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Por Ana Castañuela y Ethel Arredondo
La Procuraduría General de Justicia del Estado (FGE) desechó la primera demanda por responsabilidad patrimonial en Coahuila derivada de un caso de desaparición del cuerpo de una víctima de asesinato.
El pasado 13 de octubre Marcela Balderas –madre de Cosme Alarcón Balderas, joven de 16 años que fue asesinado en 2011– presentó una demanda contra la FGE a la que acusa de omisiones e irregularidades que ocasionaron la pérdida del cuerpo de su hijo.
Con apoyo de Laura Rodríguez, abogada del Centro por los Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Marcela busca que la Fiscalía asuma su responsabilidad y repare de manera integral el daño que le ocasionó a su patrimonio y a su salud.
Sin embargo, el 20 de octubre la FGE desechó la demanda bajo el argumento de que la institución no cuenta con una unidad específica para resolver ese tipo de demanda.
Búsqueda inalcanzable
El 5 de mayo de 2011 Cosme Humberto Alarcón Balderas, de 16 años, desapareció en Torreón, Coahuila.
Su madre, Marcela Balderas, acordó verse con él ese día en la tienda departamental Soriana Oriente, pero Cosme no llegó. Un día después Marcela presentó una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, delegación Torreón.
Funcionarios de la Fiscalía revictimizaron a Marcela, pues cuando ella reportó la desaparición de Cosme la acusaron de maltrato contra de su hijo y le hicieron comentarios como “seguramente se fue con una noviecilla” o “anda de vago, porque así son los muchachos”. Le hicieron creer que Cosme estaba vivo, pero que no quería regresar a su casa.
Debido a diversas omisiones y errores por parte de la autoridad encargada del caso fue hasta 2018 que Marcela Balderas se enteró que Cosme había sido asesinado el mismo día de su desaparición: el 5 de mayo de 2011.
En 2016, el ministerio público informó a Marcela sobre la investigación de un cuerpo localizado en “Puente Plateado” ese día de mayo de 2011. El cuerpo presuntamente coincidía con los rasgos físicos de su hijo y con las características de su vestimenta: tenis negros, calcetines cafés y bóxer rojo con elástico gris.
Marcela solicitó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas ver el expediente para corroborar que era su hijo, pero se lo negaron, pues –comenta ella– “lo traían perdido” junto con las fotografías de la autopsia.
La carpeta de averiguación previa y las fotografías fueron localizadas hasta 2018. Debido a las coincidencias con la vestimenta de Cosme, Marcela identificó que se trataba del cuerpo de su hijo, quien fue asesinado por tres impactos de bala.
La madre de Cosme pidió al Ministerio Público Federal que analizara una ojiva de bala que fue extraída del cráneo de Cosme y que aún tenía sangre para hacer una prueba de ADN y comprobar que era su hijo. El resultado fue de 99.9 % de coincidencia con el ADN de Marcela.
La Fiscalía realizó diversas exhumaciones para localizar el cuerpo de Cosme que el 10 de mayo de 2011 fue trasladado del Semefo al Panteón Municipal de Torreón. Sin embargo, no lograron localizarlo.
Los familiares de Cosme Balderas pidieron a la Fiscalía que hiciera exhumaciones masivas y en partes específicas del panteón para localizar el cuerpo.
De 2021 a la fecha se han exhumado más de mil cuerpos y se está en espera de que diversas escuelas de medicina y odontología analicen más de 10 mil 361 restos y osamentas que les han entregado, pues, a 12 años de la desaparición no han logrado encontrar el cuerpo de Cosme.
Derivado de la revictimización, omisiones y errores por parte de la Fiscalía y por la búsqueda inalcanzable del cuerpo de Cosme, Marcela enfermó de fibromialgia, diabetes e hipertensión, y al igual que su hija, sufre de depresión severa.
Esto dio pie a la demanda que Marcela interpuso el pasado 13 de octubre con ayuda del Centro por los Derechos Humanos Juan Fray de Larios contra la FGE por responsabilidad patrimonial ante la desaparición del cuerpo de Cosme.
Con la entrega de la demanda el siguiente paso era esperar a que la fiscalía declarara la admisión o inadmisión de la demanda para poder iniciar con el proceso, presentar pruebas y determinar la reparación del daño.
Sin embargo, el 20 de octubre la FGE notificó la demanda como “no ha lugar” bajo el argumento de que la Fiscalía no cuenta con alguna unidad específica para resolverla.
La negación de un derecho
Laura Rodríguez, abogada del Centro por los Derechos Humanos Juan Fray de Larios, y Enrique Martínez, coordinador del área de estrategias de litigio de esta organización, consideran que la decisión es un elemento erróneo en la interpretación de la ley.
Explican que el argumento que da la Fiscalía para desechar la demanda no es válido, pues existe un área de responsabilidades, y a su vez, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza de 2019 los obligaba a tener o dotar de facultades a una unidad específica.
Por lo que la ausencia de la autoridad al no cumplir con lo que disponía la ley perjudica los derechos que tiene Marcela para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues le están negando el derecho a ser reparada integralmente.
“Esto nos habla de que las familias de personas desaparecidas han vivido una revictimización y que no pueden defenderse o no pueden ser reparadas en los daños que le generaron al no tener una investigación efectiva, y que cualquier persona sea violada en sus derechos y que merezca una reparación del daño por la fiscalía no la va a tener, porque la fiscalía no tiene y no previó el tener esta unidad para ejercer una ley que tiene varios años de haberse aprobado”, expresó Laura Rodríguez.
Por ello, en los próximos días los abogados tomarán acciones legales pertinentes para retomar la demanda. Pretenden que la Fiscalía se haga responsable por la pérdida del cuerpo de Cosme y por las afectaciones que han generado a Marcela.
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