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Por Katya González
En Coahuila los aspirantes a la gubernatura en las elecciones de este año aseguran no tener la necesidad de esconder lo que han obtenido de “manera honesta”, por lo que han presentado voluntariamente sus respectivas declaraciones patrimoniales. Sin embargo, la riqueza de quienes aspiran a gobernar el estado de Coahuila es opaca.
El pasado 14 de enero cuatro miembros de la élite coahuilense, con ligas personales o familiares con la clase política y que ostentan un enorme poder, fueron designados por sus respectivos partidos políticos como precandidatos a la gubernatura del estado.
Los abanderados: Armando Guadiana por Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Mejía por el Partido del Trabajo (PT); Manolo Jiménez por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Lenin Pérez por la coalición Unidad Democrática de Coahuila (UCD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Todos ellos son reconocidos coahuilenses que tienen en común la realización de sus carreras políticas a partir del legado obtenido de sus antepasados. En el marco del proceso electoral por la gubernatura del estado, El Coahuilense realizó consultas en el Registro Público de Comercio, la Plataforma Nacional de Transparencia y el sistema DeclaraNet de la Secretaría de Función Pública, a fin de conocer el estatus económico de los cuatro abanderados.
La comparación de las últimas declaraciones patrimoniales de los aspirantes dejó al descubierto la disminución financiera que registraron conforme se acercaba el inicio de la contienda.
Tras entrar en vigor la iniciativa tres de tres, en 2017, impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los candidatos a cargos de elección popular tienen la obligación de publicar voluntariamente la declaración patrimonial, la declaración de intereses y el comprobante de pago de impuestos.
La publicación de estos tres documentos permitirá a la ciudadanía medir con cifras las riquezas de los abanderados, o al menos una parte de ella. Sin embargo, dicha iniciativa sigue pendiente en Coahuila, pues algunos de los aspirantes han presentado la información sin transparencia alguna, o bien, aún no la han exhibido.
GUADIANA, MILLONARIO “EMPOBRECIDO”
Santana Armando Guadiana Tijerina, político y empresario carbonero considerado como uno de los hombres más ricos de Coahuila es el abanderado de Morena, que durante la Cuarta Transformación se volvió pobre. Guadiana fue presidente del club de béisbol Saraperos de Saltillo por más de diez años; miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y consejero de la Cámara Minera de México.
Además, fungió como director general de Catastro del Estado, fue diputado local de la X Legislatura en el Congreso local y senador de Morena por Coahuila. En 2017 compitió por la gubernatura del estado. Fue derrotado por Miguel Ángel Riquelme Solís y ahora –de cara a las elecciones de 2023– aspira nuevamente a ser candidato a gobernador de la entidad.
En 2021 el empresario minero declaró una única remuneración anual proveniente de su cargo como senador de la República: 478 mil 237 pesos, a pesar de aparecer en el Registro Público de Comercio como accionista y socio activo de 16 empresas, de las cuales seis son de giro minero: Compañía Minera Ameca, Compañía Minera Caopas, Compañía Agrícola el Guayacán, Exploraciones Río Álamos, Minera Aranzazu y Minera Macocozac. Tres más están dedicadas al servicio inmobiliario: Inmobiliaria del Valle de Coahuila, Promotora Inmobiliaria el Pilar e Inmobiliaria Guman.
Y el resto de las empresas son Real Saltillo Soccer, Promociones y Espectáculos Zapalinamé, Materiales y Triturados el Pilar, Fabricaciones Mecánicas de Saltillo, Internacional Labor Mobility, Battery Maz y Materiales Industrializados.
Además, en ese mismo año Guadiana declaró ser propietario de 14 terrenos obtenidos entre 2004 y 2014, así como de dos remolques ganaderos, de los cuales no proporcionó el valor de adquisición.
En el mismo año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló la investigación Pandora Papers que expuso cuentas secretas en paraísos fiscales, entre los que figuraban miles de mexicanos, de los cuales 41 de ellos transfirieron alrededor de 480 millones de dólares a jurisdicciones offshore.
Uno de ellos es Armando Guadiana, quien tras verse expuesto solicitó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) auditar los recursos destinados a las universidades de todo el país, para que, de esta manera, se evitaran irregularidades.
El político coahuilense dijo tener una fortuna de 28 millones de dólares, la cual no se encuentra en sus declaraciones patrimoniales del 2021 y trató de justificarse explicando que se trataba de un error de sus contadores. “Me atonté en el asunto de DeclaraNet”, aseveró. La investigación arrojó que el actual abanderado de Morena controlaba una sociedad de papel en BVI denominada Atlantic Industries Internacional Limited, mediante el fideicomiso The Hawaii Trust.
