Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Tras el aumento en la estadística en el consumo de drogas y diversos casos de anexos clandestinos en el estado, el diputado del Verde, Jorge Valdés Flores, presentó una iniciativa con Proyecto Decreto mediante la que crea la Ley de Prevención, Tratamiento, Funcionamiento y Control de las Adicciones para Coahuila. Con ella busca regular y definir el tratamiento y la atención de las adicciones en el Estado.
Esta Ley define las disposiciones generales a seguir, la distribución de competencias divididas en disposiciones generales, lo facultado al gobierno del Estado y a la Secretaría de salud en materia de prevención, concurrencia, materia de rehabilitación y las facultades como estado y municipio en conjunto.
Además de la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, lo definido como programa de adicciones contra la farmacodependencia, lo establecido en el Programa Nacional y Tratamiento, y las facultades del Consejo Estatal.
En el documento se establece cómo debe ser la construcción de los centros de tratamiento de adicciones, su funcionamiento, su verificación, supervisión y seguimiento. Se faculta también a la Secretaría de Salud para clausurar y suspender a quienes no cumplan con los requisitos necesarios.
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“Consideramos importante definir disposiciones generales de sanciones, señalando una imposición de medida de seguridad de manera preventiva con el fin de señalar la falta y corregirla”, expresó Jorge Valdés.
Explicó que se adicionó un apartado para que los centros de atención de este tipo que se encuentren en funciones se ajusten y cumplan con lo definido en el ordenamiento legal, y que los nuevos registros cumplan desde su inicio con lo definido en la ley.
“El tratamiento se debe llevar a cabo de una manera digna y eficiente, es decir cuidando los derechos fundamentales del paciente y que sea llevado por especialistas en la materia”, expuso.
Entre las facultades que se les otorgan a los organismos de Seguridad Pública y Fiscalías está la integración de una base de datos de los usuarios que se encuentran internados en los establecimientos de atención de adicciones mediante una comparecencia al Ministerio Público de su localidad, y se informará a dicha autoridad sobre el egreso de la persona.
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Esto con el fin de que la Fiscalía cuente con una base de datos que permita ubicar a las personas, y que su internamiento no sea considerado como una privación ilegal de la libertad.
“Si la Fiscalía del Estado cuenta con un padrón real, no como el de ahorita, y tiene datos exactos es muy fácil trabajar, y nos da la garantía de que no se le violó los derechos fundamentales a algún paciente”, aseveró.
“Una vez que sea llevado a buen puerto esta iniciativa es importante que no dejemos de involucrados como sociedad y autoridades porque está bien, ya está la ley, quedó muy bien, pero si no hay una supervisión, empezando por familiares y autoridades primeras respondientes esto no nos va a servir de mucho”, finalizó.
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