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El PRI y el PVEM propusieron reformas al Código Electoral de Coahuila. Estas reformas implican que las personas condenadas por delitos, infracciones o declaraciones de violencia de género contra mujeres podrían enfrentar multas superiores a 500 mil pesos, en lugar de recibir solo una amonestación pública. Además, esto podría resultar en la inelegibilidad y suspensión de los derechos político-electorales, incluido el derecho a ser votado.
Estas enmiendas establecen un Capítulo Tercero titulado «Afectación a los derechos político-electorales por violencia contra las mujeres en razón de género». Las sanciones económicas propuestas varían de una a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivaldría a un máximo de 518,700 pesos.
La inelegibilidad duraría según lo establecido en el Registro Nacional para Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en asuntos electorales, la extinción de la sanción penal en asuntos penales (no menos de tres años), y el plazo determinado por el Tribunal Electoral en asuntos familiares, civiles o laborales, una vez presentada la solicitud de inelegibilidad.
Cualquier persona podría solicitar la inelegibilidad a través de un juicio electoral o de protección de derechos político-electorales, garantizando el derecho a la audiencia.
Las reformas también prohíben que las personas sancionadas por diversos motivos, incluida la violencia política contra las mujeres en razón de género, sean candidatas o candidatos independientes. Además, se prohíbe calumniar a otras personas aspirantes y recopilar firmas falsas en el apoyo ciudadano. Las infracciones serían sancionadas con multas y la suspensión de los derechos político-electorales.
En casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, la autoridad competente podría ordenar la suspensión inmediata de la difusión de propaganda y asignar tiempos en radio y televisión a cargo de las prerrogativas de la candidatura independiente infractora, quien deberá ofrecer disculpas públicas para reparar el daño.
Estas reformas también permitirían la instrucción de un procedimiento especial sancionador por conductas que afecten los fines del sufragio, elecciones libres o el gobierno representativo, así como en casos relacionados con violencia política de género, tanto dentro como fuera de los procesos electorales.
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