Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Tras el incremento de casos de acoso y hostigamiento sexual en centros de trabajo y la incorrecta atención de los casos en el Estado, el Congreso de Coahuila aprobó el dictamen por el que se reforman diversas leyes en la materia para atender de forma eficaz y con perspectiva de género las denuncias.
Las reformas son a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila y el Código Municipal para el Estado.
Entre las modificaciones más significativas destaca la actualización del concepto de violencia laboral, con el fin de proporcionar una definición más amplia y precisa que permita identificar y sancionar conductas como el acoso y hostigamiento sexual.
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Además, establece responsabilidades específicas para gobiernos estatales y municipales, incluyendo la elaboración de un informe anual sobre los casos de acoso y hostigamiento sexual con el fin de hacer un diagnóstico de la problemática y a su vez, generar políticas públicas eficientes.
A la par, se otorgan nuevas atribuciones a la Secretaría del Trabajo, enfocadas en la supervisión y atención de los casos, y la implementación de programas de capacitación y protocolos de actuación que garanticen una respuesta adecuada y oportuna.
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Por otra parte, en los Estatutos Jurídicos y el Código Municipal se incorpora una fracción que establece como causal de cese la comisión de actos de acoso y hostigamiento sexual, y se incluye la adición de un capítulo dedicado a los protocolos de actuación, en el que se establecen los lineamientos específicos para garantizar que los casos se atiendan con un enfoque de perspectiva de género.
Según el documento legislativo, el proyecto de reforma fue posible gracias a la participación de diversas instituciones y organismos, entre ellos la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Secretaría del Trabajo, representantes del Poder Judicial en materia laboral e integrantes del Congreso del Estado.
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