Al realizar el registro de la offshore, reportó ingresos por 600 mil dólares, equivalente a 12 millones 300 mil pesos, así como de 28 millones de dólares; es decir, más de 572 millones de pesos divididos entre mineras, inversiones y propiedades.
En la declaración patrimonial de modificación presentada el 31 de mayo de 2022, Guadiana Tijerina dijo obtener, nuevamente, una única remuneración económica anual proveniente de su cargo público por 822 mil 78 pesos.
Alberto Hurtado, consejero estatal de Morena y colaborador del precandidato, aseguró que al llevar a cabo la declaración del 2021 el abogado de Guadiana entendió mal la pregunta que se plantea en el formato de dicha declaración: interpretó que no tenía interés y lo confundió con conflicto de interés.
Señaló que, al percatarse de la situación, subsanaron la declaración: presentaron notas aclaratorias a la Contraloría del Senado. Se trató, dijo, de un escrito libre en el que se desglosan las propiedades.
Sobre los 28 millones de dólares expuestos en Pandora Papers, Hurtado explicó que Guadiana no tenía la obligación de registrarlos en la declaración de 2021, puesto que no fungía como funcionario público y cuando empezó a declarar ya no contaba con ese patrimonio.
Respecto de la declaración de mayo de 2022 explicó que no figuran ingresos, propiedades y participación en empresas dado que es una declaración de modificación y, como tal, sólo son anotadas las modificaciones en el patrimonio.
Aseguró que en las declaraciones que presentaron ante el Senado de la República se registró la participación de Guadiana en las empresas, así como en el formulario de registro entregado a Morena el pasado 13 de enero para la precandidatura en Coahuila.
Alberto Hurtado indicó que a finales de abril se hará pública la declaración de conclusión del 2022, en donde, asegura, figuran los bienes, propiedades, empresas e ingresos de Guadiana Tijerina. “No estamos ocultando información, en su declaración se presentó todo”, finalizó.
MANOLO JIMÉNEZ, EL SOCIO INMOBILIARIO
El exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, abanderado del PRI, posee una gran herencia política y económica. El aspirante priísta ha consolidado su carrera política en la capital del estado, en donde inició como regidor, para después ocupar la diputación local por el Distrito III y llegar a la alcaldía, puesto en el cual se reeligió.
Durante el sexenio de Miguel Ángel Riquelme fungió como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, cargo al que renunció para contender por la gubernatura de Coahuila en 2023.
Jiménez incursionó desde su juventud en el sector inmobiliario como socio de Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios Dimasa, así como en JISA bienes Raíces, empresas cuyos propietarios son sus padres, Manuel Jiménez, también dueño de Jiménez Bienes Raíces, y Liliana Salinas Valdés, hija del extinto Luis Horacio Salinas Aguilera, exalcalde de Saltillo, líder estatal del PRI, exdirector de Productividad Rural y propietario de un reconocido medio de comunicación, así como de Bosques de Monterreal.
Al término de su administración en 2021, Manolo Jiménez se posicionó en el segundo lugar de la encuesta “alcaldes de México”, elaborada por la firma Mitofsky, que lo colocó entre los mejores alcaldes del país.
En la declaración que Jiménez presentó en febrero del 2022 –que corresponde a sus propiedades e ingresos de 2021– declaró una remuneración anual de un millón 181 mil 200 pesos provenientes de su cargo como funcionario público y 39 mil de otras fuentes.
También señaló que obtuvo 438 mil 961 pesos de JISA, 548 mil 591 pesos de distribuidora JACE, 647 mil 500 pesos por enajenación de bienes y 2 millones 319 mil pesos por concepto de pago de préstamo, por lo que registró un ingreso anual total de 5 millones 135 mil pesos.
En el documento figuran dos casas con valor de un millón 31 mil 200 pesos, así como tres terrenos valuados en 2 millones 662 mil pesos. (En su declaración previa de mayo de 2021, había anotado cinco terrenos con valor de 5 millones 411 mil pesos).
Agregó ser socio de JISA Bienes Raíces y de Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios Dimasa, de las cuales posee 15% y 50% de las acciones, respectivamente. Sin embargo, asentó no obtener remuneración económica de las empresas.
