Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
A casi 12 años de la “Masacre de Allende”, aún hay incumplimiento con las víctimas por parte de la federación y el estado de Coahuila, pues sigue sin haber una reparación integral de los daños. Las víctimas siguen sin recibir respuesta, a pesar de que en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, emitieron una disculpa pública.
El acto se llevó a cabo por una recomendación de 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (10VG/2018) que enlista 44 puntos con diversas acciones para solventar el caso, además del cumplimiento de la reparación del daño, la garantía de no repetición y la fabricación de un censo de las víctimas. En dicha recomendación se reconoce la desaparición de 42 personas durante el periodo 2011-2012. Sin embargo, activistas de derechos humanos y familiares comentan que probablemente hubo alrededor de 300 muertes.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y Olga Sánchez Cordero se comprometieron a cumplir la recomendación pero, a la fecha, no hay ningún tipo de continuidad o cumplimiento y ninguna familia ha recibido dicha reparación material, que consiste en la compensación económica a los familiares de las víctimas. El monto se determina con base en peritajes para establecer la cantidad que le corresponde a cada familia. Sin embargo, los peritajes aún no han concluido.
LA DISCULPA, “UNA BURLA”
Hace casi 12 años, el 21 de marzo de 2011, Silvia Garza Villarreal huyó de Allende, Coahuila, para salvaguardar su vida y la de su familia, pues “los Garza” eran el objetivo principal del grupo criminal Los Zetas. Durante el episodio de 2011 Silvia perdió 12 familiares y en 2012 otros cinco que fueron secuestrados cuando decidieron regresar a Allende, entre ellos su padre junto a su esposa, sus dos medios hermanos y un hermano.
Silvia lleva más de cuatro años exigiendo la reparación integral de los daños a la Federación y al estado de Coahuila, pues ella y su familia perdieron su patrimonio a causa de la masacre: Los Zetas invadieron sus casas y sus ranchos con maquinaria pesada (de donde provenían sus ingresos), los saquearon, incendiaron y quedaron parcialmente destruidos. En el transcurso de los años, su familia también perdió dos propiedades que fueron hipotecadas y cuyos pagos ya no pudieron realizar debido a la significativa pérdida de bienes materiales durante la masacre.
En 2014 hizo la primera denuncia ante el Ministerio Público para que quedara sin efecto la hipoteca de uno de sus ranchos, porque estaba en riesgo de perderlo. Durante el 2017 comenzó a exigir justicia en compañía del colectivo Familias Unidas, al que actualmente ya no pertenece, pues mencionó que a partir de la disculpa pública la propia organización “se encargó de sabotear y silenciar” a los familiares de las víctimas.
Así, desde 2018 y por cuenta propia, Silvia ha estado solicitando, junto con uno de sus familiares, el dictamen del expediente para la reparación de los daños. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta por parte de Encinas. “No nos contestan. Les preguntamos qué papel nos falta, qué necesitamos, y no nos contestan. Fue una burla la disculpa pública que ofreció Olga Sánchez Cordero en 2019. Ella y Alejandro Encinas dijeron que nos iban a reparar, que iban a hacerse responsables, que iba a haber justicia, pero no cumplen”, expone Silvia en entrevista con El Coahuilense.
Ella exige la reparación de daños materiales, además de daño psicológico, moral y de revictimización por parte del gobierno. El pasado 5 de octubre, ella y otras víctimas enviaron una carta a la Subsecretaría de Derechos Humanos en la que expresan su incertidumbre por el incumplimiento de la reparación de los daños.
Considera que en su caso el silencio institucional se debe a que la reparación es significativa, pues estima que la cifra de daños es de aproximadamente 100 millones de pesos. Aseveró que la reparación es sin precedentes para el Gobierno Estatal y Federal, porque ellos participaron por omisión y permisión. “Si estuviéramos en Estados Unidos tendríamos una reparación de millones de dólares como lo valuó un juez de Dakota del Norte para el caso de los LeBaron, que ni siquiera tuvieron pérdidas materiales por desarraigo como las de mi familia”, comentó.
Hasta 2021, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abrió dos expedientes (CEAV/CIE/149/2020 y CEAV/ CIE/003/2021) relacionados con la reparación integral del daño. Sin embargo, la CEAV no ha cumplido eficientemente con su compromiso, pues a las víctimas no se les ha dado acceso a la asistencia psicológica y psiquiátrica a la que tienen derecho, además de no cubrir el total de los gastos que le corresponde. Silvia asegura que las causas de dicho incumplimiento son burocráticas.
Además, las instituciones gubernamentales siempre tienen el presupuesto recortado, y no hay fondos en el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE) que emitió el ejecutivo de la entidad en mayo del 2017.
REVICTIMIZACIÓN
Las omisiones y la corrupción, sostiene Silvia, comenzaron desde el principio, cuando Los Zetas irrumpieron en Allende y se hicieron varios llamados de auxilio a la policía municipal, estatal y federal, e incluso al Ejército, sobre los secuestros masivos y los asesinatos, pero fueron ignorados. El entonces comandante de Guarnición en Piedras Negras, Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de Defensa Nacional, se deslindó de los hechos, declaró no saber nada, y sostuvo que el Ejército se encontraba fuera de Allende cuando ocurrió la masacre.
“Como yo les digo: si tú vas a una tienda y quiebras algo, lo pagas. El gobierno lo permitió, estuvo involucrado en todos sus niveles para que esto sucediera, porque ellos sabían lo que estaba pasando en Allende”, expone Silvia.
Comenta que el actuar de las autoridades ha provocado la revictimización de las familias. Confiesa que la lucha por la reparación de daños provoca que “se le vaya el sueño” e incluso uno de sus familiares desarrolló una enfermedad autoinmune debido al estrés crónico derivado de los hechos, la impunidad y la frustración que genera el gobierno en las víctimas.
Aquí en el caso de nosotros el gobierno está involucrado, y a mí eso me genera mucha frustración, que no haya organismos internacionales que quieran involucrarse en la justicia por el grado de crimen que se vivió, el terror”, destaca.
Asevera que muchas de las víctimas de la recomendación de la masacre no están exigiendo su reparación pues para ellos es conveniente el apoyo que les da la federación mensualmente: alrededor de 10 mil pesos por víctima desaparecida. “
A ellos no les conviene la reparación, porque son personas que a lo mejor no estaban dados de alta en el IMSS, no tienen mucho que reclamar legalmente en el caso material, a ellos no les conviene (…) Las víctimas están tranquilas con lo que reciben mes con mes, están ganando casi 40 mil por mes, un dinero que ellos no veían antes”, explica.
Muchos otros que aún residen en México decidieron no exigir y guardar silencio por temor a las autoridades, pues perdieron su confianza en ellas por las omisiones a los llamados de auxilio durante la masacre de Allende. Al cierre de edición, la Subsecretaría de Derechos Humanos no se ha pronunciado, ni ha dado respuesta a las víctimas.
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