Nellie Burgos
Por Nellie Burgos
Demandas laborales, manifestaciones y paros de labores marcaron el cierre de gestión en municipios cuyas nóminas, prestaciones e indemnizaciones por despidos se volvieron impagables y se han convertido en un lastre anunciado para las próximas administraciones como lo fueron para las salientes.
El asunto es un círculo vicioso: al concluir una administración hereda cientos de empleados de confianza que el alcalde entrante despide, enfrentando juicios laborales; al mismo tiempo, reemplaza a los trabajadores despedidos con nuevos empleados y, al llegar al cierre de administración, debe pagar los juicios volviendo impagable la nómina municipal que hereda deuda y litigios bajo las mismas condiciones en que recibió.
En este año los municipios que enfrentan los peores problemas son aquellos en los que los presidentes municipales no lograron la reelección. El origen partidista es indistinto. Son gobiernos emanados del PRI, del PAN y de Morena los que tienen pasivos tan grandes que han llegado al congelamiento de cuentas, la parálisis en servicios y solicitudes de rescate que, al menos en un caso, por haber sido aportado por un particular, ponen en duda la legalidad de la solución.
Las deudas de Mayito
Desde mediados de año, apenas pasadas las elecciones del 2 de junio, el ayuntamiento de Múzquiz, presidido por Tania Flores Guerra, y el de San Juan de Sabinas, encabezado por Mario Alberto López, Mayito, comenzaron a despedir empleados. Los afectados iniciaron litigios laborales. Entre los dos municipios eran más de 500 personas las que iniciaron demandas ese mismo mes.
Para entonces las demandas procedentes de 2022, cuando iniciaron sus gestiones, empezaban a impactar las finanzas. Por ejemplo, el pasado 10 de septiembre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado ordenó el congelamiento de cuentas del ayuntamiento de San Juan de Sabinas tras dictar sentencia favorable a unos 200 trabajadores que habían interpuesto demandas por despidos injustificados y diversas violaciones a derechos laborales realizados a principios de 2022.
El monto embargado ascendía a tres millones de pesos, conforme al expediente 498/2022 Tomo II, para garantizar las liquidaciones de los trabajadores despedidos por Mayito.
Mayito, alcalde emanado de Morena, era conocido por despilfarros y shows, como arrojar billetes a la multitud durante la celebración de sus cumpleaños, los cuales era amenizados por grupos musicales famosos y una verbena popular. Pero al cierre de gestión y sin reelección, las arcas estaban vacías.
El congelamiento agravó la situación del municipio pues los adeudos al personal se habían acumulado varias quincenas e inclusive se debía el aguinaldo de 2023 a trabajadores sindicalizados, quienes, sin embargo, estaban temerosos de manifestarse debido a las amenazas de violencia y hostigamiento por parte de funcionarios municipales.
El personal despedido era en su mayoría de confianza y contratado al iniciar la administración, de manera idéntica a lo que ocurrió en Monclova, Múzquiz, Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias y Nava, municipios que han enfrentado también problemas por falta de recursos para pagar nómina, prestaciones y, en el caso de los despedidos, las liquidaciones conforme a la ley.
El asunto se convirtió en tema del Legislativo, cuando la exdiputada de UDC, Norma García, realizó un exhorto a poner orden en las finanzas municipales y establecer candados para evitar la herencia de cargas extraordinarias en los presupuestos derivados de los conflictos laborales, poniendo como ejemplo los casos de San Juan de Sabinas, Múzquiz y Nava.
La policía en protesta
El pasado 19 de diciembre, un contingente de la policía estatal llegó a la plaza principal de Múzquiz donde otro contingente, pero de policía municipal, protestaba por la falta de pago de nómina y aguinaldo.
La intervención tuvo como propósito desarmar a los manifestantes, pues dada la indignación era un riesgo que permanecieran portando sus armas de cargo, además de que en los hechos estaban en paro.
El operativo, instruido por el fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez, transcurrió sin sobresaltos y la seguridad municipal quedó en manos de la policía estatal.