El pasado 11 de enero, presentó su declaración patrimonial, donde señaló haber recibido una única remuneración durante el periodo del 1 al el 9 de enero (fecha en que concluyó su cargo como funcionario), por 83 mil 713 pesos.
En el documento figuran las cinco propiedades mencionadas en la última declaración presentada: tres terrenos y dos casas con un valor total de 3 millones 693 mil pesos.
Señaló tener un ingreso anual de un millón 109 mil pesos por concepto de sueldo por su cargo público, y 402 mil 670 pesos por JISA; es decir, un ingreso total de un millón 512 mil pesos.
No se encuentran declarados ingresos por distribuidora JACE, empresa de la cual obtuvo remuneración económica en los dos años anteriores. Nuevamente, señaló ser accionista de las empresas Jisa y Dimasa.
Tras realizar una consulta en el Registro Público de Comercio, Jiménez Salinas figura como accionista y socio activo de Grupo Motoi, empresa de rubro publicitario constituida en el 2005, de la cual es poseedor del 50% de las acciones y no aparece en sus últimas declaraciones. La reportera solicitó en reiteradas ocasiones la posición del aspirante priísta, no obstante, no hubo respuesta alguna.
MEJÍA, UN SOLO INGRESO Y MUCHOS GASTOS
Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, el inesperado abanderado del Partido del Trabajo (PT), fue designado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2018, puesto en el que se desempeñó hasta el pasado 13 de enero.
Mejía Berdeja cuenta con un amplio historial de transfuguismo político: se desempeñó como consejero político del PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC). También fue diputado federal de MC por el estado de Guerrero y diputado local del PRI en el estado de Coahuila.
En su declaración patrimonial de 2020, Mejía Berdeja señaló tener un ingreso económico anual neto de un millón 770 mil pesos, suma compuesta por su salario como funcionario público y por enajenación de bienes.
Declaró poseer un terreno con valor a 100 mil pesos, así como un menaje de casa con un valor de 315 mil pesos y dos vehículos Chevrolet modelo 2010 y 2012, con un valor de 350 mil y 950 mil pesos, respectivamente.
En 2021 Mejía declaró ingresos por un millón 668 mil pesos, entre su salario y enajenación de bienes, así como la posesión del terreno antes declarado y de dos vehículos: un Chevrolet 2010 mencionado en la declaración anterior y un BMW con valor de un millón 49 mil pesos, adquirido en 2020.
Su última declaración presentada en 2022 mostró un único ingreso anual de un millón 598 mil 275 pesos provenientes solamente de su cargo público. Así mismo, figuran el terreno, el vehículo BMW y el menaje de casa, mencionados en su declaración anterior.
En marzo de 2022 Mejía solicitó una licencia para separarse de su cargo con el propósito de promover la participación ciudadana en la votación para la revocación de mandato en Coahuila, por lo que visitó los municipios coahuilenses. A partir de su visita, se le vio en repetidas ocasiones en territorio coahuilense. Además, realizó eventos en los municipios de Francisco I. Madero en el mes de junio, en Sabinas en el mes de julio, en Torreón en octubre y en Saltillo en noviembre.
Desde julio, cuando Morena desarrollaba el proceso de selección interna para la coordinación estatal en Coahuila, aproximadamente 200 espectaculares con el rostro de Mejía Berdeja aparecieron en distintos puntos de la capital, así como en otros municipios de la entidad. Ante el señalamiento de actos anticipados de campaña, el entonces subsecretario de Seguridad argumentó que se trataba de publicidad financiada por un medio de comunicación impreso.
El domingo 4 de diciembre, aproximadamente 7 mil personas, movilizadas en camionetas y camiones provenientes de Acuña, Nadadores, Torreón, la Región Carbonífera y distintos puntos de Saltillo, se concentraron en el centro de la capital para mostrar su apoyo a Mejía Berdeja.
Un día después, en una reunión con integrantes de su equipo, Mejía admitió que las actividades de posicionamiento de su nombre e imagen, como marchas y espectaculares, fueron realizadas con su autorización: “…Ustedes han visto que por nosotros no ha quedado, con espectaculares, redes sociales, en mensajes de texto, llamadas, pero lo más importante de todo y lo que complementa el trabajo político es el trabajo que ustedes hacen todos los días a todas horas”, declaró cuando hablaba sobre la segunda encuesta de Morena que definiría quién sería el coordinador de la 4T en Coahuila.
Al buscar la posición de Mejía sobre la cobertura de los gastos de las actividades realizadas durante el 2022, una integrante de su equipo dijo desconocer la manera en que se cubrieron los costos de eventos, viajes, acarreos y espectaculares.
