Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Coahuila.- Hace 14 años, el 18 de marzo del 2011 el grupo criminal “Los Zetas” cometió una masacre en el municipio de Allende, Coahuila, en donde según activistas, defensores de derechos humanos y sobrevivientes, más de 300 personas fueron asesinadas.
A pesar de la emisión de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2018 y una disculpa pública en 2019, se han incumplido diversas obligaciones y hasta ahora no hay una reparación integral del daño para las víctimas.
FALTA DE REPARACIÓN DEL DAÑO
Silvia Garza Villarreal, quien huyó de Allende, Coahuila, para salvaguardar su vida y durante el episodio de 2011 perdió 12 familiares y en 2012 otros cinco, comparte que, a 14 años de los hechos aún vive con temor.
“Vivo luchando contra el gobierno por la reparación. Sí, tengo temor, tengo temor a no ser reparada, a que mis derechos sigan siendo vulnerados”, expresa.
Tiene más de cuatro años exigiendo la reparación integral de los daños a la Federación y al estado de Coahuila, pues ella y su familia perdieron su patrimonio a causa de la masacre: Los Zetas invadieron sus casas y sus ranchos con maquinaria pesada (de donde provenían sus ingresos), los saquearon, incendiaron y quedaron parcialmente destruidos.
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Compartió su frustración, pues hasta ahora ninguna víctima ha recibido la reparación material del daño ni se ha dado continuidad al caso, pese a que en 2018 la CNDH emitió la recomendación (10VG/2018) que públicamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y Olga Sánchez Cordero se comprometieron a cumplir.
Dicho documento enlista 44 puntos con diversas acciones para solventar el caso, además del cumplimiento de la reparación del daño, la garantía de no repetición y la fabricación de un censo de las víctimas.
“Me siento frustrada porque el gobierno ha sido hasta ahorita nuestro mayor verdugo, no nos dejan vivir en paz, no nos dejan cerrar el círculo”, dijo.
“En el 2019 se hizo la disculpa pública, ellos estuvieron ahí, vinieron a pedirnos disculpas, a ofrecernos su apoyo, a darnos esperanzas de que nos iban a reparar y pues no cumplieron nada de lo que dijeron en esa reunión”, agregó.
Fue hasta marzo del 2023 que la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga admitió la demanda de amparo No. 440-2023 interpuesto por familiares de las víctimas en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) por incumplir su responsabilidad de garantizar los derechos de reparación de daños.
En la demanda, las familias exigen al Estado que los indemnice y compense por los daños sufridos, pues la defensa de sus derechos fue omisa durante y posterior a los hechos ocurridos en marzo de 2011.
El 8 de enero pasado se dictaminó que la CEAV otorgara a Silvia Garza 350 mil pesos como reparación del daño, sin embargo, la víctima asegura que en la cifra no se consideraron los daños materiales, ni el daño moral de las víctimas desaparecidas ni de ella.
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“Nos dieron un dictamen demasiado burlesco para todo lo que perdimos. No tomaron en cuenta el costo de la vida de nuestros desaparecidos, ni los daños materiales, ni el lucro cesante, fue un dictamen basado en mentiras y no en lo que dice la ley general de víctimas, entonces no entendemos por qué hacen leyes si nos las van a cumplir”, dijo.
“Eso es todo lo que nos ofrecen, cuando nuestras pérdidas, eso no es ni la pérdida de una sola casa”, reafirmó.
Tras dicho dictamen, nuevamente Silvia Garza y su familia emitieron otra demanda de amparo, y actualmente están en espera de una respuesta de la juez.
Compartió que además en 2022 el exgobernador Miguen Ángel Riquelme les ofreció una compensación subsidiaria, sin embargo, hasta ahora está inconclusa, pues el monto que se les ofrecía era poco.
“El monto que nos estaban ofreciendo que también era muy ridículo. Tampoco va con la ley de víctimas, ahí vienen los montos que se debieron de haber tomado en cuenta”, asegura.
Compartió que buscará tener un acercamiento con el ejecutivo estatal Manolo Jiménez para solicitar su apoyo.
“Necesitamos hacerle saber y entender que ya tenemos mucho tiempo esperando que nos ayuden con eso y que ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poder obtener algo del Estado porque sufrimos bastantes daños en nuestras propiedades y vidas”, dijo.
IMPORTANCIA DE RECORDAR
Finalmente, Silvia Garza señaló la importancia de que a 14 años de la masacre se siga hablando del tema, pues la recomendación no se ha cumplido y aún no hay justicia para las víctimas.
“Sigue siendo importante que hablemos del tema porque todavía no hay justicia para nosotros, y porque siguen ocultando y minimizando el tema de Allende”, expuso.
“No fueron 5 casas, fueron bastantes, y de gente que no estábamos involucradas en ese círculo como para que tuviéramos que perder y cambiar totalmente nuestras vidas y destino y tener que migrar. No se me hace justo que estemos teniendo que rogar al Gobierno que nos cumpla por algo que se nos quitó, no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente que nos den lo que era nuestro”, finalizó.
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