“No vamos a proteger a nadie”: Octavio Pimentel, rector de la UAdeC

septiembre 18, 2024
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Por Arturo Rodríguez García

Saltillo, Coahuila.- La llegada de Octavio Pimentel Martínez a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se vio empañada por un incipiente movimiento de protesta y, sobre todo, por una serie de auditorías que, junto con recortes presupuestales, tienen a la casa de estudios en crisis financiera.

Esta crisis ocupa hoy los días del rector quien, en entrevista con El Coahuilense Noticias, admite la situación de las auditorías y su urgencia por solventar las observaciones -o, si es el caso, fincar responsabilidades-, sanear la economía de la universidad y obtener nuevos financiamientos.

Se trata de unos 4 mil 500 millones de pesos que han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como lo publicó El Coahuilense Noticias en su edición No. 45.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie, no vamos a tolerar situaciones irregulares de ninguna índole; pero creo que mucha de la información está en la universidad y se solventará para que esto ya no crezca en otras auditorías”, dice.

Las observaciones abarcan el periodo de 2018 a 2023. Para solventarlas un equipo de la UAdeC creado ex profeso hace acopio de datos en los archivos; tiene el objetivo de resolver el asunto antes de que concluya el año, conforme a los tiempos establecidos por la normatividad y la ASF. 

Hay también observaciones que ya no pueden atenderse por el paso del tiempo, por lo que Pimentel Martínez advierte: “Lo que ya no esté por solventar está fuera de la universidad y se fincarán responsabilidades a quien resulte responsable por parte de la autoridad”.

De acuerdo con el entrevistado, muchas de las observaciones tienen que ver con el desfase entre normatividades vigentes y una falta de actualización en la legislación universitaria. La pasada administración, a cargo de Salvador Hernández Vélez, avanzó en la actualización de los marcos normativos, pero Octavio Pimentel advierte que además de eso deben actualizarse los procesos que tiene la universidad.

De entrada, asegura, han solicitado que las auditorías se realicen casi en tiempo real; es decir, mes a mes, con el propósito de resolver las dudas a la brevedad.

La sucesión y la crisis

Antes de que iniciara el proceso formal de elección de rector, los grupos políticos universitarios comenzaron sus movimientos, especialmente después de que Octavio Pimentel se destapara como aspirante en marzo de 2023, prácticamente un año antes del relevo.

Con golpes bajos y golpes por debajo de la mesa, los grupos llegaron a un acuerdo en febrero, cuando Pimentel se registró como candidato único sin oposición. No obstante, el movimiento de un grupo reducido de alumnos le empañaron el proselitismo: lo acusaron de violencia de género y, una vez realizadas las elecciones, el grupúsculo cerró el bulevar Venustiano Carranza.

La protesta y las acusaciones no cuajaron. Pero los golpes bajos continuaron, por lo que, una vez que Pimentel asumió la rectoría, se desataron las especulaciones sobre una venganza política encauzada por el rector quien, sin embargo, descarta que exista cacería de brujas.

-¿Su antecesor y su equipo se robaron 4 mil 500 millones de pesos?, se le pregunta.

-Cuando vienen los auditores hacen una revisión y, con base en sus resultados, realizan observaciones. Muchas de éstas eran por falta de comprobación, falta de información y soporte de las facturas pagadas. 

“Si falta información, hay que solventarla y para hacerlo hay que entregar lo que se tiene. En muchos de estos procesos falta información complementaria para la entrega de las observaciones. Nuestro papel es ir a los archivos y extraer esa información, integrar y dar respuesta sobre la forma en que se ejerció el recurso”, dice Pimentel Martínez.

Añade:

“En donde no se tiene, la universidad debe informar a la auditoría y, en su caso, ellos dan vista al Ministerio Público para que proceda a fincar responsabilidades. Lo que tenemos no quiere decir que se erogaron 4 mil 500 millones y tuvieron un destino diferente al presupuestado, sino que en muchos casos falta información”.

El problema, según Octavio Pimentel, radica en que al no resolver observaciones se complica el acceso a otros financiamientos, presupuestos y fuentes de ingreso, por lo que su urgencia es sanear las finanzas y transparentar los procedimientos de gasto.

“Las auditorías, claro está, afectan la capacidad de acceso a fondos y por eso estamos en el proceso de sanear, para poder acceder a otras fuentes de financiamiento. Nos ha ido muy bien con la subsecretaría de Educación Superior federal, así como con el gobierno del estado, pero si queremos mejorar nuestra oferta educativa, elevar la calidad e inclusive, relacionar a los estudiantes con el sector productivo, tenemos que resolver los pendientes”, asegura.

Auditorías y política 

Las revisiones a varios ejercicios fiscales no sólo provienen de la ASF o la Auditoría Superior del Estado, sino que la propia Contraloría Universitaria mantiene abiertos varios expedientes inclusive sobre escuelas, facultades y otros institutos.

El caso más sonoro ha sido el de la Facultad de Jurisprudencia de la Unidad Saltillo por la presunta identificación de irregularidades en por un monto de entre 17 y 21 millones de pesos.

Dicha facultad ha estado en el ojo público debido a que su director, Alfonso Yáñez Arreola, uno de los aspirantes frustrados a la rectoría, se ha visto implicado en intrigas y filtraciones a medios. 

-¿Hay motivación política en el ánimo de auditar?, se le pregunta al rector en referencia al caso de Jurisprudencia.

-No tenemos ningún compromiso con nadie. La comunidad universitaria exige congruencia, responsabilidad, transparencia y voluntad en el buen uso de los recursos de la universidad en el nivel que sea. 

“Lo he dicho firme, lo he dicho con responsabilidad: en esta universidad no vamos a proteger a nadie; quien resulte responsable de alguna situación que se haga cargo”. 

-Pero habrá quien diga que audita con intencionalidad política, se le comenta.

-Posiblemente -admite-, pero en el caso de la Facultad de Jurisprudencia la auditoría no la empezó esta administración sino la anterior, y lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que tenemos que hacer.

Añade:

“Te podría decir que eso es lo que se ve ahorita en medios, pero hemos auditado otras 15 escuelas o facultades, institutos y hospitales. Por ejemplo, es la primera vez que se audita el Hospital Universitario de Torreón y han surgido datos importantes que nos ha llevado a tomar decisiones importantes para mejorar la calidad de los servicios médicos y solventar parte de los problemas”.

-¿El movimiento sindical que ha nacido ahí tiene relación con los resultados de la auditoría?

-Sí. Primero, motivado por otros intereses políticos de fuera de la universidad; y segundo, porque es parte de las inconformidades que tiene el personal debido a que la universidad no se había metido a ver las situaciones laborales que tienen nuestros compañeros.

“Hay que entrarle a eso, dialogar con ellos y estoy seguro de que podemos realizar una reingeniería importante en tabuladores y nómina para apoyar a los compañeros universitarios.

“Si bien es cierto que soy rector por el voto de los universitarios, también lo soy de los trabajadores y mi compromiso es sanear, no con dolo sino para cumplir el requisito de auditar a las escuelas y facultades, sancionar a quien deba sancionarse y transparentarlo todo”.

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