, la calidad del aire mejoró. Con el silencio estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal apenas si tiene actividad pues desde el inicio de la actual administración las delegaciones federales en los estados se redujeron hasta prácticamente desaparecer.
Y ese es uno de los aspectos que los dos movimientos, el de trabajadores y el de colonos, tienen en común, pues la Inspección Federal del Trabajo también fue severamente reducida, dejando a unos cuantos servidores públicos habilitados y sin una cabeza formal de la dependencia que, para el caso, ha dejado hacer y dejado pasar.
Sólo una funcionaria de Medio Ambiente estatal quiso comentar de manera anónima que “el problema con Tupy no es sencillo. Por un lado, está la contaminación que es evidente, aunque no esté medida; por el otro, la necesidad de sus productos en la región y los empleos que genera. Estamos en una encrucijada que aún no podemos resolver”.
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