Desde semanas antes los adeudos despertaron el malestar y fueron los policías los que organizaron el reclamo; éste incluyó a trabajadores municipales que también realizaron algunos paros. La alcaldesa Tania Flores Guerra acusaba politización y un día antes, el 18 de diciembre, anunció que pagaría los adeudos con dinero donado por su hermano, el diputado Tony Flores.
Desde el 12 de diciembre al ayuntamiento se le habían congelado cuentas por unos 3.5 millones de pesos para garantizar las liquidaciones de unos 150 trabajadores despedidos en 2022. Pero desde la última semana de junio ya enfrentaba las protestas por el despido de 400 empleados que se manifestaron en la Presidencia Municipal y fueron desalojados por la policía.
La policía, sin embargo, empezó a padecer de lo mismo y, de acuerdo con empleados, fueron los policías quienes organizaron las protestas de diciembre.
Para los adeudos de nómina el gobierno del estado anunció una bolsa especial para cumplir obligaciones en San Juan de Sabinas y Múzquiz. Un respiro que, sin embargo, deja aún pendiente para las administraciones entrantes: los litigios de cientos de despedidos en junio y otros tantos que se fueron sumando en el segundo semestre de 2024.
El desastre en La Laguna
El asunto no es privativo de la Región Carbonífera, pues las protestas por despidos masivos se han registrado también en La Laguna, principalmente en Francisco I Madero, con 120 despidos, y Matamoros, con 250 bajas.
El 20 de diciembre los trabajadores sindicalizados de Francisco I Madero tomaron la Presidencia Municipal y cerraron la calle principal. Este conflicto se sumó a otro que ya enfrentaba la administración de Darinka Guerra, alcaldesa sustituta del morenista Jonathan Ávalos: un desfalco por el fondo para medicamentos, presuntamente perpetrado por la dirigencia sindical.
Ese desfalco fue el detonante para denunciar el incumplimiento del pago de la última quincena y del aguinaldo pactado en el contrato colectivo de trabajo.
Ávalos, alcalde con licencia, fue quien salió a responder sobre el asunto y no la alcaldesa Guerra. En declaraciones a El Siglo de Torreón, el 21 de diciembre, acusó que el sindicato no era legal. Así, justificó que el contrato colectivo que firmó era improcedente porque el sindicato no había entregado la toma de nota. Sostuvo que el problema estalló porque ese día a los trabajadores se les iba a aplicar un antidoping. Finalmente, acusó un problema político para desestabilizar la administración. De los recursos, nada.
En Matamoros, el alcalde de extracción priista, Miguel Ángel Ramírez López, El Charro, realizó desde octubre un recorte de 250 empleados debido a la falta de liquidez en el municipio.
Ahí la inconformidad se expresó principalmente en redes sociales cuando a los empleados municipales les llegó la última quincena de septiembre con un descuento injustificado de entre 500 y mil 500 pesos. Era eso o más despidos, justificó El Charro, evitando así la protesta del personal.
Monclova, despidos escalonados
Desde junio, una vez que el actual alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, de extracción panista, fue derrotado en su intento de reelección, un despido escalonado, de 40 en 40 trabajadores, suma alrededor de 400 desempleados.
El manejo de los despidos, siendo escalonados y aparentemente conforme a la ley, no generó conflicto ni movilización. No obstante, el proceso de entrega recepción mantuvo oculta mucha información sobre las finanzas, así como sobre las demandas laborales que heredará el futuro presidente municipal, Carlos Villarreal.
Este círculo vicioso fue explicado en su oportunidad por la exdiputada udecista Norma García Mariscal, quien advirtió desde septiembre, cuando aún ocupaba una curul (se desempeñó un año como suplente de Zulmma Guerrero), del tufo clientelar que emanaba del abultamiento de nóminas. (El Coahuilense Noticias No. 46).
Y es que, la práctica común de un ayuntamiento a otro, especialmente si cambia de partido, es contratar a quienes operaron electoralmente o forman parte de su estructura, de manera que las contrataciones son pago de favor que vence al concluirse una administración en la que generó derechos susceptibles a reclamo, mientras que la entrante llega con su propio ejército de empleados que le hicieron ganar la elección, en un ciclo por lo visto interminable.
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