Sobre los espectaculares explicó que evidentemente se publicaron con la autorización de Ricardo Mejía, sin embargo, agregó que en la comercialización de los mismos no correspondió al abanderado del PT costearlos o autorizarlos, pues señaló que el medio de comunicación fue el que dio difusión al número que contiene la entrevista con él.
Sobre los avistamientos de Mejía en Coahuila, desconoció cuántos viajes realizó al estado, así como sus costos de transportación, aunque aseguró que fueron cubiertos por él.
Respecto a los eventos realizados durante el 2022, tampoco supo explicar la manera en la que se costearon los camiones y camionetas utilizados por los asistentes.
“Tendríamos que investigar con quienes aportaron para la movilización de las personas. La verdad no tengo la información concreta de quién y cómo se pagó, ni las empresas que se contrataron, sí se contrataron empresas… la verdad no lo sé. Sería cuestión de cada grupo de personas que se hayan movilizado de cada localidad”, explicó.
PÉREZ RIVERA, HERENCIA POLÍTICA
Evaristo Lenin Pérez Rivera, abanderado de la coalición de UDC-PVEM, ha sido en tres ocasiones presidente municipal de Ciudad Acuña, Coahuila, y fue diputado federal en el periodo de 2018 a 2021.
Pérez Rivera es hijo de Evaristo Pérez Arreola, exdirigente y fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), expresidente municipal de Ciudad Acuña, diputado federal por el Partido Comunista Mexicano (PCM) y diputado local en Coahuila por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), además de fungir como asesor político del expresidente Carlos Salinas de Gortari y apoyar la campaña presidencial de Vicente Fox.
En la declaración patrimonial de 2020, Pérez Rivera señaló que obtenía un ingreso de 5 millones 673 mil pesos de los cuales, 4 millones 201 mil pesos son provenientes de Palms Hotel, ubicado en Ciudad Acuña, el cual se encuentra registrado bajo su nombre como persona física con actividad empresarial, ubicándolo como único propietario del establecimiento.
El resto de su ingreso corresponde a su salario como funcionario público. Además, señaló ser propietario de una casa con valor de 4 millones 500 mil pesos, dos terrenos con valor de 450 mil pesos y dos locales comerciales de 826 mil pesos y 700 mil pesos, respectivamente.
En 2021 registró tener un ingreso de un millón 476 mil pesos provenientes de su salario como diputado y la misma remuneración registrada el año anterior (4 millones 201 mil pesos) provenientes de Palms Hotel, lo que suma un ingreso de 5 millones 677 mil pesos netos anuales.
Así mismo, declaró poseer una casa, dos terrenos y dos locales comerciales, también declarados el año anterior, así como un automóvil Volvo con un valor de 659 mil pesos.
En 2022 declaró un ingreso de 981 mil 313 pesos por el concepto de salario y 3 millones 500 mil pesos provenientes del Palms Hotel, lo que representa un ingreso total anual de 4 millones 481 mil pesos. Además asentó los bienes ya declarados en 2021: una casa, dos terrenos, dos locales comerciales y un vehículo.
Tras realizar una consulta en el Registro Público de Comercio, Pérez Rivera figura como accionista minoritario, con 10 acciones, de Operadora Libramiento de Acuña, empresa dedicada a la comercialización de aceites lubricantes, gasolina y diésel suministrados por Pemex refinación.
Al cuestionársele sobre la ausencia de dichas acciones en sus últimas declaraciones, Lenin Pérez aseguró desconocer que se encuentra como socio activo de la operadora y negó tener algún tipo de acciones en dicha empresa.
“Es la primera vez que lo escucho. No pertenezco a ninguna sociedad anónima, ni asociación civil con fines de lucro. La única actividad comercial que tengo es lo que se encuentra en mis declaraciones: la renta de unos locales y la actividad del hotel, más los ingresos que he tenido como legislador y que también están declarados. No soy miembro de esa empresa”, aseveró.
“Grave”, faltar a la verdad
El 1 de abril culminará la resolución de las candidaturas para la gubernatura de Coahuila, dando a conocer quiénes serán los representantes definitivos que se enfrentarán en las urnas el próximo 4 de junio.
Sin embargo, el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que faltar a la veracidad de sus declaraciones patrimoniales es considerada una falta administrativa grave.
Así mismo, el artículo 78 de la misma ley menciona que éstas son sancionadas con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión, sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.
