Redacción El Coahuilense
Por Ana Castañuela
Opacidad en el ejercicio de recursos públicos y carencia de comprobantes de egresos son algunas de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos de Coahuila (FAETA) durante el ejercicio fiscal 2021.
En su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 la ASF emitió dos recomendaciones al Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y también sobre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). El órgano fiscalizador determinó que el gobierno de Coahuila incumplió con obligaciones de transparencia.
En 2022 la ASF auditó los recursos del FAETA aportados por la federación al gobierno del estado durante el ejercicio fiscal 2021 por 308 millones 894 mil de pesos.
El FAETA es un programa que destina recursos humanos, materiales y financieros al IEEA y al Conalep del estado para que puedan ofrecer servicios de educación tecnológica y para adultos.
Durante el ejercicio fiscal revisado, Mario Cepeda Villarreal (actual subsecretario de Desarrollo e Inclusión en La Laguna, e hijo del profesor Mario Cepeda Ramírez) era el director general del IEEA de Coahuila, instituto que ejecutó los recursos del fondo.
Sobre el padre de Mario Cepeda Villarreal, El Coahuilense Noticias reportó en su edición 51 que las autoridades estatales investigan un desfalco millonario en el sistema que abastece de agua a las áreas rurales de Torreón Matamoros y Viesca, bastión que encabeza el propio profesor Cepeda Ramírez.
Sin comprobar gastos
En el periodo auditado Alfio Vega de la Peña llevaba dos años frente a la dirección del Conalep de Coahuila, institución que continúa dirigiendo.
De acuerdo con el resumen de Resultados, Observaciones y Acciones del informe de la ASF, se emitieron 15 reportes de los cuales en 11 no se detectaron irregularidades y dos fueron solventados por la entidad fiscalizada.
Sin embargo, dos observaciones restantes no fueron aclaradas o justificadas por lo que se consideraron como “no atendidas” y generaron dos recomendaciones: la ASF-681-CP2021- CIAOIC-DPIA-032-2022 y la 2021-A-05000-19-0681-01-00.
Mediante una consulta en la página del Servicio de Administración Tributaria la ASF verificó la vigencia de 71 mil 793 comprobantes fiscales emitidos por un monto de 221 millones 148 mil pesos, de los cuales 192 millones 430 mil correspondían a servicios personales, y 28 millones 710 mil a materiales, suministros y servicios generales.
No obstante, el IEEA de Coahuila no presentó los archivos en formato Lenguaje de Marcado Extensible (XML) de las facturas para comprobar egresos por un monto de 83 millones 196 mil pesos.
En las operaciones del Conalep la ASF identificó que 13 comprobantes fueron cancelados por 34 mil pesos, y tampoco contaban con los archivos en formato XML de las facturas para la comprobación de los egresos por un monto de cuatro millones 550 mil pesos.
Derivado de ello la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente número ASF-681-CP2021- CIAOIC-DPIA-032-2022.
En el transcurso de la Auditoría el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado entregó diversos archivos XML, pero no se relacionaban con lo observado, por lo que la ASF no pudo generar una recomendación.
El Conalep acreditó que de los 13 comprobantes fiscales 11 se reexpidieron y se encuentran vigentes, y otros dos se reexpidieron en 2022; además proporcionó 94 archivos XML. Sin embargo, la Auditoría Superior determinó que eran “ilegibles”, por lo que no se hicieron válidos.
Tras las faltas se emitió la recomendación ASF-681-CP2021- CIAOIC-DPIA-032-2022, en la que la ASF recomendó al gobierno de Coahuila, al IEEA y al Conalep “instrumentar los mecanismos de control necesarios para verificar la vigencia de los comprobantes fiscales en la página del SAT, en virtud de que no se pueden corroborar por la falta de legibilidad, a efecto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos para asegurar la confiabilidad de los registros presupuestales y contables”.
Opacidad sobre el erario
Durante la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA durante el ejercicio fiscal auditado, relacionados con la transferencia de recursos al gobierno de Coahuila, la ASF determinó que carecía de calidad y congruencia la información remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los formatos Ejercicio del Gasto e Indicadores.
Según la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno estatal remitió a la SHCP los cuatro trimestres de los formatos Ejercicio del Gasto e Indicadores que fueron publicados en sus medios oficiales. Sin embargo, el formato Ejercicio de Gasto presentó diferencias respecto de los reportes financieros emitidos por la entidad fiscalizada.
Por ello se emitió la recomendación 2021-A-05000-19-0681-01-002, en la que se solicita al gobierno del estado, y en específico al Conalep y al IEEA que “realicen las gestiones correspondientes con el objetivo de actualizar la información en el Portal Aplicativo de la SHCP, con el propósito de que sea congruente con lo reportado en los reportes financieros emitidos por la entidad fiscalizada, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo”.
Además de la observación emitida, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que el gobierno estatal incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo por la falta de coincidencia del formato de Ejercicio del Gasto con los reportes financieros emitidos.
“En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal y del Código Fiscal de la Federación”, señala el documento.
En el dictamen la ASF aclaró que todas las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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