Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
“La basura de ustedes es el sustento de nosotros”, dice José Cruz, pepenador que, para poder sustentar su hogar, lleva más de cuatro años “peleando” por la basura que los saltillenses desechan.
En 2019 José y alrededor de 50 familias más que viven de la pepena se quedaron sin trabajo debido a que el Sindicato de Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (la CROC) y el municipio de Saltillo les prohibieron la entrada libre al relleno sanitario de la ciudad.
Los pepenadores denunciaron que esta situación se debe a malas prácticas y corrupción de autoridades municipales, entre ellos el director de Servicios Primarios, Alejandro Hassaf Tobías, el regidor Alberto Morales Núñez y la representante del relleno sanitario María del Carmen Moreno Corra.
“A”, madre de familia y quien también se dedica a la pepena desde hace 18 años, expresa que las condiciones de trabajo se han vuelto más difíciles, pues constantemente tienen que “estar peleando” para poder tener acceso a su trabajo.
“Nos corrió la CROC amparada en un oficio (de las autoridades) que dice que yo no puedo pasar de la caseta hacia adentro, y me lo entregó el señor Luis Alejandro Hassaf”, declara José Cruz.
Entre las malas prácticas que denuncian los más de 50 pepenadores está la remuneración injusta que se les ofrece a cambio del material que recolectan, pues la CROC tiene concesionada la compra de dichos materiales –plásticos, cartón, metales, botellas de vidrio—y les exige que le vendan al precio que ella establece, so pena de sanciones.
“Es una explotación enorme. Si yo junto un costal de 50 kilos del que afuera voy a sacar 400 pesos, aquí te pagan 150 pesos, pero lo tienes que dejar por 150, o sea la ganancia es mínima”, agrega José.
Debido a los precios injustos, los pepenadores decidieron dejar de venderle a la CROC y salirse del sindicato, y como resultado les prohibieron la entrada al tiradero.
También denuncian que CROC los obligaba a aportar cuotas y les quitaba ayudas, a pesar de que no “percibían lo justo”.
“Y aquí todavía venimos a trabajar y no tenemos ningún amparo del sindicato, ni medicamentos, ni atención médica”, puntualiza Cruz.
Subraya que todo comenzó en 2019, cuando Manolo Jiménez inició su gestión como alcalde de Saltillo, y le “dio manos libres” a quienes les prohibieron la entrada al vertedero de basura “debido a la cantidad de votos que el sindicato genera y porque tiene un compromiso electoral”.
ADULTOS MAYORES, EXCLUIDOS
Ante esta situación el grupo de pepenadores comenzó a realizar diversas protestas pacíficas frente al Palacio Municipal de Saltillo, y el Palacio de Gobierno del Estado en busca de una respuesta y solución por parte de las autoridades municipales.
Expusieron que durante la administración municipal de Manolo Jiménez “nunca les resolvieron nada”, y hasta la actual administración de José María Fraustro no han recibido una respuesta favorable.
Después de diversas manifestaciones únicamente consiguieron acceso a un área que representa entre el 12% y 15% de basura total del vertedero. Para “evitar problemas” dicha área se encuentra aparte de la que tienen acceso los trabajadores sindicalizados de la CROC.
Expresaron que el municipio de Saltillo les ha tratado de proporcionar un empleo temporal a los pepenadores que se quedaron sin trabajo. Sin embargo, excluyen a los adultos mayores que forman parte del grupo.
“Entre las 50 personas traemos a diez o doce adultos mayores, y el municipio nos quiere proporcionar un empleo temporal en el que nos quieren dar 700 pesos al mes, pero excluyendo a todos nuestros adultos mayores, porque no saben leer, no saben escribir y no pueden andar todo el día caminando”, expresa José.
“A nuestros adultos mayores los están dejando totalmente desprotegidos, entonces como unión o para todo o para nadie”, agrega “A”.
REPRESIÓN MUNICIPAL
El pasado 27 de marzo, unos 50 pepenadores llevaron a cabo una protesta pacífica frente al Palacio del Gobierno del Estado, en la que exigían apoyo alimentario al Municipio de Saltillo, además de respeto hacia el ejercicio de su trabajo como pepenadores y seguridad laboral.
A pesar de que la protesta fue pacífica, los manifestantes fueron reprimidos y sometidos a la violencia por cerca de 30 elementos de la policía estatal y municipal.
Mujeres, hombres y personas de la tercera edad fueron agredidos a golpes y empujones por autoridades municipales y estatales, y los pepenadores José Cruz, quien presentaba heridas en su brazo provocadas por los elementos policiacos, y Apolinar Valdés García, fueron detenidos sin razón aparente.
Según declaraciones de José Cruz, los elementos policiacos “llevaban órdenes de retirarlos a como diera lugar”.
Mencionan que anteriormente y en diversas ocasiones las autoridades los habían reprimido. Sin embargo, solamente habían llegado a amenazas y no al daño físico como sucedió en esta ocasión.
“Siempre hay represión, por parte del municipio, la señora María del Carmen acompañada de sus hijos y del sindicato la CROC (…) en varias ocasiones hemos sido amenazados, y si no haces lo que ellos quieren, pues te corren de tu trabajo”, señala V.
“Muchas cosas que desechan nosotros las reciclamos. Sartenes o roperos los tenemos en nuestra casa porque no tenemos las condiciones económicas para comprar unos nuevos. De aquí prácticamente nos llevamos el sustento para la casa. Eso es lo que no ve el alcalde, o sea, ya no lo hagas por empatía, hazlo por humanidad”, finaliza José Cruz.
Ante la represión durante la manifestación y los daños físicos provocados por la autoridad, los manifestantes interpusieron dos quejas: la primera ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y la segunda en la Fiscalía General del Estado.
“Nos preguntaron qué era lo que queríamos como castigo para estos policías, yo digo que no debería de ser un castigo debería de ser una destitución”, puntualiza “A”.
El lunes 3 de abril, durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada de Morena Lizbeth Ogazón presentó un punto de acuerdo en el que solicitó de manera urgente y con obvia resolución la atención de la situación en la que se encuentran los pepenadores. Sin embargo, dicho punto de acuerdo tuvo 13 votos en contra y siete a favor.
El Coahuilense buscó a las autoridades municipales –en particular al director de Servicios Primarios Alejandro Hassaf– para que ofrecieran su versión sobre los señalamientos que hacen los pepenadores. Sin embargo, al cierre de edición no ofrecieron respuesta alguna.
De conformidad con el punto de acuerdo presentado por Ogazón, el Ayuntamiento de Saltillo indicó que esta disputa se va a resolver con la apertura de la sexta fosa del vertedero, obra cuya conclusión estaba prevista en noviembre de 2021 y que a la fecha no se ha terminado.
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