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El Gobierno estatal enfrenta una posible pérdida de ingresos significativa luego de que el Senado prohibiera a las empresas solicitar la Constancia de No Antecedentes Penales a los aspirantes a un puesto de trabajo.
Esta medida podría traducirse en una reducción de más de un millón y medio de pesos al mes para el estado, dada la emisión diaria promedio de 300 de estos documentos.
Hasta la fecha, el trámite para obtener la constancia continúa estando disponible de manera digital, con un costo de 185 pesos por solicitante.
Sin embargo, es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) la entidad encargada de proporcionar la información requerida para su obtención.
Históricamente, este documento ha sido un requisito primordial, en especial para los hombres, que las industrias y centros de trabajo solicitaban para garantizar que el aspirante no hubiera sido ingresado previamente en una institución penitenciaria por la comisión de algún delito.
Con la nueva disposición del Senado, se plantea un reto económico para el Gobierno estatal, al tener que adaptarse a este cambio y buscar alternativas para compensar la posible disminución en la recaudación.
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